Author: jablador@admin

En medio de la publicación de una nueva tanda de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en redes sociales comenzó a circular una imagen manipulada que busca vincular falsamente a la líder opositora venezolana María Corina Machado con el millonario estadounidense. La fotografía ha sido difundida por miles de usuarios en plataformas como Facebook y X, generando comentarios y acusaciones sin sustento.

Los mensajes aseguran que la imagen habría sido tomada en el año 2002 durante un evento social en Nueva York y que en ella aparece Epstein conversando con el empresario Leslie Wexner y Machado. Sin embargo, verificaciones independientes confirman que se trata de un montaje digital elaborado a partir de una fotografía real publicada en 2025 por el Departamento de Justicia de EE. UU., en la que no figura la dirigente opositora. La inclusión de su imagen presenta inconsistencias visuales propias de ediciones con herramientas de inteligencia artificial, como bordes irregulares y desajustes de iluminación.

El contenido falso comenzó a circular con mayor fuerza luego de que el 2 de febrero de 2026 se hicieran públicos nuevos archivos vinculados al caso Epstein, lo que reactivó la conversación en redes sobre figuras relacionadas con el entorno del financista. Aprovechando ese contexto, usuarios difundieron la imagen manipulada para asociar a Machado con personas del círculo de Epstein, una práctica frecuente en campañas de desinformación que buscan desacreditar a líderes políticos mediante contenido fabricado.

Especialistas en verificación de datos advirtieron que este tipo de montajes se apoyan en eventos reales y en material oficial para ganar credibilidad, pero terminan distorsionando los hechos y afectando la reputación de personas ajenas al caso. Reiteraron el llamado a verificar las fuentes y las imágenes antes de compartir contenidos virales, especialmente cuando surgen en momentos de alta atención mediática, como la divulgación de documentos judiciales de gran impacto internacional.

 

Un tribunal federal de Estados Unidos ha impuesto cadena perpetua más siete años adicionales a Ryan Routh, tras considerarlo culpable del intento de asesinato del expresidente y candidato presidencial Donald Trump durante un evento público en septiembre de 2024. La sentencia fue dictada por la jueza Aileen Cannon, quien enfatizó la gravedad del complot y el peligro que representó para la seguridad de un proceso electoral y la vida de un exmandatario.

El ataque frustrado tuvo lugar el 15 de septiembre de 2024, cuando Routh, de 59 años, se apostó con un rifle semiautomático cerca del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, con la intención de asesinar a Trump mientras éste participaba en un juego de golf como parte de su campaña presidencial. Un agente del Servicio Secreto identificó y confrontó al atacante antes de que pudiera accionar el arma, impidiendo así un potencial magnicidio.

Routh fue hallado culpable en septiembre pasado por un jurado federal de cinco cargos, entre los que se incluye el intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal y múltiples violaciones relacionadas con armas de fuego. Durante gran parte del juicio se representó a sí mismo, aunque en la fase de sentencia optó por contar con un abogado, que solicitó una condena reducida argumentando factores personales y de edad. La jueza Cannon desestimó esos argumentos y confirmó la pena máxima.

Además de la cadena perpetua, Routh enfrentará largas condenas consecutivas por otros delitos federales, un reflejo del rechazo del tribunal a cualquier atenuante y del énfasis de las autoridades en enviar un mensaje contundente contra la violencia política en un país que ha visto crecer la polarización y las amenazas contra figuras públicas. El caso también aviva el debate sobre la seguridad de los candidatos en campañas, así como la respuesta judicial ante actos que desafían los pilares de la democracia estadounidense.

El comunicador Fausto Montes de Oca aseguró que la creciente popularidad del legislador Omar Fernández se explica por su conexión real con la juventud dominicana y por un estilo político que rompe con los esquemas tradicionales de los partidos. A su juicio, la sociedad ha cambiado su forma de organizarse y de relacionarse con la política, pero los partidos aún no terminan de comprender esa transformación.

Durante su análisis, Montes de Oca señaló que los partidos políticos tradicionales siguen operando con lógicas del pasado, desconectadas de una generación que consume información en redes sociales y que desconfía de la política partidaria clásica. Citó como ejemplo el caso del presidente argentino Javier Milei, a quien describió como un “outsider” que logró capitalizar el descontento social sin una trayectoria política convencional, evidenciando un cambio de época en la región.

El comunicador destacó que cerca del 60 % del padrón electoral dominicano está compuesto por jóvenes, un segmento que se muestra distante de las prácticas políticas heredadas de los años 70 y que prioriza la cercanía, la interacción y las propuestas concretas. En ese contexto, afirmó que la popularidad de Omar Fernández no es solo una percepción mediática, sino algo palpable incluso en aulas universitarias, donde su figura genera identificación.

Montes de Oca subrayó que la estrategia de Fernández se basa en una presencia constante en plataformas digitales como YouTube, Instagram y Facebook, así como en un discurso centrado en propuestas y soluciones, más que en la confrontación política. Como ejemplo, citó iniciativas legislativas orientadas a la asistencia social y a la protección de la niñez, lo que, según el analista, conecta con las preocupaciones reales de los jóvenes.

Finalmente, el comunicador afirmó que la política dominicana vive el declive de la polarización tradicional, ya que para los votantes de 18 a 20 años las grandes figuras históricas del pasado son referencias lejanas. En ese escenario, sostuvo que el liderazgo que logre generar esperanza y sumar voluntades, en lugar de dividir entre “amigos y enemigos”, tendrá mayores posibilidades de conectar con la nueva mayoría joven del electorado.

En un contexto de sequía histórica que ha reducido de forma crítica los niveles de presas y embalses, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo bilateral para la gestión del agua en la frontera, con el objetivo de evitar sanciones comerciales y reducir las tensiones diplomáticas por los retrasos en las entregas al estado de Texas.

El pacto actualiza los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944 y fija un calendario estricto de suministro por parte de México durante el actual ciclo quinquenal. Según lo acordado, el país deberá entregar un mínimo anual de 431.5 millones de metros cúbicos de agua, un volumen equivalente a cerca de 350,000 acres-pies, suficiente para abastecer a más de un millón de hogares durante un año.

El acuerdo establece como prioridad el consumo humano, seguido del suministro para la producción agrícola en la región fronteriza del río Bravo, una de las zonas más golpeadas por la escasez hídrica. Las autoridades reconocieron que la presión sobre los recursos hídricos se ha intensificado por el aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias, lo que ha afectado de manera directa a comunidades y productores.

Además de cumplir con las entregas actuales, el nuevo pacto incluye mecanismos para saldar la deuda de agua acumulada del ciclo anterior, que no pudo completarse debido a la prolongada falta de precipitaciones. La firma del acuerdo llega tras meses de fricciones diplomáticas, en los que se plantearon posibles aranceles contra México por los retrasos, una medida que habría impactado especialmente a los agricultores de Texas. No obstante, autoridades de ambos países advirtieron que el panorama sigue siendo crítico y que la llegada de la temporada de calor podría agravar aún más la situación hídrica en la región.

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La tranquilidad de una noche de trabajo se convirtió en tragedia en el sector Villa Olímpica, cuando un asalto a un colmado terminó con la muerte de Cheifry Escarramán Vargas, un joven de 19 años que atendía el negocio familiar, el Mini Market Los Mellos, propiedad de su padre, Odulio Escarramán, de 52 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del martes, cuando dos hombres armados irrumpieron en el establecimiento. En ese momento, el padre del joven se encontraba en la parte trasera del colmado realizando inventario, mientras Cheifry atendía a los clientes. De acuerdo con su testimonio, el muchacho alcanzó a alertarlo al notar la presencia de los asaltantes.

Según relató Odulio Escarramán, los atacantes se dividieron para enfrentarlos por separado: uno lo agredió físicamente, mientras el otro se dirigió hacia su hijo. El padre forcejeó con uno de los atracadores, quien no portaba arma de fuego, y logró derribarlo al suelo. Sin embargo, en medio del caos, el otro agresor disparó contra el joven, provocándole heridas que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

El crimen ha causado consternación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes describen a Cheifry como un joven trabajador que apoyaba a su familia en el negocio. Las autoridades informaron que iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asalto, mientras familiares y comunitarios reclaman mayor presencia policial para frenar la ola de violencia que golpea a los pequeños comercios de la ciudad.

La delincuencia en Santiago de los Caballeros continúa siendo una de las principales preocupaciones de residentes y comerciantes, quienes denuncian un aumento de asaltos, robos a colmados y atracos a mano armada, especialmente en sectores populosos y zonas comerciales. En las últimas semanas se han reportado hechos violentos que han generado temor en la población, con víctimas mortales y heridos durante asaltos, lo que ha reavivado el debate sobre la efectividad del patrullaje preventivo y la necesidad de reforzar la presencia policial en horarios nocturnos.

Autoridades policiales aseguran que se han intensificado los operativos de seguridad y los patrullajes focalizados en puntos identificados como “calientes”, así como acciones de inteligencia para desarticular bandas dedicadas a atracos en motocicletas. No obstante, comunitarios reclaman respuestas más visibles y sostenidas, incluyendo mayor iluminación en calles, cámaras de vigilancia y coordinación con juntas de vecinos, al tiempo que piden que los casos no queden en la impunidad para frenar la reincidencia delictiva.

 

Trabajadores de la construcción en la provincia de Samaná denunciaron este lunes que la empresa constructora Monegro Guzmán mantiene deudas acumuladas por jornadas laborales diurnas y nocturnas, correspondientes a trabajos realizados en el proyecto de Arroyo Barril, según declararon los propios afectados.

Los obreros aseguraron que los pagos pendientes se arrastran desde agosto del año pasado, situación que, indicaron, ha generado graves dificultades económicas para cubrir compromisos personales y el sustento de sus familias.

De acuerdo con los denunciantes, el conflicto se desarrolla en la obra destinada a transformar el antiguo Puerto Duarte en una terminal de cruceros, como parte de una alianza público-privada impulsada por las autoridades.

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, los trabajadores solicitaron la intervención del presidente Luis Abinader y del director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, para mediar en el caso.

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una solución en el corto plazo, podrían dar a conocer otras presuntas irregularidades vinculadas al proyecto.

Hasta el momento, la constructora señalada no ha emitido una posición oficial sobre las reclamaciones, mientras el caso continúa sin una resolución anunciada por las autoridades competentes. Dejando en estado de incertidumbre a sus trabajadores.

 

El Ministerio Público dominicano presentará este jueves ante un juez su acusación formal por terrorismo contra el ciudadano peruano Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, señalado como el responsable de una falsa amenaza de bomba que obligó al regreso de un avión en pleno vuelo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y paralizó las operaciones aeroportuarias el pasado 6 de enero de 2026. La fiscalía ha calificado los hechos como un ataque deliberado que buscó generar pánico colectivo y comprometer la seguridad del transporte aéreo.

De acuerdo con el expediente presentado por los fiscales, el imputado realizó una llamada telefónica al centro de atención de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, cuando la aeronave ya había despegado con pasajeros y tripulación a bordo. Esto activó protocolos de emergencia, obligó al retorno forzoso de la nave al AILA, la evacuación controlada de los viajeros y la suspensión temporal de las operaciones en la terminal aérea durante varias horas, además del desvío de otros vuelos hacia diferentes aeropuertos del país.

Aunque no se encontró explosivo alguno tras las exhaustivas inspecciones de seguridad, el Ministerio Público sostiene que la conducta imputada se encuadra en el tipo penal de terrorismo contemplado en la Ley 267-08, ya que la falsa alarma buscó alterar el orden público, afectar un servicio estratégico esencial y generar alarma entre la población. Por ello, además de la formalización de cargos, los fiscales solicitarán prisión preventiva para el imputado y la declaratoria de caso complejo, argumentos que serán considerados en la audiencia programada para este jueves.

Según la investigación, Del Pino Cuya se identificó de forma falsa durante la llamada como “gerente de un restaurante” y afirmó ser originario de Francia, versión que cambió varias veces durante la comunicación con las autoridades. Fue detenido el 28 de enero en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional, tras rastrearse la llamada y otras evidencias que lo vinculan al hecho. Si fuese encontrado culpable, el acusado podría enfrentar penas de hasta 40 años de prisión por violar las leyes dominicanas sobre terrorismo y seguridad aeroportuaria.

Santo Domingo. — La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el marco del proceso por el presunto desfalco a esa institución, estimado por el Ministerio Público en más de RD$15,000 millones.

Durante su programa del 5 de febrero de 2026, la comunicadora Altagracia Salazar calificó la decisión judicial como un punto de inflexión en un caso que, a su juicio, trasciende lo jurídico y golpea directamente a la población más vulnerable. La periodista señaló que el impacto moral de la presunta mala gestión de fondos de salud “deja heridas que no se curan con estrategias mediáticas ni con arremetidas verbales”.

Salazar destacó que los abogados del exfuncionario calificaron la prisión preventiva como arbitraria y antiética, alegando que se ha vulnerado el debido proceso. Según expuso la comunicadora, la defensa se prepara ahora para una escalada de ataques discursivos contra los jueces de la Corte de Apelación que confirmaron la medida, en un intento por deslegitimar la decisión judicial ante la opinión pública.

La comunicadora advirtió que este tipo de confrontación mediática no sustituye las respuestas de fondo que la ciudadanía espera en un caso que involucra recursos destinados a la atención de millones de afiliados del sistema público de salud. En ese sentido, subrayó que el proceso debe centrarse en la rendición de cuentas y en el esclarecimiento de responsabilidades, más allá de la narrativa de persecución que intenta instalar la defensa.

En el mismo espacio, Salazar recordó que el expediente del Ministerio Público apunta a una estructura de corrupción que habría operado durante la gestión de Hazim en SENASA, afectando de manera directa la sostenibilidad del sistema de salud para los sectores de menores ingresos. Para la comunicadora, el desenlace de este proceso marcará un precedente sobre la capacidad del sistema judicial de responder ante casos de alto impacto social.

El caso SENASA se mantiene bajo alta atención pública por las implicaciones que tiene para la confianza ciudadana en las instituciones y por el precedente que podría sentar en la lucha contra la corrupción en el sector salud.

 

Caracas, Venezuela. Un total de 20,200 venezolanos han regresado a su país en vuelos de repatriación desde febrero de 2025, como parte del programa oficial Gran Misión Vuelta a la Patria, que facilita el retorno voluntario de ciudadanos fuera de Venezuela, informó el Ministerio de Comunicación e Información.

La cifra se elevó tras la llegada este miércoles de un vuelo con 315 repatriados procedente de Estados Unidos, detalló el ministerio. Entre los retornados hubo 262 hombres, 36 mujeres, 14 niños y 3 niñas.

Al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los ciudadanos recibieron atención médica integral y orientación de seguridad, añadió la cartera de Estado en una nota de prensa.

Según transmisiones del canal Globovisión, los repatriados fueron recibidos por Camilla Fabri, presidenta del programa, quien acompañó el proceso de llegada al país.

Este vuelo es el número 107 desde que Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo migratorio a principios de 2025, que ha permitido la continuidad de las operaciones incluso en medio de tensiones diplomáticas en la región.

Las autoridades venezolanas informaron que el programa continuará ofreciendo vuelos de retorno para quienes deseen regresar al país en el marco de esta iniciativa.