Author: jablador@admin

El comunicador Julio Hazim aseguró que el presidente Luis Abinader ya no puede ser considerado un político improvisado, sino un gobernante con experiencia de Estado, tras haber acumulado casi 2,000 días en el poder sumando sus dos períodos presidenciales.

Durante su programa Revista 110, Hazim afirmó que Abinader ha gobernado por 1,984 días, lo que, a su juicio, lo “gradúa” como un presidente con experiencia real desde el ejercicio del poder y no solo desde una candidatura. “Ya no es un pino ni un tonto. Sabe perfectamente por qué llegó al poder”, sostuvo.

El analista político destacó que la gestión de Abinader ha transcurrido en un contexto particularmente complejo, marcado por la pandemia del COVID-19, la crisis haitiana, la inestabilidad económica mundial y las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. A pesar de ello, consideró que el mandatario ha sabido manejar escenarios difíciles y que su figura no genera un rechazo generalizado en la población.

“No es un líder amado u odiado, es un presidente aceptado. Cae bien, nadie quiere que fracase. No es popularísimo, pero es aceptado”, expresó Hazim, al tiempo que subrayó que el tiempo no ha sido suficiente para consolidar un liderazgo carismático tradicional, pero sí para adquirir destrezas de gobierno.

Hazim también analizó los factores que facilitaron la llegada de Abinader al poder en 2020 y su reelección en 2024. Señaló como elementos clave la división interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el impedimento a una nueva repostulación de Danilo Medina y el rol de movimientos cívicos como Participación Ciudadana, los cuales —según dijo— contaron con respaldo económico y político de Estados Unidos.

A su juicio, Abinader es consciente de que actualmente controla los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, lo que le otorga una posición política sólida. “Él sabe que hoy tiene todos los poderes y lo sabe perfectamente”, apuntó.

En otro orden, Hazim comentó que el presidente aún dispone de unos 850 días de gestión para “corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho”, exhortándolo a aprovechar ese tiempo para dejar un legado más contundente.

Durante la emisión, también abordó temas coyunturales como el operativo de la Virgen de la Altagracia, destacando la movilización masiva de fieles hacia Higüey y la organización del COE con más de 9,000 colaboradores. Asimismo, mencionó que el ministro de Turismo, David Collado, confirmó que permanecerá en el cargo durante todo el 2026 por solicitud del presidente, descartando por ahora aspiraciones presidenciales.

Finalmente, Hazim consideró que la figura de Abinader se ha ido consolidando con el tiempo, pasando de ser una opción de cambio a un mandatario con experiencia acumulada, cuya gestión será juzgada por su capacidad de rectificar errores y profundizar los aciertos en la etapa final de su segundo mandato.

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La República Dominicana cerró el año 2025 con un preocupante aumento de casos de leptospirosis, al registrar 186 contagios, frente a los 52 reportados en 2024, según datos del boletín epidemiológico número 52 del Ministerio de Salud Pública. La cifra ha encendido la alerta entre padres de familia y comunidades, que llaman a reforzar la higiene en los hogares y a mejorar la gestión de los desechos sólidos.

Ante la situación, ciudadanos consultados por Noticias RNN insistieron en la necesidad de mantener la limpieza, tapar adecuadamente los alimentos y eliminar la presencia de roedores en las viviendas, principales transmisores de esta enfermedad. “Lo que uno tiene que tratar es de mantener la higiene y evitar que haya ratones en la casa y tapar todo muy bien”, expresó una madre preocupada.

Otros padres señalaron que los alimentos deben protegerse mejor, ya que los roedores suelen contaminar superficies y comestibles. “Tratar de cuidar prácticamente los alimentos, que es por ahí por donde ellos andan siempre buscando ese tipo de comida”, indicó otro ciudadano.

Además, varios comunitarios denunciaron deficiencias en la recogida de basura por parte de los ayuntamientos, lo que, aseguran, favorece la proliferación de roedores, especialmente durante la temporada de lluvias. “Hay mucha leptospirosis porque hay basura y no la recogen… por donde quiera hay un montón de basura”, reclamó una residente, mientras otra agregó que en su sector los camiones recolectores han dejado de pasar con regularidad.

La leptospirosis es una enfermedad transmitida principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados por la orina de animales infectados. Entre sus síntomas figuran fiebre, dolor muscular e ictericia, y en casos graves puede provocar daños renales y hepáticos.

Como nota positiva, las autoridades sanitarias informaron que, a diferencia de la leptospirosis, el país logró reducir en 2025 los casos de dengue, con un acumulado de 326 contagios en todo el año.

Las autoridades y la ciudadanía coinciden en que la prevención, mediante la higiene, el control de roedores y una adecuada recogida de basura, es clave para frenar el avance de esta enfermedad en las comunidades.

Pekín.– El Gobierno de China urgió este lunes a Estados Unidos a dejar de instrumentalizar la supuesta “amenaza china” como justificación para su ambición de apoderarse de Groenlandia, en medio del aumento de tensiones geopolíticas en el Ártico.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que “el derecho internacional, fundamentado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, constituye la base del orden internacional vigente y debe ser defendido”. En ese sentido, instó a Washington a abandonar lo que calificó como un pretexto para “buscar beneficios egoístas” en el territorio autónomo danés.

Pekín sostuvo que cualquier disputa en torno a Groenlandia debe resolverse conforme al derecho internacional y reiteró su llamado a la cooperación pacífica en la región. “La parte estadounidense debe dejar de utilizar la llamada ‘amenaza china’ como excusa para avanzar en intereses propios”, subrayó Guo.

La reacción china se produce tras una serie de comentarios y decisiones de la Administración estadounidense relacionados con Groenlandia, incluyendo la intención de Washington de imponer aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero —que subirían al 25 % en junio— sobre productos de varios países europeos como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia. Estas medidas estarían vinculadas a la oposición de esos gobiernos a un eventual acuerdo para que Estados Unidos adquiera el territorio.

El Gobierno estadounidense ha argumentado que la compra de Groenlandia, rica en recursos naturales y de alto valor estratégico, sería necesaria para evitar que potencias como Rusia o China ganen influencia en el Ártico. Sin embargo, acusaciones sobre una supuesta presencia militar de buques rusos y chinos en las cercanías de la isla han sido desmentidas por fuentes escandinavas con acceso a inteligencia de la OTAN.

China reiteró que su política en la región ártica se basa en un enfoque pacífico y de cooperación, rechazando las interpretaciones que la catalogan como una amenaza. Asimismo, advirtió que promover una narrativa de “amenaza china” para justificar intereses propios “socava la estabilidad del sistema internacional” y eleva innecesariamente la tensión entre potencias.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió que las personas que intenten renovar una cédula de identidad y electoral falsa serán identificadas y sometidas a la justicia, como parte del proceso de depuración del registro civil, previo a la renovación general prevista para abril.

Durante sus declaraciones, el funcionario señaló que quienes obtuvieron su documento mediante suplantación o falsificación no deben acudir al proceso de renovación. “Aquellas personas, cuando comience el proceso general en abril, que sepan que han tenido algún tipo de duda porque consiguieron su cédula en algún tipo de suplantación o falsificación, que no vayan porque van a caer presos”, expresó.

Jáquez Liranzo aclaró que la renovación del documento no consiste en un simple reemplazo, sino que está sujeta a una revisión exhaustiva de los datos civiles de cada solicitante.

Indicó que el proceso de depuración del registro civil se inició en diciembre de 2024 y forma parte de un trabajo institucional continuo. Explicó que la nueva cédula no será entregada de manera automática, ya que cada caso será evaluado conforme a los registros oficiales.

Asimismo, precisó que el nuevo carné solo será emitido a “personas habilitadas con un acta de nacimiento debidamente validada”, como requisito indispensable para completar el trámite.

Las declaraciones fueron ofrecidas al salir de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras la rendición de cuentas correspondiente al año 2025 del presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier.

Las autoridades electorales mantienen el proceso de verificación activo, como parte de las medidas para garantizar la legalidad y transparencia del sistema de identificación nacional.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, advirtió al Poder Judicial que destituir a un juez por el contenido de sus sentencias constituye una violación al principio de independencia judicial, al presentar las memorias correspondientes al año 2025 en un acto solemne al que asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, los presidentes del Congreso Nacional y el expresidente Leonel Fernández, entre otros invitados.

Durante su rendición de cuentas, Estévez Lavandier destacó que el TC alcanzó un récord histórico en la evacuación de expedientes. “En 2025 el Tribunal Constitucional recibió 1,820 expedientes de fondo y falló 1,809, lo que representa una capacidad de respuesta del 99.3%”, señaló.

Entre las decisiones más relevantes, el magistrado resaltó la sentencia que fija un precedente frente al órgano disciplinario de la Suprema Corte de Justicia, al establecer que ningún juez puede ser destituido por las decisiones emitidas en el ejercicio de su función jurisdiccional. “En virtud del principio de independencia judicial, las sentencias de un tribunal no pueden ser utilizadas como argumento legal para destituir a ese juez”, precisó.

Asimismo, recordó que el TC prohibió el uso de “motes” o apodos en los procesos judiciales, tanto por parte de las autoridades como de los medios de comunicación, al considerar que esa práctica vulnera derechos fundamentales y afecta la presunción de inocencia.

En otra sentencia de alto impacto, el Tribunal Constitucional advirtió que no se pueden interceptar teléfonos de jueces mediante reglamentos o actos administrativos, estableciendo que solo la Constitución y las leyes pueden habilitar ese tipo de medidas. “Ningún acto fuera del marco legal puede justificar la interceptación de comunicaciones de magistrados”, subrayó.

Estévez Lavandier concluyó asegurando que el Tribunal Constitucional, bajo su presidencia, no actuará de espaldas a los intereses de la patria ni a sus leyes, y reiteró el compromiso de la alta corte con la defensa del Estado de derecho y las garantías constitucionales en la República Dominicana.

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El exprocurador general de la República y dirigente político Radhamés Jiménez afirmó que el actual gobierno no está combatiendo la corrupción y sostuvo que será necesario esperar a que salga del poder para que pueda ser sometido a la justicia por los presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión.

“Este gobierno hay que esperar que ellos salgan del poder para someterlo a la justicia”, expresó Jiménez, al tiempo que aseguró que en la historia democrática dominicana nunca antes un caso de corrupción había afectado de manera tan sensible a la sociedad como el que calificó como el “caso del NSA”, al que definió como un crimen de lesa humanidad.

Según el exfuncionario, en ese expediente el Ministerio Público habría establecido el robo de alrededor de un billón de pesos, lo que —a su juicio— provocó consecuencias devastadoras para la población más pobre. “Eso significó que miles de dominicanos pudieron perder la vida, y los que no la perdieron están en una situación lamentable”, declaró.

Jiménez sostuvo que ese supuesto desfalco no solo impactó directamente a los sectores vulnerables, sino que también habría sido utilizado con fines políticos. “El gran porcentaje de ese dinero que se robó se utilizó para comprar las elecciones del año 2024. Eso significa que este gobierno tiene raíces ilegítimas, porque se usaron fondos públicos robados al Estado y se manipuló a los pobres para permanecer en el poder”, afirmó.

El dirigente político cuestionó además el discurso oficial de lucha contra la corrupción y puso en duda la independencia de las instituciones encargadas de perseguirla. “Ellos dicen que están combatiendo la corrupción diferente a otros gobiernos. ¿Cómo la están combatiendo? Hay un Ministerio Público y un Poder Judicial que no están haciendo nada”, señaló.

En ese contexto, recordó que —según su versión— la verdadera independencia del Ministerio Público se estructuró durante gestiones anteriores. “Ese Ministerio Público independiente se creó en la gestión nuestra, cuando se estableció la carrera, la inamovilidad de los fiscales y se apartó la política del órgano persecutor. Básicamente fue una gestión que nosotros realizamos”, concluyó.

Las declaraciones de Jiménez se producen en medio de un clima de alta polarización política y de cuestionamientos cruzados sobre la efectividad de las políticas anticorrupción del actual gobierno, así como sobre la credibilidad de las investigaciones en curso.

Varios de los principales casos de corrupción que involucran a exfuncionarios civiles y militares del pasado gobierno avanzan hacia sus etapas finales en los tribunales, en lo que marcaría un hito dentro de los primeros procesos impulsados por el Ministerio Público desde la llegada al poder del presidente Luis Abinader.

Uno de los expedientes más avanzados es el caso Coral/Coral 5G, en el que el órgano persecutor volvió a señalar al general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), como el presunto cabecilla de una red que habría sustraído más de 4,500 millones de pesos de las arcas del Estado.

Según la acusación, Cáceres, junto a otros imputados como Rafael Núñez, no ha podido justificar el crecimiento de su patrimonio, cuyos estados financieros fueron descritos por el Ministerio Público como “agresivos” y carentes de respaldo legal. La Procuraduría sostiene que los préstamos adquiridos por los implicados no guardan relación con los activos presentados, ni justifican el nivel de enriquecimiento detectado.

El Ministerio Público tiene plazo hasta el 27 de enero para concluir sus alegatos y solicitar al Primer Tribunal Colegiado condenas contra 30 personas y 18 empresas acusadas de estafar al Estado dominicano en este entramado.

En tanto, el caso Medusa, que involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, continuará el próximo 28 de enero ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El expediente incluye más de 40 personas y 22 empresas acusadas de un presunto desfalco de 41,000 millones de pesos durante el período 2016-2020, cuando Rodríguez dirigía la Procuraduría General de la República.

Por otro lado, el caso Calamar, que involucra a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, se encuentra en la fase final de la etapa preliminar. En estos momentos, el proceso avanza con la exposición de las defensas técnicas de Guerrero y Peralta, como parte del cierre de esta etapa procesal.

Con la conclusión de estos tres casos emblemáticos, la Procuraduría General de la República se encaminaría a cerrar los primeros grandes procesos por corrupción sometidos desde el inicio de la actual administración, reforzando el discurso oficial de lucha contra la impunidad y el uso indebido de los fondos públicos.

 

El Gobierno de El Salvador continúa fortaleciendo su programa de apoyo a la educación pública con la entrega gratuita de kits escolares a estudiantes del sistema oficial, una política impulsada desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele. La iniciativa tiene como objetivo reducir la deserción escolar y aliviar la carga económica de miles de familias en todo el país.

Los paquetes escolares incluyen zapatos estudiantiles, cuadernos, colores, lápices, tijeras, reglas, marcadores, lapiceros, libros, dos uniformes completos y una computadora de marcas reconocidas. De acuerdo con cifras oficiales, la inversión acumulada del programa asciende a cerca de 800 millones de dólares desde el inicio del actual gobierno.

La ministra de Educación, Karla E. Trigueros, informó que para los estudiantes de cuarto grado el paquete escolar contempla uniformes, cuadernos, lapiceros, colores y una computadora, entre otros insumos. La funcionaria señaló que la iniciativa busca garantizar mejores condiciones de aprendizaje y acceso a herramientas educativas desde los primeros años de formación.

A través de sus canales oficiales, el Gobierno reiteró que la educación de millones de niños y jóvenes sigue siendo una prioridad, por lo que avanza en la preparación de los paquetes escolares del sistema público, los cuales serán entregados de manera oportuna para asegurar el beneficio de la comunidad estudiantil.

Asimismo, la ministra Trigueros supervisó el proceso de preparación de los dispositivos electrónicos que serán entregados a los estudiantes, como parte del fortalecimiento a la educación que impulsa el Ejecutivo salvadoreño, en un esfuerzo por modernizar el sistema educativo y promover la inclusión digital en las aulas.