Santo Domingo – Una compleja red de fraude operó durante más de cuatro años dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), estafando al Estado dominicano y poniendo en riesgo la atención médica de cientos de afiliados del régimen contributivo y subsidiado. La investigación reveló que empleados, exempleados, médicos y familiares de los implicados autorizaban procedimientos médicos y compraban medicamentos sin el conocimiento de los asegurados, moviendo más de 41 millones de pesos.
La red, liderada por Ángel Luis Guzmán y su hermano Angeuri, incluía a otros familiares y profesionales de la salud, quienes mantenían un call center paralelo para gestionar autorizaciones fraudulentas. Más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados irregularmente, mientras los fondos destinados a la salud pública eran desviados para lujos personales de los involucrados, incluyendo bebidas costosas, autos y propiedades.
El Ministerio Público y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ya investigan el caso, y SENASA ha convocado una auditoría externa para determinar el alcance total del fraude. Las irregularidades incluyen la utilización de medicamentos a domicilio con información de afiliados, procedimientos médicos inexistentes y la manipulación de fondos sin control efectivo, evidenciando la grave negligencia institucional.
Se ha comprobado que las transferencias y pagos irregulares involucraron montos millonarios dirigidos a médicos, prestadores de servicios y empresas vinculadas a los líderes de la red, revelando la sofisticación del esquema y la participación de múltiples actores dentro y fuera de la institución.
El caso ha generado alarma en la ciudadanía y exige una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar que los responsables sean sancionados y que se implementen controles más estrictos, protegiendo así los recursos públicos y la salud de los dominicanos.
Nuevos hallazgos muestran que la red también manipulaba información financiera y administrativa dentro de SENASA, asegurando que el fraude pasara desapercibido durante años. Incluso se documentaron pagos y transferencias utilizando cuentas personales y métodos poco rastreables, lo que complicó la detección temprana del esquema delictivo.
Los expertos señalan que esta situación refleja la necesidad urgente de fortalecer la supervisión, la transparencia y los mecanismos de control interno en las instituciones de salud pública, para evitar que casos similares pongan en riesgo la vida de los afiliados y desvíen recursos destinados al bienestar de la población.