El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, presentó este miércoles ante legisladores de esa organización un proyecto de ley que propone modificar la normativa que rige a los partidos políticos en la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la integridad del sistema democrático y evitar la infiltración del crimen organizado en la actividad política.
Durante la presentación de la iniciativa, Paliza explicó que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas, reforzando además los mecanismos de control del financiamiento político para prevenir el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas.
El también ministro de la Presidencia advirtió que la política debe responder con firmeza ante los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia, señalando que se trata de un desafío que no puede ser ignorado por los partidos ni por las instituciones del Estado.
“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, expresó Paliza al presentar la propuesta.
La iniciativa contempla la implementación de programas de cumplimiento normativo dentro de los partidos, destinados a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.
Asimismo, el proyecto plantea establecer procedimientos de debida diligencia y verificación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, incluyendo mecanismos de trazabilidad que permitan identificar a los aportantes y evitar el uso de recursos provenientes de actividades ilegales.
Entre las nuevas disposiciones también se incluyen requisitos de integridad más estrictos para los aspirantes a cargos electivos, como la presentación de certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para verificar la información suministrada ante las autoridades partidarias.
