Month: September 2025

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SANTIAGO – El abogado José Martínez Brito, representante legal de la joven de 21 años víctima de violación grupal en Villa González, denunció este miércoles el fuerte deterioro emocional que atraviesa su defendida tras el brutal ataque. Según el jurista, la joven enfrenta sentimientos profundos de vergüenza y trauma, lo que ha afectado significativamente su bienestar psicológico.

Martínez Brito enfatizó que la víctima no desea ofrecer declaraciones públicas ni que su imagen siga circulando en redes sociales, ya que necesita resguardar su intimidad para iniciar un proceso de recuperación. “Se encuentra destruida en términos nerviosos y requiere un ambiente seguro para poder superar esta situación”, declaró el abogado.

La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los seis imputados fue aplazada para el próximo 12 de septiembre. Martínez Brito agregó que, hasta el momento, algunos de los acusados no han mostrado señales de arrepentimiento por el hecho, lo que mantiene a la familia de la víctima en un estado de profunda preocupación.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la protección de la joven y de acelerar las investigaciones para que los responsables enfrenten la justicia. Mientras tanto, organizaciones de derechos de la mujer han solicitado medidas estrictas para proteger a la víctima y evitar la difusión de su identidad en medios y plataformas digitales.

El abogado Martínez Brito también destacó la importancia de que los medios de comunicación y la ciudadanía respeten la privacidad de la joven, evitando especulaciones o divulgación de detalles que puedan agravar su trauma. “Cada comentario o imagen compartida públicamente aumenta el daño psicológico que ella ya está sufriendo”, advirtió.

Asimismo, organizaciones locales han ofrecido apoyo psicológico y acompañamiento legal a la víctima y su familia, con el fin de asegurar que el proceso judicial se lleve a cabo con respeto y sin presiones externas. La comunidad ha mostrado muestras de solidaridad, mientras se espera que la audiencia de coerción se realice en la fecha programada.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles que podrían registrarse nuevos ataques contra embarcaciones relacionadas con el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, organizaciones venezolanas catalogadas por Washington como grupos narcoterroristas. Tras reunirse en México con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, Rubio defendió la política antidrogas del gobierno de Donald Trump y explicó que, aunque estos carteles han utilizado rutas marítimas por años, las incautaciones no afectan significativamente sus operaciones, ya que asumen las pérdidas como parte de su modelo económico.

El funcionario destacó que el enfoque actual se centra en impedir la operación de estas estructuras, a las que el presidente estadounidense declaró formalmente como narcoterroristas bajo la legislación de su país. Según Rubio, estos grupos operan en aguas internacionales con destino a Estados Unidos, y la administración Trump utilizará toda su fuerza para neutralizarlos. En ese sentido, subrayó que no habrá margen de impunidad, asegurando que los compromisos asumidos por el presidente con el pueblo norteamericano se cumplirán con medidas firmes contra estas organizaciones.

Santo Domingo. — Conductores que transitan por la Avenida Hípica denunciaron este miércoles la prolongada inactividad del puente que conecta la autopista Las Américas con la importante vía de la capital, pese a que su construcción está concluida desde hace más de un mes. El cierre del viaducto ha generado congestiones en la marginal, provocando molestias entre los usuarios que aseguran que la apertura aliviaría el caos vehicular.

“El puente lleva casi cuatro años sin funcionar y los tapones son interminables. Es un abuso mantenerlo cerrado cuando ya está listo”, expresó un conductor afectado. Actualmente, el paso a desnivel es usado como estacionamiento en ambos carriles, lo que aumenta los inconvenientes para los vecinos y transeúntes de sectores como Ciudad Juan Bosch, San Isidro y Quinto Centenario.

Los chóferes hacen un llamado urgente a las autoridades para habilitar el puente y garantizar un tránsito más ágil, reduciendo el consumo de combustible y los retrasos diarios que enfrentan miles de usuarios.

Los residentes de los sectores aledaños también han expresado su descontento, señalando que la falta de apertura del puente afecta directamente su calidad de vida y la movilidad cotidiana. Muchos se ven obligados a recorrer rutas más largas y congestionadas, aumentando el tiempo de traslado hacia sus trabajos, escuelas y centros de salud.

Además, comerciantes de la zona advirtieron que el cierre prolongado del viaducto impacta negativamente en sus negocios, ya que disminuye el flujo de clientes y dificulta la logística de transporte de mercancías. Algunos han pedido al gobierno implementar medidas temporales que faciliten el tránsito mientras se decide la apertura oficial del puente.

Autoridades municipales y del Ministerio de Obras Públicas aún no han ofrecido una fecha oficial para la habilitación del viaducto, lo que genera incertidumbre entre los ciudadanos. Mientras tanto, los conductores esperan que se priorice la apertura del puente como una solución inmediata a los congestionamientos que afectan diariamente a miles de personas en la capital.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció la intervención del Hospital Salvador B. Gautier con la ejecución de un plan integral de remozamiento y modernización que busca elevar la calidad de la atención médica en este centro de referencia nacional. La medida contempla una inversión superior a los 600 millones de pesos, destinados a rehabilitar áreas críticas y dotarlas de equipos actualizados.

Según explicó Lama, el proyecto surge tras un diagnóstico técnico que identificó necesidades urgentes en la infraestructura hospitalaria. Entre los trabajos programados se encuentran la reestructuración completa del área de emergencia para optimizar el flujo de pacientes, garantizar la bioseguridad y agilizar los tiempos de respuesta en la atención inmediata.

Asimismo, el bloque quirúrgico compuesto por 11 salas será sometido a un proceso de modernización que incluye climatización especializada, nueva iluminación quirúrgica, sistemas de gases medicinales y mobiliario clínico de última generación. Estas mejoras, destacó el titular del SNS, permitirán elevar los estándares de seguridad y eficiencia en los procedimientos médicos.

El Salvador B. Gautier, catalogado como uno de los hospitales de mayor complejidad del país, atiende a miles de pacientes cada mes, por lo que el remozamiento representa un paso clave en el fortalecimiento del sistema hospitalario nacional.

Además del área de emergencia y el bloque quirúrgico, el plan de intervención incluirá la modernización de servicios de laboratorio, imágenes médicas y unidades de cuidados intensivos, asegurando que todos los espacios cumplan con estándares internacionales de atención hospitalaria. Lama resaltó que estas acciones buscan garantizar una atención más rápida, segura y eficiente para los pacientes que acuden al centro.

El SNS también implementará un programa de capacitación continua para el personal médico y de enfermería, con el objetivo de mejorar la gestión hospitalaria y la calidad del servicio. Según las autoridades, los trabajos se ejecutarán sin afectar la operatividad del hospital, asegurando la continuidad de la atención a los pacientes durante todo el proceso de modernización.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) manifestaron este miércoles su rechazo al anteproyecto de ley que busca fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). Ambas organizaciones advirtieron que esta iniciativa representaría un retroceso institucional y pondría en riesgo la calidad y autonomía de la educación pública en todos sus niveles.

Los gremios aseguraron que la propuesta carece de estudios técnicos y de un proceso de consulta con los sectores educativos, por lo que la catalogaron como una medida improvisada. Además, denunciaron que el plan amenaza dos conquistas históricas de la sociedad dominicana: el 4% del PIB destinado a la educación preuniversitaria y el 5% del presupuesto nacional reservado para la educación superior.

En ese sentido, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que desista de introducir el proyecto al Congreso Nacional y, en su lugar, impulse un proceso de consulta y debate amplio que garantice la participación de todos los actores del sistema educativo.

Tanto la ADP como FAPROUASD reiteraron que la prioridad debe ser fortalecer las instituciones educativas existentes, respetando su autonomía, y no fusionarlas de manera que pueda afectar los avances alcanzados en materia de inversión y calidad educativa.

Los representantes de ambos gremios advirtieron que, de mantenerse la propuesta, estarían dispuestos a realizar movilizaciones y jornadas de protesta en defensa de la educación pública. “No vamos a permitir que se vulneren derechos conquistados con años de lucha y sacrificio de la sociedad dominicana”, expresaron en rueda de prensa.

Asimismo, insistieron en que la educación no debe ser utilizada como experimento político ni como plataforma para concentrar poder institucional. Según afirmaron, la verdadera transformación educativa requiere planificación a largo plazo, inversión sostenida y respeto a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de calidad y acceso.

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Santiago – Ricardo Reyna, abogado de los seis hombres acusados de la violación grupal contra una joven de 21 años en Villa González, acusó este miércoles al Ministerio Público de manipular y fragmentar los videos presentados como evidencia en el caso. Según el jurista, la suspensión de la audiencia para conocer la medida de coerción respondió a la necesidad de revisar a fondo las querellas y organizar la estrategia de defensa.

Reyna adelantó que en la próxima vista depositarán los audiovisuales completos relacionados con el hecho, los cuales —afirmó— ofrecen una versión distinta a la presentada por la Fiscalía. “Se requiere el tiempo necesario para garantizar el derecho a defensa y presentar las pruebas sin limitaciones, pues hasta ahora se ha tratado de mostrar solo una parte de lo ocurrido”, puntualizó.

El caso ha generado gran indignación en la opinión pública, luego de que circularan en redes sociales fragmentos del supuesto abuso, lo que provocó fuertes críticas y demandas de justicia por parte de colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos. La Fiscalía, por su parte, sostiene que existen pruebas suficientes para que se imponga prisión preventiva contra los imputados.

El aplazamiento de la audiencia fue fijado por el tribunal para los próximos días, en medio de estrictas medidas de seguridad debido a la tensión que ha generado el caso. Decenas de personas se presentaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago para exigir sanciones ejemplares contra los acusados.

Organizaciones feministas advirtieron que la estrategia de la defensa busca dilatar el proceso y revictimizar a la joven afectada, reiterando que los videos difundidos en redes sociales constituyen una violación adicional a sus derechos. Además, llamaron al Ministerio Público a mantener firme su acusación y a impedir que se manipule la percepción de la opinión pública.

En tanto, familiares y allegados de la víctima solicitaron protección especial, al denunciar presiones e intentos de intimidación para que retire la querella. “No vamos a claudicar, queremos justicia y que se imponga la pena máxima”, expresó una pariente de la joven tras concluir la jornada judicial.

El comunicador Alberto Vargas generó controversia al pronunciarse sobre la reciente redada policial en una supuesta fiesta de carácter sexual realizada en la Zona Colonial de Santo Domingo, en la que fueron detenidas 14 personas y posteriormente liberadas. Durante su intervención en el programa El Ritmo de la Mañana, Vargas criticó la “doble moral” de la sociedad dominicana y sostuvo que los encuentros de adultos no constituyen un delito siempre que no involucren trata de personas ni prostitución.

El presentador reveló que, tras el operativo del pasado 29 de agosto, los organizadores de este tipo de eventos han decidido cambiar de estrategia. “Las fiestas u orgías serán ahora en villas y la ubicación se dará tras el pago”, afirmó Vargas, en referencia a la modalidad privada que implementarán para evitar filtraciones y nuevas intervenciones de las autoridades.

La Policía Nacional había informado que el allanamiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial, luego de que circulara en redes sociales la convocatoria al evento con un costo de entrada de 800 pesos, que incluía shows, consumo de preservativos y lubricantes. Entre los detenidos estuvo el organizador identificado como Juan Luis de los Santos Polanco, de 33 años, quien quedó bajo investigación.

Vargas reiteró que lo que un grupo de adultos decida hacer en el ámbito privado no debe ser objeto de persecución ni escarnio público, y llamó a respetar la libertad individual. “La sociedad dominicana vive en una hipocresía constante; mientras señala con un dedo, con el otro hace cosas peores”, expresó.

El comunicador concluyó animando a los organizadores a continuar con sus actividades en espacios cerrados, asegurando que “la vida privada no puede ser regulada por la presión social ni por prejuicios”.

Las autoridades recordaron que, aunque la organización de encuentros privados entre adultos no constituye un delito en sí mismo, la Policía Nacional está facultada para intervenir cuando se sospeche de actividades relacionadas con trata de personas, proxenetismo o explotación sexual. En este sentido, insistieron en que los organizadores deben ser cautelosos para no incurrir en violaciones legales.

Mientras tanto, en redes sociales el tema ha dividido opiniones: unos defienden el derecho de cada quien a disfrutar de su intimidad como prefiera, mientras otros condenan lo que consideran un “atentado contra la moral”. Pese a las críticas, Alberto Vargas reafirmó que las fiestas continuarán, ahora bajo un modelo más selectivo y con mayores controles de seguridad.

La exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, fue arrestada este miércoles tras ser condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La orden de arresto fue ejecutada en La Vega por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, aunque no se han revelado los detalles específicos del operativo ni el lugar exacto de la captura.

Pilarte será trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, para cumplir la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia. La exlegisladora se entregó luego de que las fiscales Andri de los Santos y Soreli Jáquez realizaran un allanamiento en su residencia con autorización judicial.

El caso contra Pilarte fue ventilado bajo jurisdicción privilegiada por su condición de legisladora en funciones al momento de la investigación. La Suprema Corte de Justicia ratificó en mayo de 2024 la condena emitida previamente, decisión que adquirió la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

La sentencia también incluye el decomiso de bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos, considerados producto de operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico. Con esta medida, el Estado busca recuperar activos generados a través del esquema de lavado por el cual fue hallada culpable.

El arresto de Pilarte marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al tratarse de una figura política vinculada al partido oficialista. Las autoridades han resaltado que se trata de un paso firme en el compromiso de aplicar justicia sin importar rango ni posición.

La exdiputada, quien durante años fue señalada por sus vínculos con una red de narcotráfico liderada por su esposo, ya había enfrentado críticas públicas por permanecer en el Congreso mientras avanzaban las investigaciones. Diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política habían exigido en reiteradas ocasiones que se aplicara una sanción ejemplar para el caso.

Tras conocerse el arresto, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales manifestaron que esperan que la sentencia no quede solo en el encarcelamiento de Pilarte, sino que también se investiguen y castiguen posibles cómplices y estructuras financieras que facilitaron el entramado delictivo.

La comunicadora Iluminada Muñoz respaldó de manera enfática las acciones tomadas por la Junta Central Electoral (JCE) contra los partidos políticos que han iniciado campañas proselitistas fuera del período establecido. Muñoz destacó las intimaciones enviadas por el órgano electoral al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al partido Camino Nuevo, valorando la firmeza de la institución en hacer respetar la ley.

Según explicó, la JCE otorgó un plazo de cinco días al partido Camino Nuevo para retirar más de 100 vallas con la imagen del senador Omar Fernández, mientras que el PRM fue advertido por realizar actividades políticas que incumplen la normativa vigente. Aunque ambos partidos reaccionaron de manera distinta, Muñoz resaltó la importancia de que se acaten las decisiones y, en caso contrario, se apliquen sanciones ejemplares.

La comunicadora también señaló que el proselitismo anticipado no solo afecta la equidad del proceso electoral, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas del país, como los apagones, las deficiencias en el sector educativo y la crisis de salud mental. “No es tiempo de campaña, es tiempo de soluciones”, enfatizó.

Muñoz instó a que las medidas de la JCE se extiendan a todos los partidos, incluyendo el PLD y la Fuerza del Pueblo, que también han intensificado actividades políticas en los últimos meses. “El país está cansado del proselitismo a destiempo. Acabamos de salir de unas elecciones y ya quieren volver a saturar a la gente”, expresó.

Muñoz reiteró su apoyo a la Junta Central Electoral y llamó a su pleno a mantenerse firme frente a cualquier presión política. Aseguró que solo con la aplicación estricta de la ley se podrá garantizar un proceso electoral justo y transparente en el 2028, donde gane quien verdaderamente cuente con el respaldo ciudadano y no quien adelante recursos en campañas prematuras.

Finalmente, pidió que los recursos invertidos en vallas y propaganda política se destinen a campañas de concienciación sobre temas como salud mental y seguridad vial. “Omar Fernández está haciendo un buen trabajo en el Senado, no necesita vallas para demostrarlo. Lo que necesitamos ahora son resultados y respeto a la ley”, concluyó.

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Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la Carcelita del Palacio de Justicia de Santiago, cuando los seis hombres acusados de la violación grupal de una joven de 21 años en Villa González fueron trasladados para conocer la medida de coerción que enfrentan.

El caso, que ha generado gran indignación social, involucra a los imputados por delitos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual mediante medios electrónicos, luego de que grabaran y difundieran el acto a través de plataformas digitales.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga de los imputados. Además, las autoridades resaltaron que el material audiovisual del crimen constituye una prueba clave que agrava la situación legal de los acusados.

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de la víctima y grupos feministas exigieron justicia, portando pancartas y lanzando consignas en contra de la violencia de género. La audiencia de medida de coerción se espera sea decisiva para el rumbo del proceso judicial, que mantiene en vilo a la comunidad de Villa González y a toda la provincia de Santiago.

El Ministerio Público indicó que el expediente incluye declaraciones de testigos y peritajes forenses que confirman la participación activa de los acusados en el hecho, lo que fortalece la solicitud de prisión preventiva. La institución sostuvo que se trata de un crimen que no solo atenta contra la integridad de la víctima, sino que también envía un mensaje alarmante a la sociedad si no se sanciona con firmeza.

Por su parte, los abogados defensores de los imputados intentaron restar credibilidad a las pruebas presentadas, alegando que la difusión del video no fue realizada por sus clientes, sino por terceros, y que el proceso debe respetar la presunción de inocencia. No obstante, la fiscalía respondió que existen elementos técnicos que vinculan directamente a los acusados con la publicación del material.

La jueza de Atención Permanente se retiró a deliberar sobre la medida, mientras la tensión se mantenía tanto dentro como fuera de la sala. Se espera que en las próximas horas se emita una decisión que podría marcar un precedente en casos de violencia sexual y uso de medios digitales para la revictimización.