Author: jablador@admin

La comunicadora Diulka Pérez consideró que la imposición de 18 meses de prisión preventiva a varios de los principales implicados en el caso Senasa constituye un mensaje claro a la sociedad dominicana de que no debe haber impunidad frente a los actos de corrupción, especialmente cuando afectan instituciones creadas para servir a los sectores más vulnerables.

Durante su comentario en el programa de Z Digital, Pérez sostuvo que quienes participaron en el presunto entramado de fraude contra el Seguro Nacional de Salud deben asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. “Así mismo como fueron valientes para hacer lo que hicieron, que sean valientes para enfrentar esos 18 meses de medida de coerción”, expresó.

La comunicadora enfatizó que nadie involucrado puede alegar desconocimiento, al señalar que se trata de personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. En ese sentido, lamentó que jóvenes sin aparentes necesidades económicas se vieran envueltos en el caso, calificando la situación como una “pena innecesaria”.

Diulka Pérez resaltó que Senasa es una institución que ha sido defendida históricamente por su rol en la protección de los más pobres, razón por la cual —dijo— la indignación ciudadana es comprensible. Recordó que en las afueras de la Fiscalía del Distrito Nacional se congregaron influencers y ciudadanos de distintos sectores para exigir que no se otorgaran medidas benignas a los imputados.

Asimismo, afirmó que la población está cansada de los escándalos de corrupción, sin importar quién los cometa. “Este pueblo no quiere impunidad, y eso lo sabe el gobierno, el Ministerio Público y la justicia”, subrayó.

Finalmente, la comunicadora insistió en que el proceso judicial debe continuar sin privilegios y con firmeza, al considerar que solo así se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema de justicia dominicano.

Las agresiones físicas atribuidas a agentes de la Policía Nacional en contra de un primer teniente del Ejército Nacional han provocado preocupación e indignación entre los residentes de la comunidad Quijá Quieta, en el municipio de Moca, provincia Espaillat, quienes reclaman el esclarecimiento del hecho y sanciones para los responsables.

De acuerdo con informaciones preliminares y testimonios de testigos, el incidente se produjo cuando miembros de la Policía intentaron apresar de manera violenta al hijo del oficial. Al percatarse de la situación, el militar acudió al lugar y se identificó como miembro del Ejército Nacional; sin embargo, esta condición no habría sido tomada en cuenta por los agentes actuantes.

Durante el altercado, el primer teniente, identificado como Reeva, fue detenido, agredido físicamente y despojado de su arma de reglamento, resultando con lesiones, según relataron personas presentes en el lugar. El hecho ha generado reacciones de rechazo en la comunidad, cuyos moradores consideran que la actuación policial fue desproporcionada.

Tanto el militar como su hijo han solicitado una investigación exhaustiva que permita establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una versión oficial sobre lo ocurrido.

Se espera que las autoridades competentes profundicen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si hubo violaciones a los protocolos de actuación por parte de los agentes involucrados.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arribó ayer a su 52 aniversario de fundación, una fecha que fue abordada en el programa Hoy Mismo, donde comunicadores y analistas resaltaron tanto los aportes de esa organización política a la vida democrática del país como los desafíos que enfrenta el sistema de partidos en la actualidad.

Durante el espacio televisivo se destacó que el PLD figura entre los partidos más exitosos de la historia democrática de la República Dominicana, al haber gobernado durante 20 años: cuatro en una primera etapa bajo la presidencia de Leonel Fernández, ocho años posteriores también encabezados por Fernández y otros ocho años con Danilo Medina al frente del Poder Ejecutivo. Ese período, según se comentó, permitió al partido exhibir importantes transformaciones, entre ellas la modernización del Estado y mejoras en áreas que históricamente presentaban debilidades.

Los panelistas recordaron que, pese a los avances logrados durante los gobiernos peledeístas, también se registraron escándalos de corrupción que afectaron la imagen del partido, tanto en la gestión de Danilo Medina como en la de Leonel Fernández, algunos de los cuales llegaron a los tribunales y otros se quedaron en el debate público. No obstante, se citó una encuesta reciente que posiciona al PLD como una de las organizaciones políticas percibidas por la población como más preparada para gobernar.

El análisis también se extendió al contexto político actual, marcado por casos de corrupción que involucran a funcionarios del partido oficialista, lo que, según se expresó, obliga a una reflexión profunda sobre la conducción de los partidos y las expectativas ciudadanas en torno a la transparencia. En ese sentido, se reconoció la actitud del presidente Luis Abinader de permitir que las investigaciones avancen y de adoptar medidas frente a los señalamientos, incluyendo sometimientos a la justicia.

Sin embargo, los comentaristas advirtieron sobre un fenómeno preocupante: la creciente desafección política. Se citó un estudio que indica que un 41 % de la población no se identifica con ningún partido político, lo que genera incertidumbre sobre la confianza ciudadana en el sistema democrático y abre espacio a discursos antisistema.

Finalmente, durante el programa se llamó a preservar la estabilidad política y social del país, evitando generalizaciones y promoviendo que la justicia actúe con independencia. En el marco del aniversario del PLD, se resaltó la necesidad de madurez política por parte de todas las organizaciones, a fin de fortalecer la institucionalidad democrática y responder a las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó el apresamiento de una mujer y la identificación de tres hombres vinculados a la balacera en la que un niño de 10 años perdió la vida y otras dos mujeres resultaron heridas, durante un ataque armado ocurrido en el sector Simónico, en Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.

La detenida fue identificada como Iliana Janoy de los Santos Valbuena, de 38 años, quien fue arrestada mediante orden judicial. Según las autoridades, la mujer es señalada como la persona que habría cedido la jepeta marca Kia Sorento, color negro, utilizada por los presuntos autores del hecho para desplazarse antes y después del ataque.

En tanto, la Policía identificó como presuntos responsables directos del tiroteo a Jorge Alberto Osuna Marte, Gabriel Pérez Gómez y Albert Ricardo Peña Félix, quienes permanecen prófugos. Las autoridades indicaron que se mantiene activa su localización y captura para que respondan ante la justicia por los hechos que se les imputan.

El violento incidente dejó como saldo la muerte del menor, así como dos mujeres heridas por proyectiles de arma de fuego, quienes recibieron atenciones médicas, mientras continúa el proceso investigativo para esclarecer las circunstancias y el móvil del ataque.

La Policía Nacional exhortó a los tres hombres señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente, a fin de evitar mayores consecuencias legales y permitir el avance de las investigaciones en torno a este trágico suceso que ha consternado a la comunidad de Villa Duarte.

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la carretera El Cercado–Hondo Valle–Juan Santiago, en la provincia Elías Piña, una obra largamente demandada por las comunidades del sur profundo y que permitirá reducir el tiempo de recorrido de aproximadamente dos horas a apenas 30 minutos.

La información fue abordada en el programa Hoy Mismo, donde se destacó que la obra tuvo una inversión cercana a los RD$1,000 millones y representa un alivio significativo para los residentes de la zona, quienes por años enfrentaron grandes dificultades debido al avanzado deterioro de esta vía, considerada la principal conexión entre varias comunidades de la región.

Durante el espacio televisivo se explicó que, aunque se trata de una carretera existente, fue sometida a una rehabilitación integral, ya que su estado previo hacía el tránsito lento y peligroso. Comunicadores del programa coincidieron en que el trayecto se había convertido en “un infierno” para conductores y pasajeros, debido a las malas condiciones del pavimento.

En su discurso, el presidente Abinader señaló que la rehabilitación de esta carretera no solo impactará positivamente la movilidad, sino que también impulsará el desarrollo económico y el turismo en la zona, caracterizada por su clima agradable y su potencial paisajístico. El mandatario resaltó que este tipo de infraestructuras contribuyen a integrar comunidades históricamente aisladas.

El programa Hoy Mismo también resaltó la importancia de esta obra para las familias que, especialmente en fechas festivas, se trasladan desde la capital y otras provincias para visitar a sus parientes en El Cercado, Hondo Valle y comunidades cercanas, logrando ahora un ahorro considerable en tiempo y combustible.

Comunicadores felicitaron al Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades involucradas, al considerar que la inauguración de esta carretera responde a una demanda histórica de la población de Elías Piña y constituye un aporte clave para mejorar la calidad de vida y el desarrollo regional.

Cientos de ciudadanos se concentraron ayer domingo en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para expresar su indignación y exigir justicia ante el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el presunto entramado de corrupción destapado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Desde horas de la tarde, la multitud se mantuvo apostada frente al palacio judicial, portando pancartas, coreando consignas y exhibiendo fotografías de familiares que, según denunciaron, perdieron la vida por falta de medicamentos y por la negativa de cobertura de sus seguros de salud. Varios manifestantes ofrecieron testimonios sobre las dificultades enfrentadas en centros médicos de la capital al no recibir respuesta de la ARS estatal.

Con el avance de la jornada, a la protesta pacífica se sumaron más personas, entre ellas integrantes de la denominada Antigua Orden Dominicana, lo que incrementó la presencia ciudadana en el entorno del Palacio de Justicia. La manifestación se extendió hasta entrada la noche, con los participantes asegurando que no se retirarían del lugar hasta conocer la decisión del tribunal.

Ante la concentración, fue reforzada la seguridad con la presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien ordenó garantizar el orden y la integridad de los manifestantes y del perímetro judicial. El oficial explicó que más de 600 agentes fueron desplegados como parte de una reserva estratégica destinada a responder a este tipo de situaciones, sin afectar la seguridad de otros sectores de la capital.

En el lugar también se dieron cita reconocidos juristas, personalidades de la sociedad civil y numerosos medios de comunicación, que instalaron unidades móviles para dar seguimiento al proceso judicial, considerado uno de los casos de corrupción administrativa que más ha impactado a la opinión pública en los últimos tiempos.

Mientras en el exterior continuaban las protestas, en el interior del Palacio de Justicia el Ministerio Público y los abogados de los imputados permanecían a la espera de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, subiera a estrado para dar lectura a la medida de coerción, la cual había sido pautada para horas de la tarde, pero registraba retrasos.

El Ministerio Público reiteró su solicitud de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, argumentando la magnitud del presunto fraude, la pluralidad de víctimas y el impacto sobre una ARS que brinda cobertura a más de siete millones de dominicanos. La multitud, visiblemente enardecida, insistió en que los principales implicados deben cumplir prisión preventiva y no medidas menos gravosas.

En un emotivo y significativo acto de fe, un total de 76 parejas formalizaron su unión matrimonial y otras renovaron sus votos durante la celebración de las Bodas Colectivas 2025 del Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, una iniciativa orientada a promover la consolidación del núcleo familiar a través del matrimonio cristiano.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente cargado de amor, esperanza y espiritualidad, donde los contrayentes encomendaron sus vidas a Dios como base para fortalecer sus hogares. Sonrisas, miradas, cómplices y promesas marcaron el evento, que fue descrito por los asistentes como un momento de profundo significado personal y espiritual.

Una de las novias compartió su testimonio al expresar la emoción de cumplir el sueño de vestir de blanco junto a su esposo, afirmando que fue Dios, guiado por el Espíritu Santo, quien les indicó que era el momento correcto para dar este paso tan importante en sus vidas.

Entre los momentos más conmovedores destacó la renovación de votos de una pareja con 18 años de matrimonio, quienes citaron el pasaje bíblico de Eclesiastés 4:12: “Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente”, al considerar que Dios es el tercer lazo que sostiene su unión y les permite ser ejemplo para sus hijos y la sociedad.

El acto incluyó orientación espiritual, música y gestos simbólicos, resaltando el valor del matrimonio como el núcleo fundamental donde inicia la crianza y educación de los hijos. Durante el mensaje central, se enfatizó que muchas de las problemáticas sociales actuales tienen su origen en la desintegración del hogar.

Finalmente, los organizadores hicieron un llamado a la reflexión, señalando que tanto la República Dominicana como el mundo necesitan de Dios para fortalecer los matrimonios y la familia, como vía para construir una sociedad basada en la paz, la armonía y los valores cristianos.

 

 

Declaran caso complejo entramado de corrupción en Senasa con supuesto desfalco superior a RD$15,000 millones

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.

Además de Hazim, la medida de coerción fue dictada contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. En tanto, la imputada Ada Ledesma Ubiera cumplirá la medida en el centro Najayo Mujeres.

Durante la audiencia, el tribunal acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas cautelares a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y aceptaran colaborar con la investigación. Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella.

A Acosta Sención y Pineda Perdomo el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. En el caso de Read Estrella, se ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.

Asimismo, el juez Sena declaró el proceso como caso complejo, atendiendo a la cantidad de imputados, la magnitud del presunto perjuicio económico y la estructura del entramado investigado.

Al ofrecer declaraciones, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la decisión del tribunal se sustentó fundamentalmente en tres elementos clave, entre ellos la gravedad de los hechos imputados, el elevado monto del daño económico alegado y los riesgos procesales identificados durante la investigación, aspectos que —dijo— justifican la imposición de las medidas adoptadas.