Author: jablador@admin

Miembros del Ejército de la República Dominicana incautaron más de 44,800 unidades de cigarrillos ilícitos durante un operativo realizado en el puesto de chequeo La Solitaria, en la provincia Montecristi, donde también fueron detenidos dos individuos vinculados al presunto contrabando.

El decomiso se produjo cuando las autoridades detuvieron un minibús blanco conducido por Modesto Ogando, quien habría intentado evadir el control militar. En el vehículo también viajaba Joanni Porto Real Guzmán, igualmente arrestado durante la intervención.

Al inspeccionar el minibús, los militares encontraron 44,800 cigarrillos marca Capital, de procedencia extranjera, ocultos en el interior del vehículo y clasificados como mercancía ilícita por las autoridades.

Tanto los detenidos como el vehículo y la carga decomisada fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando del Ejército, donde se procederá con los trámites legales correspondientes. Según las autoridades, este operativo forma parte de los esfuerzos para contrarrestar las redes de contrabando que operan en la zona fronteriza.

Las autoridades resaltaron que el punto de control de La Solitaria se ha convertido en un punto estratégico para frenar el trasiego de mercancías ilegales que intentan cruzar desde la frontera norte. En las últimas semanas se han incrementado los operativos debido al aumento de intentos de evasión por parte de grupos dedicados al contrabando.

El Ejército reiteró que estos cigarrillos introducidos de manera irregular no solo representan pérdidas millonarias para el Estado por evasión fiscal, sino que además alimentan estructuras criminales que se lucran de este tipo de actividades ilícitas. Por ello, enfatizaron la necesidad de mantener la vigilancia constante en las rutas más vulnerables.

Asimismo, indicaron que el caso de Ogando y Porto Real Guzmán será remitido al Ministerio Público, que determinará las medidas de coerción y continuará con las investigaciones para establecer si existe una red mayor detrás del cargamento ocupado. Las autoridades advirtieron que continuarán reforzando los controles militares para combatir el contrabando en todas sus formas.

La comentarista Susana Gautreau encendió este viernes el debate en torno al caso que involucra al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, al asegurar que la investigación no debe limitarse a la aseguradora estatal, sino que debe extenderse a las demás ARS que históricamente han competido —y, según ella, de manera “desleal”— con el seguro público.

Gautreau explicó que ha recibido múltiples testimonios de usuarios de otras aseguradoras que, al igual que en SeNaSa, han encontrado sus fondos de cobertura “agotados” sin explicación clara. “Ahora hay que revisar los otros seguros, porque mucha gente dice que cuando fue a buscar su porcentaje de medicina, también apareció agotado”, afirmó durante su comentario en El Gobierno de la Mañana.

La comunicadora recordó que durante años, muchas instituciones públicas tenían sus empleados afiliados a seguros privados, pese a que la ley establece que el Estado debe privilegiar a SeNaSa. “Todo el que ha trabajado en el sector público sabe cuál era el otro seguro. Esos esquemas constituían competencia desleal”, expresó.

Gautreau también envió un mensaje directo al actual incumbente de SeNaSa, advirtiéndole que evite declaraciones apresuradas sobre el estado de la institución. “Tú estabas ahí también. Cógelo suave y trata de parar eso”, dijo, al tiempo que destacó que la situación alrededor del caso Hazim y la aseguradora estatal se ha vuelto “muy oscura”.

La comentarista concluyó que, más allá del proceso de medida de coerción contra el exfuncionario, el país merece que se esclarezca el funcionamiento completo del sistema asegurador y el manejo de los fondos destinados a la salud pública.

Además, llamó la atención sobre el comportamiento de algunas ARS frente al crecimiento de SeNaSa en los últimos años, insinuando que ciertos movimientos dentro del mercado podrían no haber sido tan transparentes como se presume. Gautreau sostuvo que la competencia desigual no solo afectó a la aseguradora estatal, sino también a miles de afiliados que confiaron en servicios que, según sus testimonios, nunca recibieron en su totalidad. “Aquí no es solo SeNaSa; es el sistema completo el que necesita una lupa”, insistió.

La comunicadora reiteró que este momento debe servir para abrir un proceso más amplio que permita auditar el manejo de fondos, las prácticas de reembolso, los registros de cobertura y las presuntas irregularidades que, de acuerdo con sus denuncias, podrían estar presentes en varias aseguradoras privadas. “Si vamos a limpiar, limpiemos todo. Si hay sombras, que se prenda la luz en cada rincón del sistema”, concluyó.

Julio Hazim volvió a encender el debate público al criticar el manejo que, a su juicio, está realizando el Ministerio Público en los procesos ligados a casos de corrupción y, en particular, a los acuerdos con imputados. Durante su intervención, Hazim señaló que existe una “inconsistencia preocupante” entre los discursos oficiales y la realidad procesal, afirmando que la Procuraduría ha dicho que no hay acuerdos, mientras las acusaciones “están llenas de testimonios negociados”.

Hazim insistió en que el Ministerio Público debe ser más transparente sobre los mecanismos utilizados para sustentar sus expedientes, especialmente en casos sensibles como el escándalo que involucra a Senasa. Según el analista, la magnitud del entramado ha sorprendido incluso a la propia procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien recientemente expresó que el MP está “alarmado” por las implicaciones del fraude. Para Hazim, estas declaraciones revelan la complejidad del sector salud, un espacio donde según narró por años han operado prácticas fraudulentas difíciles de rastrear.

El comunicador también advirtió que las llamadas “delaciones premiadas” deben manejarse con mayor rigor para evitar que “culpables busquen salvarse acusando a otros sin pruebas sólidas”. Subrayó que, aunque los testimonios pueden ayudar a construir casos, deben estar acompañados de evidencia verificable. “A la larga, lo que vale es la prueba, no el cuento”, expresó, advirtiendo que acuerdos mal sustentados podrían derrumbarse en los tribunales, como ha ocurrido en otros países.

Hazim cerró su comentario señalando que el Ministerio Público enfrenta el desafío de presentar expedientes robustos que soporten el escrutinio judicial y público, especialmente en un contexto donde según dijo algunos actores se han erigido como “paladines de la moral” sin tener, en su opinión, la calidad para hacerlo.

Además, Hazim recordó que el Ministerio Público no puede depender únicamente de informaciones suministradas por la Cámara de Cuentas o por delaciones de imputados, sino que debe desarrollar capacidades propias de investigación profunda. Señaló que, en casos de alto impacto, la presión mediática y la necesidad de resultados rápidos no deben convertirse en excusas para presentar expedientes débiles. Enfatizó que la fortaleza institucional se mide, precisamente, en la calidad de las pruebas y en el respeto al debido proceso.

Finalmente, advirtió que el manejo de estos casos marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Si los expedientes se construyen con rigor, dijo, se fortalecerá la confianza pública en las autoridades judiciales; pero si se basan en acuerdos mal estructurados o testimonios inconsistentes, el país podría enfrentar un retroceso significativo. Hazim llamó a que “todo fluya con seriedad”, reiterando que el combate a la corrupción requiere equilibrio entre firmeza, técnica y respeto a los derechos fundamentales.

Santo Domingo.– El Ministerio de Turismo avanza en un ambicioso programa social y urbano que busca revitalizar la Ciudad Colonial de Santo Domingo a través de la intervención de 140 viviendas en condiciones de vulnerabilidad. El proyecto, impulsado por el ministro David Collado, coloca en el centro a las familias que por décadas han dado vida a los barrios históricos de la zona.

El Programa de Mejoramiento de Viviendas (PROMEBI), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con una cooperación no reembolsable de la Unión Europea, prioriza a residentes de sectores como San Lázaro, San Miguel, San Antón y Santa Bárbara, donde muchas casas presentan daños estructurales, filtraciones y condiciones no aptas para habitar. Cada vivienda recibe un aporte aproximado de US$8,000 para su rehabilitación, en un proceso voluntario que atrajo más de 600 solicitudes, de las cuales fueron seleccionadas 140 familias.

Según explicó el equipo del programa, los criterios de selección se basaron en la vulnerabilidad social y el deterioro de las estructuras. Entre los grupos priorizados están adultos mayores con décadas viviendo en la zona, mujeres jefas de hogar y familias con personas con discapacidad. Actualmente, se encuentra en fase final el Lote 1, que incluye 38 viviendas, con la meta de entregar al menos 25 antes de finalizar el año.

La intervención se realiza mientras muchas familias continúan viviendo dentro de sus hogares, lo que ha llevado al diseño de estrategias por fases y acompañamiento social permanente. Además, PROMEBI cuenta con una clínica jurídica que ayuda a regularizar la tenencia de la propiedad, uno de los mayores retos del proyecto, ya que numerosas viviendas pertenecen a inquilinos sin contrato o casos con herederos no definidos.

Como parte de su enfoque sostenible, el programa incorpora tecnologías de eficiencia energética y de ahorro de agua, como iluminación LED y accesorios sanitarios de bajo consumo. Las autoridades estiman que todas las viviendas estarán listas para finales de 2026, y ya se negocia con el BID una posible ampliación del programa ante la alta demanda de familias que esperan ser incluidas.

Con esta iniciativa, Turismo busca no solo embellecer la Ciudad Colonial, sino mejorar la calidad de vida de quienes han sido guardianes de su historia. “La gente es lo más importante”, ha insistido David Collado al destacar que la revitalización de la zona debe comenzar por su propio corazón: sus residentes.

Santo Domingo.– El economista Jaime Aristy Escuder advirtió que el reciente repunte inflacionario está poniendo mayor presión sobre las decisiones de política monetaria del Banco Central, que enfrenta un escenario “más complejo de lo que aparenta” de cara a su reunión de diciembre.

Durante su comentario en Enfoque Final, Aristy Escuder explicó que, según los datos oficiales, la inflación mensual de noviembre fue de 0.71%, llevando la interanual a 4.81%, la más alta desde abril de 2023. “El comportamiento de los precios en los últimos cinco meses es aún más preocupante si se anualiza: la inflación estaría rondando el 6.65%, por encima del rango meta de 3 a 5%”, indicó.

El economista también detalló que la inflación subyacente —la que refleja presiones internas y está más vinculada a la política monetaria— alcanzó un 4.74% interanual, y al anualizar los últimos cinco meses llega a 5.03%, justo por encima del límite superior de la meta oficial.

Aristy Escuder consideró que, con este panorama, el Banco Central debería mantener sin cambios la tasa de política monetaria en su reunión de diciembre. Advirtió que un recorte de 25 puntos básicos, siguiendo los pasos recientes de la Reserva Federal, enviaría “una señal de inconsistencia”, ya que probablemente en enero la autoridad monetaria tendría que revertir la decisión incrementando nuevamente la tasa de referencia o elevando los rendimientos de sus instrumentos para absorber el exceso de liquidez.

Además, señaló que el exceso de liquidez en el sistema financiero sigue presionando la capacidad del Banco Central para mantener la estabilidad de precios. Explicó que, si no se actúa con prudencia, esa liquidez podría seguir alimentando el aumento de los precios en los próximos meses, complicando aún más la meta de mantener la inflación dentro del rango establecido. “El mercado está muy sensible y cualquier señal equivocada podría generar movimientos innecesarios”, apuntó.

Aristy Escuder también recordó que el comportamiento reciente del Índice de Precios al Consumidor debe ser evaluado junto a factores externos como los costos del petróleo, los fletes y los insumos importados, que han mostrado variaciones importantes. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío sigue siendo interno: “El Banco Central está ante una decisión clave. Cualquier relajación prematura puede tener un costo más alto después”, enfatizó.

La comunicadora Diulka Pérez destacó este jueves el notable crecimiento y mejora en la calidad del empleo generado por las zonas francas en la República Dominicana, asegurando que el 2025 cerrará como un año histórico para este sector y abrirá paso a un 2026 “más próspero” para miles de familias.

Durante su comentario en la Z101, Pérez resaltó que el país alcanzará 200,134 empleos formales en zonas francas al finalizar el 2025, un hito que atribuye al impulso conjunto del Gobierno, el Consejo Nacional de Zonas Francas y el Ministerio de Industria y Comercio. Aseguró que esta dinámica representa una recuperación sólida posterior a la pandemia y un avance significativo en el mercado laboral.

La comunicadora subrayó que el desarrollo no solo se refleja en la cantidad, sino también en la calidad del empleo. Recordó que las zonas francas han dejado atrás su predominio textil para convertirse en polos especializados de producción avanzada, incluyendo equipos médicos, artículos electrónicos y manufactura de alta tecnología, con productos que se exportan al mundo bajo el sello “Hecho en República Dominicana”.

Pérez también sostuvo que este crecimiento abre nuevas oportunidades para la juventud dominicana, al exigir formación más especializada y mejor remunerada. “Es un empleo de mayor poder adquisitivo, que nos hace más competitivos como país”, expresó. Añadió que las ferias de empleo realizadas recientemente en Santiago confirman el entusiasmo de la población por integrarse a este mercado laboral en expansión.

Además, Pérez resaltó que el dinamismo mostrado por las zonas francas impulsa de manera directa la planificación familiar y financiera de miles de dominicanos. Señaló que contar con un empleo formal permite a muchas personas proyectar estudios, adquirir viviendas, mejorar ingresos y trazar metas a largo plazo. “Un buen empleo cambia vidas, y lo que estamos viendo ahora es la base para que más dominicanos puedan construir su futuro con estabilidad”, afirmó.

La comunicadora llamó a seguir fortaleciendo la capacitación técnica y profesional para responder a las nuevas demandas del sector, especialmente en áreas tecnológicas y de manufactura avanzada. Indicó que el país debe continuar apostando por la formación de su juventud para mantener el ritmo de crecimiento y asegurar que estos nuevos empleos de calidad sigan elevando la competitividad nacional.

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La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Alta Gracia Ramírez, recesó hasta las 2:00 de la tarde de este viernes la audiencia preliminar que se sigue contra varios exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina, incluidos Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, por presuntas expropiaciones irregulares que habrían causado un perjuicio al Estado superior a los RD$21,000 millones.

El receso se produjo para permitir que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluen y certifiquen el estado de salud del exsenador Rafael Calderón. Su urólogo le otorgó 30 días de licencia médica tras diagnosticarle una bacteria, razón por la cual no pudo asistir a la audiencia.

El Ministerio Público aguarda el informe pericial del Inacif para determinar si procede solicitar que las imputaciones contra Calderón se conozcan en un proceso separado, dependiendo de la validez de la licencia médica y de la condición de salud del exlegislador.

La viceministra Olaya Dotel aseguró que el presidente Luis Abinader mantiene firme su política de “Tolerancia Cero” frente a la corrupción y la impunidad, destacando que no importa la cercanía, el rango ni la influencia: “si hay evidencias, el caso va al Ministerio Público”. Dotel recordó que el manejo independiente de los órganos de investigación y la voluntad de actuar sin privilegios han marcado un antes y un después en la administración pública dominicana.

Durante una entrevista, Dotel explicó que casos recientes, como el escándalo en SENASA, evidencian la necesidad de fortalecer los controles internos y acelerar los mecanismos de alerta. Señaló que, aunque algunas irregularidades se remontan a gestiones previas, la decisión del Gobierno ha sido clara: elaborar los expedientes, entregarlos a la justicia y permitir que el Ministerio Público actúe sin interferencias.

La funcionaria resaltó que la política anticorrupción iniciada en 2020 incluyendo el nombramiento de un Ministerio Público independiente ha creado una cultura institucional difícil de revertir. “Lo que se está construyendo en materia de justicia y transparencia no tiene vuelta atrás”, afirmó, insistiendo en que el Estado debe seguir siendo garante del buen uso de los recursos, sin importar quién esté al mando.