Author: jablador@admin

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, está investigando las circunstancias en que un niño de 10 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas de bala durante un ataque registrado en el sector Simonico de Villa Duarte, en Santo Domingo Este. El hecho ha causado conmoción en la comunidad, que exige el rápido esclarecimiento del caso.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres aún sin identificar llegaron al lugar a bordo de una motocicleta tipo yipeta, desde donde realizaron múltiples disparos hacia un establecimiento improvisado tipo paletera. En ese momento, las víctimas se encontraban en el área compartiendo cuando fueron sorprendidas por la ráfaga de tiros.

Los heridos fueron identificados como Marte Benítez, de 47 años, y María Mercedes Arias, de 63, mientras que la identidad del menor fallecido se mantiene reservada por tratarse de un niño. Todos fueron trasladados a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas, pero lamentablemente el menor no sobrevivió. La Policía continúa depurando cámaras y testimonios para dar con los responsables del ataque.

Los fiscales buscan evitar que la licencia médica retrase el avance del proceso, considerado uno de los expedientes de corrupción más complejos y de mayor impacto económico en los últimos años. De confirmarse la veracidad del diagnóstico, el Ministerio Público tendría que decidir si continúa con la acusación de manera independiente o si mantiene a Calderón dentro del expediente principal.

Mientras tanto, las defensas de los demás imputados manifestaron que la ausencia de Calderón no debe afectar la continuidad del proceso, alegando que existen precedentes que permiten seguir con la audiencia aun cuando uno de los acusados presente una condición médica certificada. Sin embargo, la jueza Ramírez optó por esperar el dictamen del Inacif para evitar incidentes posteriores.

Se espera que el informe médico forense sea entregado en el transcurso del día, lo que permitirá reanudar la audiencia en horas de la tarde. Dependiendo del resultado, la magistrada podría disponer nuevas medidas procesales o continuar con la lectura de la acusación contra los exfuncionarios y empresarios señalados por las presuntas maniobras irregulares que comprometieron miles de millones de pesos del erario.

La viceministra también defendió la importancia de reforzar los sistemas de monitoreo en todas las instituciones públicas, afirmando que muchos de los problemas actuales pudieron detectarse con mayor rapidez. “Tenemos que actuar más pronto ante las señales. No basta con tener los mecanismos, hay que usarlos con rigor”, indicó, insistiendo en que la ética debe ser un compromiso permanente, independientemente de la posición económica o social del funcionario involucrado.

Dotel recordó que, gracias al impulso del Gobierno, se han fortalecido los procesos de auditoría y supervisión interna, especialmente en programas financiados con cooperación internacional, donde la vigilancia es constante. Señaló que cualquier desviación —sea por corrupción o por uso indebido de fondos se detecta rápidamente y genera consecuencias, tanto para el país como para quienes manejan los recursos.

Finalmente, subrayó que la lucha contra la corrupción no es una competencia exclusiva del Gobierno, sino un esfuerzo colectivo que requiere ciudadanía vigilante, instituciones firmes y un liderazgo político decidido. “La impunidad solo retrocede cuando la sociedad completa empuja en la misma dirección. Y hoy podemos decir que hay un país más consciente, más exigente y menos tolerante a los abusos”, concluyó.

Los comerciantes explicaron que, aunque el costo ha subido, la demanda se mantiene alta debido a que la carne de cerdo sigue siendo el plato principal de la mayoría de las familias dominicanas durante la Navidad. Aseguran que los mataderos y distribuidores han trabajado con anticipación para evitar escasez y que, pese a los retos internacionales, el abastecimiento fluye con normalidad en los principales mercados del país.

Asimismo, líderes del sector porcicultor destacaron que continúan fortaleciendo la producción nacional para reducir la dependencia de importaciones en años futuros. Afirmaron que esta temporada servirá como referencia para ajustar estrategias de crianza, control sanitario y logística, a fin de garantizar precios más estables y mayor oferta local en las próximas festividades.

A una semana del lanzamiento del operativo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, ciudadanos de distintos sectores del Gran Santo Domingo aseguraron sentirse más seguros gracias al incremento de la presencia policial en las principales avenidas de la capital. Un equipo de CDN recorrió varias zonas de alta circulación, donde transeúntes destacaron la vigilancia constante y visible como un factor que genera mayor tranquilidad previo a las festividades navideñas.

Durante el recorrido, numerosos ciudadanos afirmaron que ahora pueden caminar incluso de noche sin temor, señalando que las patrullas se encuentran “en todas las esquinas”. Sin embargo, otros prefirieron reservar sus comentarios y consideran que aún es temprano para evaluar el verdadero impacto del operativo, asegurando que los resultados deberán medirse una vez pasen las festividades.

En medio del despliegue, las cámaras captaron un incidente donde agentes intentaron detener a un ciudadano que alegó tener sus documentos en orden, situación que generó inconformidad. Pese a estos casos, las autoridades reiteraron que mantendrán y reforzarán las acciones preventivas durante toda la temporada navideña para asegurar el orden y la seguridad en el país. Usuarios consultados pidieron que este tipo de operativos continúe más allá de diciembre.

Las autoridades explicaron que Navidad con Garantía de Paz 2.0 incluye un despliegue ampliado de agentes en calles, avenidas comerciales, centros urbanos y zonas de mayor actividad nocturna, con el fin de prevenir asaltos, riñas y hechos delictivos tradicionales en esta época del año. También resaltaron la incorporación de unidades motorizadas, puntos de control móviles y patrullajes mixtos con las Fuerzas Armadas.

Comerciantes de áreas concurridas como la avenida Duarte, la Churchill y la Venezuela afirmaron que el operativo ha ayudado a mejorar el flujo de clientes, debido a que la percepción de seguridad contribuye a que más personas salgan a realizar sus compras navideñas. Señalan que, aunque aún persisten algunos casos aislados de conflictos entre ciudadanos y agentes, el panorama general es “más calmado” que en años anteriores.

Pese a los avances percibidos, organismos de la sociedad civil recordaron que este tipo de operativos debe complementarse con capacitación continua a los miembros policiales, así como con protocolos claros para evitar abusos en retenes y verificaciones de documentos. Insistieron en que la clave para sostener la mejora es mantener estos esfuerzos más allá de la temporada, promoviendo un enfoque permanente de prevención y convivencia ciudadana.

La tensión crece en el proceso judicial que involucra al exdirector del SENASA, Santiago Hazim, luego de que al menos tres coacusados admitieran su responsabilidad y detallaran cómo, cuánto y a quién entregaron millonarias sumas de dinero dentro de la presunta red de corrupción. La comunicadora Altagracia Salazar resumió el momento con una frase que retumba en el escenario judicial: “¡Se hunde el barco!”

En la audiencia de este jueves, la defensa de Hazim solicitó el turno final para responder a todas las imputaciones, una estrategia que busca desmontar punto por punto las explosivas confesiones reveladas en las últimas horas. La más contundente provino de Eduardo Read Estrella, principal coacusado, quien reconoció haber entregado a Pablo José Ortiz señalado como mano derecha y testaferro de Hazim más de RD$1,600 millones, tras recibir contratos que superaron los RD$7,000 millones del SENASA.

Read Estrella y su equipo legal acudieron al tribunal cargando decenas de cajas repletas de documentos con los que intentan justificar sus operaciones y su arraigo económico. Detalló que los pagos ilícitos se realizaron entre noviembre de 2020 y agosto de 2025 mediante las empresas Khersum (RD$1,166 millones), Servicios Médicos del Este (RD$391 millones) y Farmacar (RD$63 millones).

Otra pieza clave del caso, Cinty Acosta, también admitió culpa. Su declaración revela que habría pactado recibir el 40% del ingreso bruto generado por el Programa de Suplementación y Nutrición para Adultos Mayores, contratado por el SENASA. Solo en sobornos, los pagos asociados a ese acuerdo ascenderían a RD$590 millones, respaldados por documentos, testigos y peritajes forenses.

Con estas confesiones ya sobre la mesa, todas las miradas están puestas en cómo responderán hoy los abogados de Hazim. Como señaló Altagracia Salazar, la defensa que presenten podría ser “casi una declamación poética”, en un intento por contrarrestar un cúmulo de pruebas que crece por minutos.

El presidente Luis Abinader anunció que el sector de zonas francas alcanzó un máximo histórico de 200,134 empleos directos al cierre de octubre, consolidándose como uno de los pilares del crecimiento económico y social de la República Dominicana. El mandatario destacó que este logro representa “trabajo digno, oportunidades reales y confianza renovada en el país”, al celebrar el impacto que estas plazas tienen en miles de familias dominicanas.

Abinader resaltó que detrás de cada empleo hay historias de superación: jóvenes obteniendo su primera oportunidad laboral, madres fortaleciendo su independencia económica y comunidades enteras que se transforman gracias al dinamismo industrial. “Estos 200 mil empleos son la prueba de que la República Dominicana sabe levantarse y crecer incluso en los momentos más difíciles”, afirmó.

Durante el acto, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y la presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano, subrayaron la evolución del sector hacia un ecosistema productivo basado en conocimiento y tecnología. Además, destacaron que provincias como La Altagracia han triplicado su empleo desde 2020, mostrando un crecimiento superior al 200%. También se resaltó que el 54% de los empleos en zonas francas está ocupado por mujeres, superando las 106 mil trabajadoras, lo que confirma el papel protagónico femenino en este sector en expansión.