Month: February 2026

La comunicadora Altagracia Salazar lanzó duras críticas al sistema de justicia dominicano al denunciar lo que calificó como una “justicia selectiva” en el manejo de procesos penales, a propósito del caso del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, imputado en un presunto fraude que ronda los RD$15,000 millones.

En su comentario titulado “Santiago Hazim, SENASA o cuando el dinero se sienta en el banquillo”, transmitido el 4 de febrero de 2026, Salazar sostuvo que los expedientes que involucran grandes sumas de dinero suelen recibir atención mediática, recursos legales de alto perfil y un trato diferenciado, mientras que los casos de personas pobres transcurren en el anonimato, aun cuando existan condiciones humanitarias graves.

Dos realidades opuestas ante la justicia

La periodista contrastó la situación de Hazim —cuyo equipo de defensa ha alegado problemas de salud y pérdida significativa de peso para solicitar variación de la medida de coerción— con el caso de Epifanio Castro del Carmen, un hombre de 92 años, con demencia senil, condenado a cinco años de prisión en Monte Plata tras una riña por RD$3,000.

“Cuando el expediente tiene millones, aparecen las ruedas de prensa, los abogados de renombre y la indignación por la dignidad del imputado; cuando el expediente es de pobreza, el sistema envejece a la gente en la cárcel”, planteó Salazar, al cuestionar que los derechos procesales parezcan urgentes solo para quienes tienen poder económico.

Contexto del caso SENASA

En su análisis, la comunicadora recordó que la Corte de Apelación recesó para deliberar sobre la revisión de la prisión preventiva de siete imputados vinculados al caso SENASA, proceso que ha reavivado el debate público sobre trato privilegiado, presión mediática y desigualdad ante la ley.

Salazar insistió en que la discusión no debe centrarse en la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino en la coherencia del sistema judicial al momento de aplicar criterios de humanidad, garantías procesales y celeridad, sin distinción de clase social.

La comunicadora llamó a repensar el modelo de justicia para que los principios de dignidad humana, debido proceso y trato justo no dependan del tamaño del expediente ni del poder económico del acusado. A su juicio, el país enfrenta el reto de construir un sistema donde la ley se aplique con el mismo rigor y humanidad para el pobre anónimo y para el imputado poderoso.

 

Pareja perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en la comunidad de Guaucí, en el municipio de Moca, informaron este lunes autoridades locales, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Jeffrey Nina y María Rodríguez, quienes, de acuerdo con reportes preliminares, habrían hecho contacto accidental con cables de alta tensión mientras manipulaban unas varillas, lo que provocó la descarga eléctrica, dando un resultado fatal.

Las autoridades indicaron que los cuerpos serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios correspondientes que permitirán determinar con precisión la causa de la muerte.

La pareja deja en la orfandad a un niño menor de edad, quien se encontraba en el lugar al momento del incidente, pero resultó ileso, según confirmaron las autoridades.

El caso se mantiene bajo investigación por los organismos competentes, mientras la comunidad expresó consternación por la tragedia.

El viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Dr. Eladio Pérez, afirmó que es poco probable que el virus Nipah llegue a la República Dominicana, y que, en caso de detectarse algún caso importado, el país cuenta con capacidad técnica, vigilancia epidemiológica y protocolos de respuesta para evitar su propagación.

Durante una entrevista en el programa Tribuna de la Verdad, Pérez explicó que el riesgo de introducción del virus es bajo debido a las características epidemiológicas del Nipah, una zoonosis cuyo principal reservorio es un tipo de murciélago frugívoro que no existe en el territorio dominicano, lo que reduce considerablemente la posibilidad de transmisión sostenida en el país.

“El vector principal del virus Nipah no está presente en la República Dominicana. Además, el patrón de transmisión y los síntomas permiten una detección temprana. La población puede estar tranquila”, sostuvo el funcionario, al tiempo que llamó a evitar alarmas innecesarias ante informaciones que circulan en redes y medios internacionales.

País más preparado tras la experiencia del COVID-19

El viceministro resaltó que, luego de la pandemia del COVID-19, la República Dominicana fortaleció significativamente su sistema de vigilancia sanitaria, incluyendo la adquisición de tecnología de secuenciación genómica de última generación, mayor capacidad diagnóstica en el Laboratorio Nacional y el refuerzo de la vigilancia centinela para virus respiratorios y enfermedades de notificación obligatoria.

Indicó que actualmente el país puede procesar miles de pruebas semanales y realizar análisis genómicos para rastrear linajes de virus, lo que permite identificar de forma temprana posibles amenazas epidemiológicas. Asimismo, destacó la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.

Pérez explicó que en los puntos de entrada del país, como aeropuertos y puertos marítimos, existen protocolos activos de vigilancia, personal médico entrenado y planes de contingencia para la detección de casos sospechosos de enfermedades emergentes.

Señaló que la República Dominicana cuenta con certificaciones internacionales de preparación para emergencias sanitarias, lo que la coloca entre los países del Caribe con mayor capacidad de respuesta ante brotes epidémicos.

Llamado a la prevención y a informarse por fuentes oficiales

El funcionario reiteró que la mejor herramienta frente a enfermedades emergentes sigue siendo la prevención, la vigilancia epidemiológica y la información responsable, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir únicamente los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública y a no difundir rumores que generen pánico colectivo.

Pérez aprovechó la entrevista para destacar los avances del país en salud colectiva, incluyendo el fortalecimiento del primer nivel de atención, los programas de vacunación, la vigilancia de enfermedades respiratorias y el control de brotes, lo que —aseguró— coloca a la República Dominicana en una posición sólida frente a posibles amenazas sanitarias internacionales.

El personal médico del Hospital Salvador B. Gautier alzó la voz esta semana para denunciar una preocupante serie de agresiones físicas, atracos y amenazas dentro de las instalaciones del centro de salud, atribuibles, según los galenos, a la insuficiente seguridad vigente en el recinto hospitalario.

Los médicos residentes del hospital detallaron la grave situación de inseguridad que enfrentan, especialmente durante los turnos de madrugada, y solicitaron a las autoridades una intervención inmediata para garantizar tanto su integridad física como la de los pacientes.

Ola de violencia e inseguridad

De acuerdo con los denunciantes, en las últimas semanas se ha registrado una serie de atracos durante las madrugadas, acompañados de agresiones físicas y atropellos que han dejado en evidencia la falta de medidas de seguridad adecuadas.

Un caso reciente señalado ocurrió hace apenas dos días, cuando un delincuente ingresó al hospital en horas de la madrugada, subió hasta la segunda planta y agredió a una doctora, golpeándola en el rostro y provocándole una herida en el labio antes de despojarla de sus pertenencias personales.

Los médicos también recordaron que hace 15 días un paciente agredió y amenazó al personal de emergencia, sin que, según ellos, se hayan tomado medidas efectivas desde entonces.

La doctora que fue atacada se encuentra ahora con temor y, tras el incidente, ha decidido no presentarse a trabajar en el hospital, situación que refleja la profunda preocupación del equipo médico.

“Después de años de estudio y dedicación, no podemos exponernos a un riesgo de muerte en nuestro propio lugar de trabajo”, expresaron algunos residentes, quienes manifestaron frustración ante la sensación de desprotección en el centro asistencial.

Señalamientos sobre la falta de seguridad

Los galenos denunciaron que durante el horario nocturno solo hay dos porteros encargados de cubrir la totalidad del hospital y que el centro carece de cámaras de vigilancia que permitan monitorear las áreas críticas.

Frente a estas acusaciones, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr. Mario Lama, mencionado en el material audiovisual, calificó lo ocurrido como una “negligencia del personal de seguridad” y dispuso la remoción del equipo encargado de esa función.

Sin embargo, según los propios médicos, a pesar de las promesas, la seguridad no ha sido reforzada y el hospital amaneció recientemente con el mismo personal insuficiente, lo que ha generado descontento entre el personal y ha reavivado las preocupaciones sobre su bienestar laboral.

Llamado urgente a las autoridades

Ante la persistencia de los hechos, los médicos residentes hicieron un llamado urgente al Servicio Nacional de Salud (SNS) y a las autoridades correspondientes para que se implementen de forma inmediata medidas eficaces de seguridad, incluyendo un mayor número de agentes de vigilancia y la instalación de sistemas de monitoreo, con el objetivo de proteger la vida de quienes trabajan y se atienden en el hospital.

Los profesionales de la salud manifestaron que estas quejas han sido reportadas durante meses sin que hasta el momento se haya logrado una solución efectiva.

Sigue en desarrollo la maratónica audiencia de apelación en torno a las medidas de coerción impuestas a los imputados del caso Senasa, un presunto desfalco de 15,000 millones de pesos al Seguro Nacional de Salud. La corte conocerá si mantiene o revoca la prisión preventiva dictada en diciembre pasado.

La diligencia, que ha ocupado gran parte de la jornada, se celebra en el edificio del Registro Inmobiliario, sede temporal de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde los magistrados evalúan los recursos interpuestos por siete de los diez imputados que buscan variación de la medida.

Posturas enfrentadas: defensa vs. Ministerio Público

En representación del Ministerio Público, Wilson Camacho, director de persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó al tribunal que se rechacen los planteamientos de la defensa y que se mantenga la prisión preventiva en la cárcel de Las Parras, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que representaría modificar la medida.

Por su parte, los abogados defensores expusieron distintos argumentos para justificar la variación. Entre ellos, Miguel Valerio, abogado del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, resaltó que su cliente padece esclerosis múltiple y ha perdido más de 70 libras desde su ingreso a prisión, por lo que solicitó una revisión de la medida por motivos de salud.

Otros defensores, como Carlos Balcácer, sostuvieron que no existe peligro de fuga y recordaron que el arraigo de los imputados no está en discusión, tal como lo estableció la sentencia original, por lo que no consideran necesario que permanezcan en prisión preventiva.

Debate por arresto domiciliario de colaboradores

La audiencia también se vio marcada por la controversia generada por tres imputados que, tras colaborar con la fiscalía, cumplen actualmente arresto domiciliario: Heidi Marela Pineda, Cindy Acosta y Eduardo Rit Estrella.

Desde la parte querellante, el abogado Miguel Surún Hernández criticó duramente el beneficio, calificándolo como un “premio” injustificado, especialmente considerando que estas personas habrían tenido acceso a fondos millonarios presuntamente desviados. “No hay forma de justificar que quienes recibieron millones estén en sus casas mientras otros permanecen tras las rejas”, afirmó.

Surún también denunció presunta presión política y económica sobre el proceso, y mencionó que el juez que dictó la medida original, Rigoberto Sena, ha recibido amonestaciones por su decisión, lo cual —aseguró— pone en entredicho la independencia judicial.

La audiencia se mantiene en curso, con expectativas de que los jueces emitan una decisión sobre las solicitudes de variación de las medidas en las próximas horas.

Diferentes organizaciones sociales y políticas se movilizaron este martes en la capital dominicana para exigir la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras una operación militar que estremeció a la región hace un mes.

La protesta fue organizada por el Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha, que convocó a una marcha pacífica que partió desde el edificio Copello, en la calle El Conde, y concluyó frente a la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, en el Parque Independencia.

Los manifestantes recordaron que la movilización se realizó al cumplirse un mes desde lo que el comité describe como una “agresión militar” por parte de Estados Unidos contra el territorio venezolano, y denunciaron lo que consideran una violación a la soberanía de Venezuela.

Durante la marcha también rindieron homenaje al coronel Caamaño, figura histórica dominicana vinculada a la defensa de la soberanía frente a intervenciones extranjeras, y señalaron que la situación actual de Venezuela tiene “similitudes” con las intervenciones del pasado en la región.

Los voceros del Comité señalaron que Estados Unidos no persigue la paz ni la democracia en Venezuela y reafirmaron su demanda de libertad para Maduro y Cilia Flores.

La manifestación se realizó en un contexto de protestas globales y movilizaciones en la propia Venezuela, donde miles de simpatizantes del expresidente marcharon también este martes para exigir su liberación y la de su esposa, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos tras la operación llevada a cabo a principios de enero.

 

Sinaloa, México. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional intensificaron las labores de búsqueda de 10 trabajadores mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, al sur del estado de Sinaloa, informaron autoridades federales.

Un contingente de 100 efectivos fue desplegado para realizar operativos por tierra y aire en la zona donde se perdió el rastro de los trabajadores, quienes se encontraban en un campamento de explotación de plata operado por la empresa canadiense Vizsla Silver, la cual suspendió temporalmente sus actividades para colaborar con la investigación.

Entre los desaparecidos figura Pablo Osorio, un ingeniero de 26 años, originario del estado de Oaxaca, según confirmaron familiares. La desaparición ocurrió en una región considerada de alto riesgo, presuntamente bajo influencia de grupos criminales, lo que ha generado preocupación entre los allegados de las víctimas.

Familiares, que han ofrecido declaraciones de forma anónima por temor a represalias, señalaron que el caso podría estar relacionado con actividades mineras controladas por el crimen organizado, versión que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Aunque se reportan 10 mineros desaparecidos, solo existen cinco denuncias formales, lo que limita la actuación legal de las autoridades, según declaró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Mientras continúan los operativos, los familiares reiteraron su llamado a las autoridades federales y estatales para localizar con vida a los mineros, en un caso que sigue en desarrollo y bajo investigación oficial.

La región del Caribe enfrenta un evento meteorológico sin precedentes con la llegada del frente frío número 24, calificado por expertos como el sistema más significativo de los últimos 10 años. Este fenómeno destaca no solo por su intensidad, sino por su asombrosa magnitud: una extensión de entre 5,000 y 6,000 kilómetros que conecta prácticamente al Caribe con el continente europeo. Esta configuración histórica ha permitido que una masa de aire polar se asiente sobre el territorio, generando temperaturas gélidas especialmente durante las madrugadas.

El impacto se siente con mayor rigor en la Cordillera Central y la región del Cibao, donde el termómetro ha registrado descensos drásticos. Sin embargo, la sensación de frío es generalizada en todo el país debido a las fuertes ráfagas de viento provenientes del Atlántico, que incrementan la percepción de bajas temperaturas. Ante este escenario, las autoridades sanitarias han emitido una alerta por el aumento de procesos gripales, exhortando a la población —especialmente en zonas rurales y montañosas— a no descuidar el abrigo y mantener medidas de prevención.

En cuanto a las condiciones marítimas y de lluvia, se mantiene el fenómeno de Mar de Fondo en la costa atlántica, afectando el litoral desde Punta Cana hasta Puerto Plata, por lo que se recomienda extrema precaución a las embarcaciones. Aunque por ahora solo se registran chubascos ligeros en el norte y noreste, el potencial de aguaceros aumentará significativamente entre el jueves y el sábado debido a la incidencia de una vaguada frontal que complicará el panorama meteorológico.

El pronóstico a corto plazo sugiere que no es momento de guardar los abrigos. Si bien el sistema actual comenzará a alejarse paulatinamente, el alivio será breve: se espera que el frente frío número 25 haga su entrada la noche del viernes, volviendo a desplomar las temperaturas durante el próximo fin de semana. La persistencia del aire frío será la norma en los próximos días, manteniendo un ambiente gélido que obligará a la población a permanecer prevenida al menos hasta la mañana del jueves.

Mirando hacia el resto del mes, los expertos prevén un febrero excepcionalmente gélido. Se estima que las temperaturas bajas se prolonguen hasta mediados de mes, aproximadamente el 14 o 15 de febrero. En total, se proyecta que entre seis y siete sistemas frontales adicionales afecten la región durante todo el mes, consolidando este periodo como uno de los inviernos más rigurosos de los que se tenga registro reciente en la zona.