Author: jablador@admin

En medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al emitir declaraciones y acciones públicas relacionadas con los regímenes de Caracas y La Habana, intensificando el debate geopolítico en la región.

Durante la madrugada, organizaciones de derechos humanos reportaron la liberación de un nuevo grupo de presos políticos venezolanos, proceso que —según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón— ya suma varias decenas desde que comenzó el pasado jueves, bajo la presión diplomática de Washington. Las excarcelaciones se enmarcan en negociaciones multilaterales que involucran a actores políticos internos y externos.

Trump avivó aún más la controversia al publicar en su red social, Truth Social, una imagen alterada de Wikipedia en la que aparece como “presidente en funciones de Venezuela”. La publicación ocurre luego de que afirmara que Estados Unidos está “a cargo” del país suramericano, declaraciones que han sido cuestionadas tanto por opositores como por aliados del chavismo debido a sus implicaciones sobre la soberanía venezolana.

El exmandatario también confirmó que su administración se encuentra cooperando con Delcy Rodríguez, a quien definió como la “heredera del mando del madurismo”. En declaraciones ofrecidas a la prensa a bordo de su avión, adelantó que podría reunirse con ella próximamente, lo que abre la posibilidad de encuentros de alto nivel entre ambas partes, pese a la tensión diplomática histórica.

En paralelo, Trump dirigió un mensaje directo al gobierno cubano, advirtiendo que La Habana deberá “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. Señaló que Cuba se verá obligada a negociar ante la posibilidad de que no continúe recibiendo petróleo venezolano, y aseguró que su prioridad será proteger los intereses de los cubanos en el exilio.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió afirmando que actualmente no existen conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, limitándose el contacto a temas técnicos migratorios. No obstante, reiteró su disposición al diálogo siempre que se respete la independencia y soberanía de la isla.

Los recientes movimientos diplomáticos, las excarcelaciones en Venezuela y los mensajes cruzados entre Washington y La Habana configuran un escenario regional en transformación, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en que las liberaciones deben continuar hasta alcanzar la libertad plena de todos los detenidos por motivos políticos.

San Cristóbal.– El taxista Irvin Núñez Nina, de 47 años, miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y padre de dos hijos, sobrevivió tras recibir más de 15 puñaladas durante un asalto ocurrido el 31 de diciembre, hecho que ha conmocionado a la comunidad religiosa y a sus familiares, quienes califican su recuperación como “un milagro”.

Ese día, Núñez Nina salió de su hogar para continuar su jornada de trabajo como conductor de taxi, con la intención de asegurar el sustento de su familia. En medio del trayecto, fue atacado por un joven que lo hirió repetidamente, provocándole lesiones graves en órganos vitales como el riñón y el pulmón, además de heridas en el costado, más de nueve cortes en un brazo, así como laceraciones en la oreja y los dedos.

Su esposa, Gisela Bello, narró los momentos posteriores al ataque y aseguró que la sobrevivencia de su esposo es un acto divino. “Irvin está vivo por la gracia de Dios. Si él no hubiese sido un hombre tan temeroso de la palabra de Dios, él no estuviera aquí. Los médicos lo dicen”, manifestó visiblemente conmovida. Según relató, el agresor también lo despojó de sus pertenencias, incluyendo documentos personales y el vehículo en el que se desplazaba.

De acuerdo con la versión familiar, el atacante huyó con el automóvil, pero lo estrelló a unos 700 metros del lugar, abandonándolo posteriormente. “Él dejó el carro abandonado al frente de la casa que chocó y se fue como si nada hubiese pasado”, explicó Bello.

El hecho ocurrió luego de que Núñez Nina concluyera de predicar en su iglesia y decidiera realizar viajes como conductor de plataformas digitales en búsqueda de ingresos adicionales. Fue interceptado en la zona de Colinas de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, donde recibió las estocadas que lo dejaron en estado crítico.

El taxista fue trasladado de emergencia al hospital Vélez Santana de Herrera por una patrulla policial. Presenta seis heridas en el brazo derecho y perforaciones en el pulmón izquierdo e intestinos, según confirmaron sus familiares, quienes hoy agradecen que se encuentre con vida y piden justicia por lo sucedido.

La incertidumbre y la angustia continúan en la comunidad de Barrero, en Puerto Plata, donde este lunes se produjo un nuevo giro en la investigación del caso de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida hace ya 12 días. Las autoridades reportaron el hallazgo de un objeto sospechoso a unos 400 metros de la residencia familiar de la menor, lo que reactivó el despliegue policial y militar en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el objeto es de color blanco y aún no ha sido identificado con precisión, por lo que no se ha establecido si se trata de una funda, sábana u otro material. El hallazgo ocurrió en una plantación de cacao, área que fue inmediatamente acordonada con cinta amarilla y asegurada por la Policía Nacional, la Defensa Civil y miembros de la Fuerza Aérea, a la espera del peritaje oficial.

La noticia provocó fuertes reacciones entre los residentes de Barrero, quienes aseguran que el lugar ya había sido revisado en días anteriores sin que se encontrara nada similar, por lo que presumen que el objeto pudo haber sido colocado recientemente. Además, parte de la comunidad insiste en que se investigue más a fondo al padre de la niña, debido a supuestas diferencias personales con la madre de Brianna.

Mientras tanto, la búsqueda continúa bajo protocolos establecidos. Ya han transcurrido 12 días desde la desaparición y aunque el procedimiento nacional fija 15 días de búsqueda activa, los comunitarios reclaman que el operativo se mantenga hasta dar con el paradero de la menor. En el lugar circula, aunque sin confirmación oficial, la versión de una posible colaboración internacional, incluyendo la intervención del FBI, así como la eventual presencia en la zona de la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

La familia de Brianna permanece bajo custodia policial dentro de su vivienda. La madre, la abuela y los tíos tienen restringido el tránsito y cualquier persona que ingresa a la casa es requisada rigurosamente. Las autoridades no descartan nuevos arrestos en el entorno cercano mientras avanza la investigación.

Por el momento, la plantación donde fue encontrado el objeto permanece bajo estricta vigilancia militar. La comunidad de Barrero espera con gran expectativa los resultados del peritaje, con la esperanza de que este hallazgo aporte pistas decisivas que permitan esclarecer el paradero de la niña.

 

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, afirmó que el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantienen una “plena cohesión interna”, pese a las recientes cancelaciones y movimientos en el tren gubernamental que han generado reacciones públicas dentro de la organización oficialista.

Sanz Lovatón se refirió específicamente a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien expresó inconformidad por algunas destituciones. El funcionario restó importancia a estas críticas y las definió como “desahogos normales” que se producen en cualquier proceso de cambios administrativos.

“El gobierno de Luis Abinader está completamente unificado, así como el principal partido de la coalición que gobierna”, aseguró, al señalar que el PRM encabeza una alianza política que continuará definiendo prioridades hacia el 2026. Sostuvo que, como ocurre en el sector privado cuando cambian los gerentes, siempre aparecen inconformidades que se “normalizan con el paso de los días”.

Sanz Lovatón destacó que el país es “ejemplo en América Latina” en crecimiento económico, protección laboral y reducción de la pobreza, y subrayó que el objetivo fundamental de la administración actual es gobernar “para todos y todas los dominicanos”.

Sobre la pertinencia de que Pacheco expresara su posición en la Cámara de Diputados, el ministro indicó que el Poder Legislativo es independiente y que ese tipo de debates forma parte de la democracia dominicana. “Son desahogos humanos que no afectan la unidad del gobierno”, concluyó.

El proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades penales por el colapso del techo del Jet Set Club continúa avanzando entre expectativas y tensiones. El expediente, que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, empresarios vinculados a la administración del establecimiento, sigue bajo conocimiento del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La tragedia dejó un saldo devastador de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos recientes para la sociedad dominicana.

Durante la última sesión, el tribunal decidió aplazar la audiencia preliminar, estableciendo como nueva fecha el 16 de marzo, con el objetivo de que el Ministerio Público convoque formalmente a todas las víctimas y defina cuáles serán finalmente incorporadas al proceso. Aunque para el 23 de enero se fijó un plazo para fallar sobre solicitudes específicas, será a partir de marzo cuando las audiencias retomarán su curso ordinario cada lunes, con una duración estimada entre cuatro y cinco sesiones.

En el desarrollo del proceso, la defensa de Antonio Espaillat presentó una solicitud clave: la realización de un contraperitaje, con la intención de cuestionar y contrastar los estudios técnicos aportados por el Ministerio Público. El tribunal, por su parte, otorgó 30 días adicionales a los querellantes para depositar documentación pendiente. Cumplido ese plazo, la acusación formal deberá ser notificada a todos los actores procesales.

A la salida del tribunal, el drama humano volvió a hacerse evidente. Familiares de las víctimas manifestaron su indignación y desconfianza hacia el sistema judicial, señalando que “el que tiene dinero abusa del pobre”. Entre los testimonios más desgarradores estuvo el del señor Serafín de Jesús, quien recordó que perdió a su única hija durante el colapso, expresando que la espera prolongada representa una segunda herida para quienes aún reclaman justicia.

La magnitud del caso también se refleja en el volumen de acciones legales. Hasta el momento, se han depositado más de 300 querellas vinculadas al expediente. Debido al clima de tensión, las autoridades dispusieron la militarización del perímetro de la fiscalía, con el propósito de prevenir incidentes entre los familiares y los acusados, quienes abandonaron el lugar sin ofrecer declaraciones públicas.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado, arrestaron a varios hombres y desmantelaron una presunta red de narcotráfico dedicada al transporte de drogas desde la región Sur hacia el Gran Santo Domingo, durante múltiples operativos de interdicción ejecutados en Barahona, Pedernales y Santo Domingo Este. En las intervenciones se ocuparon 209 libras de marihuana, vehículos, un arma de fuego y numerosas evidencias vinculadas a la actividad ilícita.

Como parte de la ampliación de las labores de inteligencia operativa, los equipos antinarcóticos interceptaron una camioneta en el puesto militar de Santa Elena, en la carretera Barahona–Paraíso. Tras la detención del conductor y siguiendo las instrucciones del fiscal actuante, el vehículo fue inspeccionado en presencia del imputado. Durante la revisión, las autoridades encontraron 40 pacas de marihuana con un peso total de 209.56 libras, ocultas entre cocos, guineos y otras frutas, una modalidad utilizada para evadir los controles de seguridad en la zona.

La operación se extendió mediante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Pedernales y Santo Domingo Este. En estas intervenciones fueron ocupados cuatro vehículos, cinco motocicletas, dos Four Wheel, balanzas, un peso electrónico, una pistola con cargador y varias cápsulas, además de documentos y otras evidencias relevantes para el proceso investigativo.

Según el informe oficial, a esta estructura criminal se le daba seguimiento desde hace varios meses. Las investigaciones preliminares indican que se dedicaban a movilizar importantes cargamentos de drogas desde el Sur del país hacia distintos sectores del Gran Santo Domingo, utilizando vehículos adaptados para simular el transporte de productos agrícolas y así evitar los puntos de control.

Durante el operativo fueron arrestados siete hombres, quienes permanecen bajo control del Ministerio Público junto a las evidencias ocupadas, para los fines legales correspondientes. Las autoridades informaron que el caso continúa abierto y que se trabaja en la identificación y captura de otros posibles integrantes de la red.

Los organismos oficiales reiteraron su compromiso de continuar reforzando las acciones conjuntas de prevención y persecución del tráfico ilícito de drogas, en cumplimiento de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y garantizaron que mantendrán la vigilancia permanente en todo el territorio nacional.

Una comisión de policías pensionados volvió a manifestarse este lunes a las afueras del Ministerio de Hacienda para exigir el pago de sus indemnizaciones, pendientes desde el 2 de febrero de 2025. Los exagentes, muchos de ellos con más de tres décadas de servicio, denunciaron que han sido enviados “de una oficina a otra” sin una respuesta formal de las autoridades.

Los manifestantes señalaron directamente a funcionarios vinculados al proceso administrativo, a quienes acusan de no ofrecer información clara ni agilizar el desembolso de los recursos. Aseguran que han recibido versiones de que no se requiere ni préstamo ni presupuesto adicional para cumplir el compromiso, debido a que los fondos ya estarían disponibles, por lo que cuestionan la prolongada espera.

Durante la protesta, los pensionados expusieron la delicada situación que atraviesan numerosos compañeros, algunos con enfermedades terminales y otros que, según dijeron, han fallecido sin lograr recibir los beneficios que les corresponden por ley. “Servimos 30 y 40 años al país, y hoy estamos viviendo en la incertidumbre”, expresaron.

Asimismo, denunciaron presuntas irregularidades en el manejo del proceso, insinuando que existiría un “negocio” detrás de la demora, con el objetivo de desesperar a los beneficiarios para que terminen vendiendo sus sueldos o derechos bajo condiciones desfavorables. Solicitaron una investigación y transparencia en el manejo de los expedientes.

Aunque insistieron en mantener la protesta de forma pacífica, los policías pensionados advirtieron que no se cansarán y que continuarán sus reclamos hasta recibir una respuesta oficial y el pago completo de sus indemnizaciones. Reiteraron su llamado al presidente de la República y a las autoridades de Hacienda para que intervengan y pongan fin a lo que califican como “una injusticia prolongada”.