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Pese a una prohibición expresa del Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio Público continúa utilizando apodos y denominaciones simbólicas para identificar expedientes de corrupción administrativa, práctica que de acuerdo con juristas constituye una violación a derechos fundamentales y un desacato a la más alta corte del país.

Desde 2020, nombres como Pulpo, Antipulpo, Calamar, Coral, Medusa, entre otros, se han convertido en etiquetas mediáticas para referirse a procesos judiciales de alto perfil. Más recientemente, “Nido” y “Cobra” se han sumado a la lista. Sin embargo, en abril de este año, la sentencia TC-0225/25 prohibió explícitamente esta práctica, al determinar que vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho al honor y el buen nombre de los procesados.

El abogado constitucionalista Fredermiro Ferreras aseguró que la desobediencia no sorprende, pues —según afirma— desacatar decisiones del Tribunal Constitucional “se ha vuelto costumbre” en la administración pública.“Recordemos que hay más de 200 decisiones del Tribunal Constitucional que el Gobierno y distintas instituciones públicas simplemente no cumplen”, sostuvo.

Ferreras atribuye la reincidencia al hecho de que el propio Tribunal Constitucional no aplica sanciones efectivas que obliguen a ejecutar sus sentencias.“El TC no impone astreintes ni sanciones directas a los funcionarios que desacatan sus decisiones, aun cuando los abogados las solicitamos”, explicó.

Otros juristas consultados tienen una visión distinta, señalando que, aunque el uso de sobrenombres puede resultar irrelevante para algunos, existen casos más graves donde sí se han incumplido decisiones judiciales de manera abierta.“El TC tiene la última palabra, y cuando se ordena, por ejemplo, el reintegro de policías y no se cumple, estamos ante un verdadero desacato”, afirmó uno de los expertos.

La sentencia que originó el debate fue emitida tras una acción interpuesta por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, quien alegó que el uso de estos nombres afectaba sus derechos fundamentales.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido una explicación sobre por qué persiste en utilizar estas denominaciones pese a la prohibición constitucional. Entretanto, el debate continúa sobre el alcance del desacato y el impacto de estas prácticas en la justicia dominicana.

 

El expresidente del TC, Milton Ray Guevara, denunció que personas desaprensivas han falsificado su firma y un sello institucional para ejecutar supuesto acto de alguacil, mediante el cual se ordenaba la entrega de un inmueble a nombre de un ciudadano llamado Freddyer Merán.

Guevara explicó que el documento, fechado el 8 de diciembre, contenía su firma “burdamente adulterada”, acompañada de un sello falsificado de la Presidencia del TC, órgano del que salió el 28 de diciembre de 2023.

Calificó el hecho como “grave y peligroso”, advirtiendo que este tipo de maniobras puede inducir a error a ciudadanos que crean estar recibiendo órdenes de autoridades legítimas. Informó que ya contactó a la Asociación Dominicana de Alguaciles, a la Policía Nacional, y que procederá legalmente “hasta las últimas consecuencias”. “Con las nuevas tecnologías, muchos creen que pueden hacerlo todo impunemente”, afirmó.

Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura: “No debieron poner al presidente en esa posición”

Consultado sobre el reciente proceso de evaluación de jueces de la SCJ, Ray Guevara reiteró que desde hace años ha expresado su desacuerdo con la exclusución del Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura.

Opinó que la situación vivida recientemente —donde tres magistrados no fueron ratificados— pudo manejarse de forma distinta: “Yo no hubiese querido que el presidente de la República tuviera que decidir sobre la permanencia de jueces. El sistema es ese, pero pudo haberse suspendido o pospuesto para buscar entendimiento.”

Subrayó que el presidente Abinader “no ha hecho nada diferente a lo que han hecho otros presidentes”, pues el CNM funciona conforme al marco que actualmente establece la Constitución.

Ray Guevara aclaró de forma categórica que el acuerdo de cooperación firmado recientemente entre República Dominicana y Estados Unidos no guarda relación alguna con el tratado de 2015 que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.

Recordó que aquel convenio otorgaba a personal militar y contratistas estadounidenses una serie de privilegios extraordinarios, como:

• uso del espectro radioeléctrico,

• libre circulación por el país,

• exenciones de impuestos,

• portar uniformes y armas,

• ingreso y salida de equipos sin restricciones.

Por el contrario, el exmagistrado señaló que lo firmado ahora se ajusta a acuerdos ya vigentes desde 1995 y 2003, relacionados con la lucha contra el narcotráfico, tráfico ilícito marítimo y operaciones conjuntas para persecución del crimen organizado.

“RD no puede cambiar su línea: o estamos contra la droga, o estamos con la droga”

El jurista destacó que la cooperación antidroga con Estados Unidos ha sido constante por décadas, pero reconoce que en la gestión del presidente Luis Abinader se ha fortalecido como nunca:

“Los Estados Unidos han reconocido la voluntad del Gobierno dominicano. No podemos cambiar esa línea porque la droga destruye a la sociedad dominicana.”

Citó la estrategia de seguridad estadounidense NDS 2026, que aumenta la cooperación técnica, asistencia judicial y extradiciones, y coloca la lucha contra el crimen organizado como prioridad geopolítica.

La periodista Altagracia Salazar reveló este martes la magnitud del presunto entramado de corrupción que operaba dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), asegurando que la red ilícita generaba ingresos extraordinarios para su exdirector, Santiago Hazim, ascendentes a dos millones de pesos diarios. Según explicó en su programa Sin Maquillaje, documentos del Ministerio Público indican que Hazim habría recibido más de 2,800 millones de pesos en cuatro años, muy por encima de su salario legal como funcionario.

Salazar detalló que el modus operandi de la red incluía facturación ficticia, sobrefacturación de tratamientos oncológicos y pagos a empresas vinculadas que actuaban como “lavadoras” de fondos públicos. El testigo clave del Ministerio Público, Pablo José Ortiz, habría confirmado cómo por cada millón pagado a empresas del grupo RIT, un porcentaje se desviaba hacia prestadoras utilizadas para blanquear los recursos. “Este es el caso más siniestro y cruel que ha tocado el PECA”, citó Salazar al magistrado Wilson Camacho.

Los fiscales también señalan que el esquema afectó directamente la salud de miles de afiliados, negándoles tratamientos reales mientras se cobraban servicios inexistentes. Radioterapias, quimioterapias, cirugías y hasta hemodiálisis a pacientes fallecidos figuran entre las irregularidades detectadas. En paralelo, el Ministerio Público investiga el lujoso patrimonio del exfuncionario, incluyendo una villa en Casa de Campo que se alquila por hasta US$2,200 por noche, presuntamente no declarada en su patrimonio.

La Operación Cobra nombre dado al caso continúa ampliándose, con nuevas pruebas financieras y forenses que, según el Ministerio Público, confirman un “entramado frío, inhumano y sistemático” para desfalcar recursos destinados a la salud de los dominicanos.

La suspensión de la audiencia de medida de coerción en el Caso SeNasa desató este miércoles un intenso debate en el programa “Hoy Mismo”, donde los comunicadores Dany Alcántara y Óscar Medina analizaron la complejidad del expediente, el rol del Ministerio Público y las implicaciones que este proceso tiene para el cierre del año.

El Ministerio Público presentó más de 500 páginas solo para la solicitud de coerción, lo que obligó al tribunal a aplazar la audiencia. Para Alcántara, este volumen refleja la magnitud del caso, pero también anticipa que la acusación formal podría superar las 10,000 páginas, dado el patrón histórico del órgano acusador.

Dany Alcántara: “El Caso SeNasa intranquiliza el cierre del año”

Durante su intervención, Alcántara señaló que el país esperaba una Navidad más tranquila, pero que la situación de SeNasa —junto a otros debates legislativos— mantiene el ambiente en tensión.

El comunicador planteó dudas sobre si los 10 imputados iniciales representan la totalidad de los responsables del desfalco de más de RD$15,000 millones, y destacó que el MP ha dejado abierta la posibilidad de que la investigación pueda escalar hacia más actores.

“Si en la investigación hay que llegar más lejos, se llegará más lejos”, afirmó Alcántara, destacando que varias empresas y personas mencionadas públicamente aún deben ser esclarecidas: “Si no tienen responsabilidad, que se investigue y que se diga”.

Óscar Medina critica el manejo procesal del Ministerio Público

Óscar Medina fue más contundente y cuestionó la forma en que el Ministerio Público presenta sus solicitudes de coerción.

A su juicio, el MP suele convertir este instrumento —que debe ser puntual y breve— en una acusación anticipada, cargada de detalles que terminan filtrándose a la prensa y creando una narrativa que “aniquila la presunción de inocencia”.

“Una solicitud de coerción no puede ser una acusación de 537 páginas. Esa estrategia destruye la presunción de inocencia; ya esa gente queda marcada como ladrones aunque el proceso no haya iniciado”, expresó Medina.

El comunicador también criticó los acuerdos de colaboración del MP, señalando que en República Dominicana la cooperación se premia con impunidad total, a diferencia de otros países donde los colaboradores deben cumplir sentencias reducidas.

El debate sobre “El Gordo” y los acuerdos de colaboración

Uno de los puntos más polémicos fue la mención del delator conocido como “El Gordo”, figura clave en varios expedientes, incluyendo Calamar, quien según el MP no está imputado en Senasa debido a su colaboración.

Ambos comunicadores consideran que esta práctica envía un mensaje equivocado a la sociedad.

Medina ejemplificó con dureza: “Aquí parece que el mensaje es: póngase al lado del funcionario, coja unos cuartos y cuando explote todo, sea el primero en ir al Ministerio Público, devuelva una parte y cante. Entonces sale sin consecuencias”.

Durante la discusión, señalaron además que otros colaboradores, como empresarios que admitieron haber pagado sobornos, sí están detenidos, lo que genera inconsistencias en los criterios de imputación.

“Esperemos el jueves”: expectativa por la próxima audiencia

Ambos comunicadores coincidieron en que la audiencia reprogramada podría marcar un giro importante en el expediente, especialmente en lo relacionado con los colaboradores, los acuerdos y la posible inclusión o exclusión de nuevas figuras.

Medina advirtió que si el Ministerio Público no corrige estas inconsistencias antes de que avance el proceso, el impacto social y político podría ser significativo: “Este gobierno tiene tres años por delante. Si MP no ayuda y la justicia no ayuda, aquí pueden pasar cosas”.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) fue reconocido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) por su destacada labor en la promoción de la meritocracia y la igualdad de oportunidades dentro del Estado, como parte de la Campaña Nacional por la Integridad 2025: “Dominicana Sin Corrupción”.

Durante el acto, la subdirectora general del IDAC, Paola M. Plauello, resaltó que este reconocimiento reafirma el compromiso de la institución con la ética, la transparencia y los procesos de selección basados en capacidades reales. Aseguró que el IDAC continuará fortaleciendo sus mecanismos internos para garantizar un servicio público más eficiente y profesional.

Por su parte, la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, exhortó a las demás instituciones estatales a imitar estas prácticas y a seguir impulsando políticas que fortalezcan la lucha contra la corrupción. Indicó que la meritocracia es clave para construir una administración pública más confiable y orientada al bienestar ciudadano.

Las investigaciones preliminares del Ministerio Público sobre el caso SeNaSa revelan que el exdirector de esa entidad, Santiago Hazim (Jasín), habría recibido sobornos que superan los RD$1,165 millones para garantizar la continuidad de los contratos otorgados a la empresa Nutrimet (Nutri-Med) dentro del programa Adulto Mayor.

De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción depositada contra Hazim y otras nueve personas, la presunta estructura criminal operó dentro de SeNaSa desde agosto de 2020, logrando un esquema sistemático de cobros ilegales a cambio de mantener los millonarios contratos de suplencia nutricional. El Ministerio Público calificó el expediente como “uno de los casos más grandes, siniestros y crueles” investigados hasta la fecha, debido a que compromete la salud de más de 8 millones de dominicanos, especialmente la población más vulnerable.

Según el órgano acusador, la empresa representada por la imputada Cintia Acosta habría entregado al empresario José Pablo Ortiz Giraldes, persona de confianza de Hazim, un total de RD$529 millones en efectivo y mediante contratos ficticios con compañías creadas para simular servicios. El 90% de esos fondos llegaba directamente a Hazim en dólares, entregados en restaurantes, vehículos, apartamentos rentados en Airbnb e incluso en plena vía pública.

El mecanismo cambió cuando Ortiz Giraldes fue investigado por el caso Calamar. A partir de ese momento, el consultor jurídico de SeNaSa, Germán Rafael Robles, asumió el rol de recolectar el 30% de los sobornos para mantener los contratos con Nutrimet. Esta modificación permitió recaudar otros RD$536 millones en efectivo entre 2022 y 2023, según la acusación.

El expediente también detalla que Hazim habría empezado a recibir beneficios antes de su designación oficial, incluyendo vehículos de alta gama entregados por empresarios que posteriormente resultaron favorecidos con contratos de la institución.

El Ministerio Público aseguró que su propósito es que todos los implicados respondan ante la justicia: “Esperamos que cada una de las personas que participó en este entramado se siente en el banquillo de los acusados.