Las autoridades de El Salvador iniciaron un proceso judicial sin precedentes contra cerca de 500 presuntos miembros y cabecillas de la MS-13, en lo que se considera uno de los mayores juicios colectivos en la historia reciente del país.
Según el Gobierno salvadoreño, los imputados estarían vinculados a la orden de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, feminicidios, extorsiones, tráfico de armas y desapariciones forzadas, lo que refleja la magnitud de las acusaciones presentadas ante los tribunales.
El proceso se desarrolla en el marco del estado de excepción vigente, una medida implementada por el Ejecutivo que permite la suspensión de ciertos derechos fundamentales, con el objetivo de enfrentar la criminalidad asociada a las pandillas.
Este régimen especial también ha facilitado la detención prolongada de los sospechosos sin necesidad de audiencias inmediatas, lo que ha permitido la organización de juicios masivos como este, enfocados en desarticular estructuras criminales de gran alcance.
El megajuicio ha generado atención tanto a nivel nacional como internacional, al ser visto como un paso clave en la estrategia de seguridad del país, aunque también ha despertado debates sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen y el respeto a las garantías procesales.
¿Quienes son?
Los líderes de la MS-13 en El Salvador no se concentran en una sola figura visible, sino en una estructura jerárquica compuesta por cabecillas conocidos como “ranfla”, que históricamente han coordinado las operaciones de la pandilla tanto desde el territorio como desde centros penitenciarios. Entre los nombres más señalados por las autoridades en distintos procesos judiciales figuran José Adán Salazar Umaña, vinculado al financiamiento de la organización, así como líderes operativos como César Humberto López Larios y Eduardo Hernández Martínez, identificados en investigaciones como parte de la estructura de mando.
No obstante, la dinámica de la pandilla ha cambiado en los últimos años debido a capturas masivas y al régimen de excepción impulsado por el gobierno, lo que ha debilitado o fragmentado su liderazgo tradicional. Muchos de estos cabecillas han sido detenidos o enfrentan procesos judiciales, por lo que la dirección de la MS-13 tiende a ser más dispersa y adaptable, con mandos intermedios que asumen funciones operativas en distintas zonas del país.
