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El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, afirmó que el país vive momentos de desesperación con los accidentes de tránsito, las situaciones de salud mental y la violencia generalizada, que se han convertido en una desgracia nacional y se debe actuar antes de que haya un recrudecimiento mayor.
Resaltó que el país está conmocionado por tantos hechos acontecidos, tal es el caso del accidente ocurrido recientemente en la provincia La Altagracia, donde resultaron fallecidas unas 6 personas y una cantidad considerable de heridos, pero ese es solo uno de los tantos siniestros que acontecen a diario en el país, donde todos los años pierden la vida más de 3 mil personas.
El dirigente político sostuvo que además de los accidentes de tránsito el país se ve agobiado por la gran cantidad de personas que padecen alguna situación de salud mental, sin dejar de mencionar los cientos de personas que deambulan por las calles de Santo Domingo y demás provincias del país.
Jiménez Peña enfatizó que la violencia generalizada agrava aún más la situación, afectando la tranquilidad y seguridad de las familias dominicanas. Señaló que los robos, asaltos y actos violentos se han incrementado en los últimos años, y que el Estado debe implementar políticas integrales que combinen prevención, educación y justicia efectiva para frenar esta problemática que amenaza la estabilidad social.
El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo insistió en la urgencia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la educación sobre tránsito, ya que muchos de los accidentes se deben a la imprudencia y la falta de conciencia de los conductores. Además, destacó la necesidad de un mayor control y fiscalización por parte de las autoridades de transporte, con sanciones más severas para quienes pongan en riesgo la vida de los demás.
Respecto a la salud mental, Jiménez Peña aseguró que el país carece de programas adecuados de prevención y atención para personas con trastornos emocionales o psicológicos. Subrayó que muchas familias no saben cómo abordar estos casos y que el Estado debe garantizar servicios accesibles y profesionales capacitados que puedan asistir a quienes lo necesitan antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles.
