Author: jablador@admin

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, afirmó que la reforma de la Policía Nacional debe convertirse en un compromiso de Estado que trascienda los gobiernos, al advertir que su continuidad no puede depender del resultado de las próximas elecciones.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, Castaño Guzmán sostuvo que, a diferencia de procesos anteriores fallidos, la actual transformación policial cuenta con un elemento decisivo: el liderazgo directo del presidente de la República, quien —según reveló— ha sostenido más de 48 reuniones para debatir el proyecto punto por punto.

“El presidente ha encabezado personalmente esta reforma, y eso marca una diferencia histórica frente a otros intentos que se quedaron en el papel”, expresó.

Cambios estructurales en la Policía

El jurista explicó que uno de los pilares de la reforma es trasladar los asuntos internos de la Policía Nacional al Ministerio de Interior y Policía, como forma de fortalecer la supervisión y la transparencia institucional, destacando además el rol técnico y profesional que ha jugado el equipo interno de la Policía en la elaboración del proyecto.

Entre las novedades planteadas, se contempla la creación de dos subjefaturas: una operativa y otra administrativa, esta última con la posibilidad de ser dirigida por un civil, siguiendo modelos internacionales de gestión policial.

Castaño Guzmán indicó que la reforma también busca revertir la histórica ausencia de agentes en las calles, señalando que en el pasado apenas el 7 % de los policías realizaba labores de patrullaje, cifra que hoy se sitúa entre un 16 y 19 %, aunque admitió que aún es insuficiente.

Otro punto clave abordado fue la necesidad de pensionar alrededor de 7,000 agentes, como parte de un proceso de depuración y modernización, para lo cual se propone la creación de un régimen especial de pensiones que evite una carga insostenible al presupuesto nacional.

“El tema previsional es vital, porque sin una solución financiera adecuada, la reforma no será sostenible en el tiempo”, advirtió.

El vicepresidente de FINJUS afirmó que la Policía Nacional se encuentra hoy en mejores condiciones que hace cuatro años, tanto en materia salarial como en el remozamiento de destacamentos y condiciones laborales, aunque reconoció que los desafíos siguen siendo considerables.

En ese sentido, llamó a la clase política a asumir la reforma policial como un pacto nacional, similar al consenso logrado en torno al sector turismo, para garantizar su continuidad sin importar los cambios de gobierno.

Ministerio de Justicia y fortalecimiento institucional

Castaño Guzmán valoró como un “gran acierto” la creación del Ministerio de Justicia, al entender que permitirá descargar al Ministerio Público de funciones administrativas y penitenciarias, para que se concentre exclusivamente en la investigación y persecución del delito.

Asimismo, elogió la designación del doctor Jorge Subero Isa como consultor del proceso, a quien calificó como una “marca” de profesionalismo y sólida formación jurídica.

Defensa del Estado ante la Corte IDH

En el plano internacional, recordó su experiencia como representante del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacando que la defensa del Estado requiere especialistas altamente capacitados.

Explicó además el conflicto jurídico existente entre el derecho interno y el derecho internacional, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el mecanismo de adhesión del país a la Corte IDH, aunque esta continúa conociendo casos contra la República Dominicana pese a dicha sentencia.

Castaño Guzmán concluyó reiterando que la institucionalidad, la profesionalización y la continuidad son las únicas vías para lograr una reforma policial real, duradera y creíble ante la sociedad dominicana.

Guerra.– Un pastor evangélico denunció que varios jóvenes en proceso de rehabilitación fueron presuntamente maltratados y detenidos sin orden judicial durante un allanamiento realizado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Según explicó el pastor Luis Enríquez Pier de la Cruz, director del centro y de la fundación que lo administra, el operativo fue ejecutado en horas de la madrugada, sin la presencia de un fiscal, lo que calificó como una actuación irregular y violatoria de los derechos fundamentales de los internos.

Pier de la Cruz aseguró que varios de los jóvenes fueron trasladados a destacamentos policiales, donde habrían sido objeto de maltratos físicos y psicológicos, antes de ser liberados horas más tarde sin que se les formulara ningún cargo.

El líder religioso afirmó además que la intervención policial podría estar motivada por una supuesta persecución en su contra, relacionada con un conflicto por los terrenos donde opera el centro de rehabilitación, los cuales —según sostiene— pertenecen legalmente a su fundación.

“Se trata de jóvenes que están luchando por rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. No es justo que sean tratados como delincuentes”, expresó el pastor, quien pidió a las autoridades competentes investigar el hecho y sancionar a los responsables si se comprueban las irregularidades denunciadas.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido una versión oficial sobre el operativo ni sobre las acusaciones formuladas por el representante religioso.

La Presidencia de la República confirmó que el encuentro semanal del presidente Luis Abinader con la prensa, conocido como “La Semanal”, continuará realizándose, aunque actualmente se encuentra en proceso de ajustes técnicos y de equipamiento, según se informó en una nota oficial comentada este lunes en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, canal 9.

Pese a despejar las especulaciones sobre una posible cancelación del espacio, el comunicado no establece una fecha concreta para su reanudación, lo que mantiene abierta la expectativa sobre el retorno de los encuentros que tradicionalmente se realizaban los lunes en el Palacio Nacional.

Durante el análisis realizado en el programa, se explicó que desde el Gobierno se evalúan posibles cambios en el formato, incluyendo encuentros más informales, traslados del espacio a diferentes provincias durante las actividades del mandatario o incluso la posibilidad de realizarlo de forma virtual.

Los panelistas señalaron además que dentro del equipo de estrategia y comunicación de la Presidencia existen divergencias sobre cómo manejar este espacio, evidenciándose una especie de “batalla” entre asesores antiguos y nuevos respecto al enfoque que debe darse a “La Semanal”.

Uno de los puntos más debatidos fue la presunta distorsión que sufrió el formato original, el cual pasó de ser un escenario para informar sobre los logros y políticas del Gobierno, a convertirse en un espacio donde el presidente respondía con frecuencia a temas de política partidaria y ataques de la oposición.

No obstante, los analistas coincidieron en que Luis Abinader, considerado el principal activo comunicacional del Gobierno, no debe aislarse ni renunciar al contacto directo con la prensa, advirtiendo que el silencio del mandatario en momentos de crisis puede resultar perjudicial para la gestión gubernamental.

También se criticó el desorden y la aglomeración de personas durante estos encuentros en el Palacio Nacional, señalando que en muchas ocasiones asistían personas que no pertenecían al ejercicio periodístico, lo que afectaba la calidad y organización del evento.

En conclusión, aunque el Gobierno ha decidido reenfocar “La Semanal” para hacerlo más efectivo y menos complaciente ante temas complejos como investigaciones del Ministerio Público o destituciones de funcionarios, los analistas consideran poco probable que el presidente Abinader renuncie a este espacio de exposición pública, dada su naturaleza comunicativa y su estilo directo de gobernar.

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Santo Domingo.– El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, reconoció que el incremento de desapariciones de niños y adultos en el país amerita una respuesta inmediata del Congreso Nacional, por lo que aseguró que en la próxima legislatura será prioridad la aprobación del proyecto de ley que crea la Alerta Ámber RD.

De los Santos señaló que, ante los reiterados casos de desapariciones y violaciones sexuales contra menores de edad, el Senado asumirá con carácter urgente el estudio del proyecto que establece un procedimiento de reacción rápida para la localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o sustraídos. Indicó que la iniciativa será incluida en la agenda legislativa y que la comisión designada tendrá el compromiso de fortalecerla y adecuarla a los mandatos constitucionales.

El legislador por la provincia Sánchez Ramírez explicó que el sistema Alerta Ámber requerirá una estructura logística y tecnológica que deberá ser evaluada junto al equipo económico del Gobierno, a fin de garantizar su financiamiento y sostenibilidad en el tiempo. En ese sentido, afirmó que el Senado dará un tratamiento especial al proyecto, similar al que se otorgó recientemente a piezas como el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Laboral, aprobadas en un mismo período legislativo.

En el debate legislativo también se destacó el respaldo político al proyecto. El portavoz del PLD, Gustavo Sánchez, adelantó que su organización apoyará la iniciativa ante la creciente preocupación social por los casos de desapariciones, mientras que el senador Dagoberto Rodríguez informó que existen al menos tres propuestas similares que perimieron por falta de consenso, por lo que planteó unificar los proyectos para aprobar una ley de urgencia.

Las iniciativas serán reintroducidas a partir del 27 de febrero, con el objetivo de dotar al país de un sistema de alerta pública que facilite la colaboración ciudadana y acelere el rescate de personas desaparecidas.

La defensa del exministro Gonzalo Castillo aseguró este viernes que el Ministerio Público tuvo la oportunidad de detener presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) desde el año 2022, pero no actuó para, según afirmaron, proteger el testimonio de José Pablo Ortiz Giráldez dentro del expediente del caso Calamar.

Durante la audiencia, la abogada Laura Acosta sostuvo que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho interrogaron a Ortiz Giráldez en 2022 y también investigaron su empresa OGS, a través de la cual —según la defensa— se habrían movilizado más de 500 millones de pesos. En ese sentido, cuestionó que, pese a conocer esas informaciones, el Ministerio Público mantuviera a Ortiz Giráldez como testigo del proceso.

Los abogados de Castillo solicitaron al tribunal excluir los testimonios de la Unidad Antifraude de la Procuraduría General de la República, así como invalidar 44 de las 66 pruebas periciales presentadas, alegando que fueron depositadas fuera del plazo legal. También pidieron el rechazo de varias pruebas documentales que, según indicaron, carecen de firmas válidas.

La defensa además cuestionó la calidad del Estado dominicano para reclamar un resarcimiento económico, señalando contradicciones sobre quién figura realmente como víctima en el proceso, al existir —según argumentaron— al menos 16 querellantes adicionales. Tras concluir los planteamientos de la defensa de Gonzalo Castillo, el tribunal declaró un receso y anunció que la audiencia se reanudará el próximo jueves, con la presentación de los argumentos de la defensa del exministro José Ramón Peralta.