El reloj de la justicia no para, pero ¿quién lo detiene?
El Caso Calamar ha sido un asunto candente que ha mantenido a la opinión pública dominicana en estado de alerta constante durante semanas. Las plazas de Santo Domingo han visto pasar muchas noticias sobre este tema, y ahora llega una noticia más con peso legal directo.
La defensa del abogado Ángel Lockward no descansa, ya que ha decidido recurrir la resolución judicial reciente que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal en su contra. Esto no es un simple trámite burocrático dentro de las salas de justicia. Representa un intento serio y audaz de proteger los derechos fundamentales del imputado y, al mismo tiempo, cuestionar los tiempos reales de justicia en nuestro país.
El debate sobre los cuatro años
Uno de los puntos clave que mueve a la defensa es el plazo máximo de duración del proceso penal en materia penal dominicana. Según la normativa vigente en nuestra República Dominicana, existen límites temporales claros para ciertos delitos antes de que pueda hablarse oficialmente de extinción de la acción penal por caducidad.
La parte legal sostiene con pruebas que esos cuatro años ya habían transcurrido antes de emitir la decisión rechazada por el tribunal. Es un argumento técnico y muy fuerte, pero con implicaciones sociales profundas para todos los dominicanos.
- El problema radica en cuándo se considera que comenzó ese cómputo legal.
- La defensa cuestiona el criterio usado para fijar el inicio del plazo de los cuatro años.
Sin embargo, el problema no es solo contar los días en el expediente. El punto de discusión central y más delicado se centra en cuándo comenzó ese reloj legalmente hablando. Aquí es donde la defensa hace sus piques más fuertes contra el criterio utilizado por el juez para fijar el inicio del cómputo de los cuatro años. Si la extinción se aplica desde una fecha anterior a la que indica actualmente la fiscalía, podría cambiar totalmente el resultado final y cerrar este capítulo de la investigación en un abrir y cerrar de ojos.
Justicia y ciudadanía en República Dominicana
La justicia dominicana suele tener fama de lenta, pero no por eso debería ser injusta ni violar las garantías constitucionales. Cuando un ciudadano está en medio de un proceso tan largo sin una resolución clara, surgen dudas legítimas sobre la transparencia y la celeridad del sistema judicial.
Si los plazos se respetaron o si hubo una manipulación en la fecha inicial que perjudica al acusado, esto debe quedar claro en los autos de juicio y no escondido tras tecnicismos legales complicados. El pueblo dominicano espera con ansias que este recurso sea atendido con seriedad y urgencia por el tribunal superior correspondiente. No queremos ver un caso como Calamar seguir abierto indefinidamente sin resolver las dudas públicas sobre su verdad.
La extinción de la acción penal es una herramienta legal muy importante para evitar que el sistema judicial se vuelva contra los derechos humanos básicos del acusado y proteja la presunción de inocencia. Mientras tanto, todos miramos hacia la sala del tribunal con atención máxima. Esperamos que esta vez la balanza incline a favor de un proceso justo, transparente y respetuoso de los tiempos legales.
La defensa ha hecho su trabajo legal para presentar el caso, ahora corresponde al juez decidir si hay razón suficiente para aceptar el recurso o mantenerse firme en el rechazo anterior basado en otras interpretaciones. El caso Calamar no se acaba hasta que no haya una resolución definitiva que cierre definitivamente la incógnita sobre los hechos ocurridos y deje paz a la ciudadanía dominicana.
Atribución: Esta pieza editorial está basada en información de Listin Diario. Para leer el reporte original, visite: este enlace.