Author: jablador@admin

Una mujer de 33 años, identificada como Treisi Severino, denunció este lunes ante la Fiscalía del Distrito Nacional haber sido víctima de graves maltratos físicos por parte de su expareja, Pascual Ovalle, alias Chapa, de 31 años, en un hecho ocurrido el pasado domingo.

Según relató la denunciante, pese a llevar tres meses separada de su agresor y a existir una orden de arresto en su contra por episodios de violencia previos, el hombre se presentó en el sector La Ciénaga, donde la obligó a subir a un vehículo contra su voluntad.

Severino explicó que, una vez bajo su control, Ovalle la agredió físicamente, propinándole golpes con un tubo de acero en distintas partes del cuerpo, causándole lesiones que requirieron atención médica. La mujer manifestó temor por su vida y cuestionó que, a pesar de las denuncias anteriores, su agresor continúe en libertad.

El caso fue formalmente depositado ante el Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes para la localización y sometimiento a la justicia del acusado, mientras organizaciones y comunitarios reiteran el llamado a reforzar la protección a las víctimas de violencia de género y a garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.

Violencia en RD

La violencia intrafamiliar continúa siendo una de las problemáticas sociales más persistentes en la República Dominicana, con un impacto directo en mujeres, niños y adultos mayores. A diario se registran denuncias por agresiones físicas, psicológicas y verbales, muchas de ellas cometidas por parejas o exparejas, incluso en contextos donde ya existen órdenes de alejamiento o procesos judiciales en curso. Organismos de protección advierten que el temor a represalias, la dependencia económica y la normalización del maltrato siguen siendo barreras que impiden a muchas víctimas denunciar a tiempo.

Pese a los esfuerzos institucionales y campañas de concienciación, especialistas señalan que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. La falta de seguimiento efectivo a las denuncias, la reincidencia de agresores y la debilidad en los sistemas de prevención mantienen en alerta a la sociedad. Diversos sectores coinciden en la necesidad de fortalecer la educación emocional, la protección a las víctimas y la aplicación rigurosa de la ley para frenar un ciclo de violencia que continúa cobrando vidas y dejando profundas secuelas en los hogares dominicanos.

Dos niñas fallecieron calcinadas tras incendiarse su vivienda a causa de un presunto cortocircuito, en un hecho ocurrido en el sector Gualey, del Distrito Nacional, según relataron vecinos y familiares. El siniestro se propagó con rapidez, sorprendiendo a las menores que se encontraban dentro de la casa junto a su abuela.

De acuerdo con los testimonios, las pequeñas intentaron protegerse del fuego escondiéndose debajo de una cama. En medio de la tragedia, la hermana mayor abrazó a la menor mientras ambas eran alcanzadas por las llamas, en una escena que ha conmocionado profundamente a la comunidad.

Los vecinos explicaron que, al percatarse del incendio, intentaron ingresar a la vivienda para rescatarlas, pero se encontraron con dos candados en la puerta principal, lo que retrasó el acceso y frustró los esfuerzos por salvarles la vida, pese a los intentos por romper las cerraduras.

Al momento del siniestro, las niñas estaban bajo el cuidado de su abuela, una mujer no vidente y con dificultades para caminar, quien resultó con quemaduras en casi todo su cuerpo y permanece hospitalizada recibiendo atenciones médicas [00:15]. Un tío de las menores expresó la impotencia de la familia al señalar que su madre no pudo auxiliarlas debido a su condición física.

Residentes del sector relataron que minutos antes del incendio las niñas estaban jugando en la puerta de la vivienda y comentaron, con pesar, que de haberse quedado allí se habrían salvado [01:35]. El hecho ha dejado un profundo dolor y asombro en Gualey, donde la comunidad aún intenta asimilar la rapidez con la que el fuego consumió la pequeña vivienda.

El terapeuta Rodrigo García Platas protagonizó un intenso debate con varias mujeres al abordar temas relacionados con la energía masculina y femenina, la dinámica de pareja y el feminismo moderno, generando reacciones encontradas en redes sociales y espacios de conversación pública.

Andrea, una de las jóvenes del debate,  se definió a sí misma como independiente y con una energía predominantemente masculina, se convirtió en el eje central de un intenso debate con el terapeuta Rodrigo García Platas sobre las dinámicas de pareja, la energía masculina y femenina y el impacto del feminismo moderno en las relaciones sentimentales. El intercambio, que se desarrolló en un espacio público de conversación, estuvo marcado por posturas firmes y contrapuestas sobre el rol de la independencia y el equilibrio emocional en la vida en pareja.

Durante el diálogo, Andrea defendió que una mujer autosuficiente no debería conformarse con una pareja que le ofrezca menos de lo que ella misma es capaz de aportar, argumentando que sus relaciones han estado con hombres que “resuelven más” de lo que ella puede hacer por sí sola. En respuesta, García Platas sostuvo que las relaciones humanas funcionan por polaridad y no por competencia, afirmando que una mujer con energía muy dominante suele tener dificultades para sostener una relación con un hombre fuerte y protector, ya que ambos terminarían enfrentándose por el control.

El terapeuta insistió en que, más allá de la independencia individual, las parejas tienden a balancearse con energías distintas y complementarias. Señaló que la forma de comunicarse y de presentarse influye directamente en el tipo de personas que se atraen, y que muchos hombres no se “asustan”, sino que simplemente no buscan una dinámica basada en la confrontación constante.

La jueza Wanda Cruz Ayala ordenó el ingreso en prisión de Mayra Nevárez Torres, tras hallarla culpable de causar la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del exponente urbano Arcángel, al conducir en estado de embriaguez en un accidente ocurrido en 2021. La magistrada impuso una condena de 15 años de cárcel, con un crédito de 11 meses ya cumplidos, durante una audiencia celebrada este lunes en el Centro Judicial de San Juan.

La decisión se produjo luego de un largo recorrido judicial en distintas instancias del sistema de justicia puertorriqueño. Además de la muerte de Santos, en el siniestro resultó gravemente herido Keven Monserrate Gandía, quien sobrevivió con serias secuelas. Tras concluir la vista, alguaciles del tribunal procedieron de inmediato a trasladar a Nevárez Torres para cumplir la sentencia impuesta.

A la salida de la sala, Carmen Santos, madre de la víctima, expresó que la sentencia no cierra el dolor causado por la pérdida de su hijo. “Justin no está y me imagino que ustedes esperarán que cierre un capítulo, y realmente lo abro, utilizando el dolor para transformar tantas cosas”, manifestó visiblemente conmovida.

La condena carcelaria fue dictada luego de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico apelara la sentencia original, que había dispuesto 15 años de restricción domiciliaria, multas y la suspensión de la licencia de conducir. En enero pasado, la fiscalía argumentó que la gravedad de los hechos ameritaba una pena de prisión, criterio que finalmente fue acogido por el tribunal.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, afirmó que con esta nueva sentencia “se hace justicia a Justin Santos Delanda, a su familia y a Keven Monserrate Gandía”, al tiempo que subrayó que la decisión reafirma la actuación responsable del Ministerio Público y la necesidad de que las sanciones judiciales respondan con firmeza al daño causado por delitos de esta naturaleza.

 

 

 

 

 

Santo Domingo.– El doctor Antonio Cruz Jiminián negó de manera categórica haberse beneficiado de acuerdos o convenios con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) durante la gestión de Santiago Hazim, quien figura como imputado en un caso de presunto fraude. El galeno afirmó que no firmó ningún acuerdo especial con SeNaSa en ese período y rechazó cualquier vinculación con irregularidades relacionadas con la aseguradora estatal.

Cruz Jiminián explicó que su relación con SeNaSa se remonta al año 2012, cuando su clínica estableció convenios a través de distintas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), y no por acuerdos directos que le generaran beneficios particulares. En ese sentido, sostuvo que siempre actuó dentro del marco legal y que su centro de salud ha operado con un enfoque de servicio social, atendiendo a pacientes de escasos recursos.

El médico señaló además que, pese a haber solicitado en varias ocasiones ajustes en los pagos por los servicios ofrecidos a afiliados de SeNaSa, dichas solicitudes nunca recibieron respuesta. Por el contrario, indicó que los pagos fueron históricamente insuficientes y entregados con retrasos, lo que obligó a la clínica a asumir importantes sacrificios económicos que afectaron su operatividad.

Finalmente, el doctor Cruz Jiminián enfatizó que nunca ha recibido beneficios personales ni privilegios derivados de los convenios con el seguro estatal, y reiteró su disposición de colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer los hechos y proteger su reputación profesional.

La comunicadora Diulka Pérez valoró como una señal positiva de madurez democrática y convivencia social el reciente encuentro entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, quienes coincidieron en una boda, pese a sus conocidas diferencias políticas. Durante su comentario en el programa de la emisora Z101, Pérez afirmó que en la República Dominicana “sí es posible poner las diferencias políticas a un lado y compartir y sentarse en la misma mesa”, resaltando que este tipo de gestos envía un mensaje de estabilidad institucional al país.

La periodista subrayó que, aunque el debate político sea fuerte y legítimo, resulta saludable que los principales líderes del país puedan coincidir en espacios sociales y religiosos con respeto mutuo. En ese sentido, comparó la realidad dominicana con la de otros países de la región, como Haití, Perú o Bolivia, donde —según señaló— la confrontación permanente y la falta de diálogo político han impedido la construcción de soluciones nacionales y han profundizado la crisis social y de gobernabilidad.

En otro orden, Diulka Pérez salió en defensa de la Clínica Cruz Jiminián, en medio de los señalamientos surgidos por el caso SENASA, al describirla como el “hospital de los pobres”. Destacó que el centro de salud ha sido históricamente un refugio para personas sin recursos económicos, muchas de las cuales son rechazadas en otros establecimientos por no poder pagar o por padecer enfermedades asociadas a la pobreza.

Asimismo, abordó las denuncias realizadas por el doctor Antonio Cruz Jiminián sobre deudas millonarias atrasadas del Seguro Nacional de Salud, y cuestionó las fallas del sistema de pagos del Estado. Pérez señaló que, aunque la centralización de pagos en Tesorería busca evitar irregularidades, resulta preocupante que surjan ineficiencias que obliguen a las instituciones a recurrir a “trucos” administrativos para saldar compromisos presupuestados.

Finalmente, la comunicadora se preguntó qué ocurre con los fondos previamente asignados para servicios específicos y por qué no se ejecutan los pagos a tiempo, advirtiendo que estas distorsiones podrían evidenciar ineficiencia estructural o posibles prácticas de corrupción, un tema que —afirmó— debe ser enfrentado con transparencia y responsabilidad.

Las autoridades antinarcóticas frustraron un intento de envío de sustancias ilícitas hacia Europa tras decomisar ocho paquetes, presumiblemente de cocaína, durante una inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la sustancia fue detectada en varias cajas de cartón que serían despachadas con destino a Madrid, España, como parte de una carga declarada como mercancía común. El envío figuraba a nombre de una mujer con dirección en la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este, mientras que el destinatario residiría en la calle Monte Perdido, en la capital española.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo cuando agentes y unidades caninas realizaban labores de verificación en uno de los depósitos de la terminal aérea, momento en que el perro detector alertó sobre la posible presencia de narcóticos. Por disposición del fiscal actuante, se procedió a la apertura de las cajas, encontrándose ocho paquetes envueltos en fundas plásticas, con un peso preliminar que supera los cinco kilogramos.

La DNCD señaló que, junto al Ministerio Público, se profundizan las investigaciones para identificar a todos los involucrados en esta operación y someterlos a la justicia. En el operativo participaron además miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), como parte de los controles reforzados contra el narcotráfico internacional.

Contrabando de cocaína en RD

En 2025, la República Dominicana continúa enfrentando un desafío importante en materia de contrabando de drogas, manteniéndose como país de tránsito estratégico para organizaciones del narcotráfico internacional, especialmente en rutas hacia Norteamérica y Europa.

Las autoridades han intensificado las operaciones de interdicción en aeropuertos, puertos, costas y fronteras, con decomisos que superan las 48.3 toneladas de sustancias controladas durante el año, entre cocaína, marihuana y otras drogas, así como la detención de miles de personas vinculadas al tráfico y microtráfico de estupefacientes.

A pesar de los esfuerzos de las instituciones de seguridad y la cooperación internacional, el contrabando sigue siendo un reto estructural debido a la sofisticación de las redes criminales y la utilización de múltiples canales logísticos para el trasiego de drogas. Organismos como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han reforzado la vigilancia con apoyo técnico y alianzas extranjeras, resultando en cifras récord de incautaciones y operaciones contra el microtráfico en barrios y zonas rurales; sin embargo, expertos señalan que la lucha contra el narcotráfico exige políticas sostenidas, más recursos y un enfoque integral que incluya prevención y reducción de la demanda.