Author: jablador@admin

La terapeuta de parejas y psicóloga Melissa Pol ha provocado un amplio debate en redes sociales tras afirmar que “el hombre es cabeza del hogar y las mujeres tienen que ubicarse”, una declaración que, según explicó, parte de una visión bíblica y funcional de las relaciones, y no de una defensa del maltrato o la desigualdad.

Durante una entrevista, Pol sostuvo que la crisis actual de las parejas está relacionada con la confusión de roles, la presión social y una desconexión entre el crecimiento económico y la educación emocional. “La sumisión inteligente no es aguantar abuso, es permitir que el hombre ejerza liderazgo mientras la mujer, con sabiduría, edifica el hogar”, afirmó.

Trayectoria personal y profesional

Melissa Pol nació y creció en Santo Domingo en el seno de una familia tradicional. Relató que durante su niñez se identificaba poco con los roles femeninos convencionales, pero que su transformación personal comenzó después de los 22 años, tras un proceso de pérdida de peso y fortalecimiento de su autoestima.

Aunque inició estudios en Derecho, se certificó como entrenadora personal en Miami y posteriormente se graduó en Psicología, integrando la salud física con el bienestar emocional. A los 28 años, pese a su éxito en el mundo del fitness, decidió vender su gimnasio y mudarse a Madrid, donde aseguró haber vivido un proceso de reconexión personal y espiritual.

Dinero, relaciones y roles de género

Pol afirmó que el dinero es uno de los tres pilares fundamentales de una relación, junto a la seguridad y el afecto. Aclaró que no se trata de riqueza, sino de la capacidad del hombre para resolver, proveer detalles y asumir responsabilidades cotidianas.

Criticó lo que denominó “mujeres con capa”, aquellas que asumen el rol de salvadoras dentro de la relación, lo que —según dijo— termina anulando la masculinidad del hombre. De igual forma, cuestionó la existencia de “hombres princesos”, a quienes describió como acomodados, poco caballerosos y dependientes de la iniciativa femenina.

Salud mental y terapia

En el ámbito de la salud mental, Pol advirtió sobre el aumento de la ansiedad, atribuida a la presión social por cumplir estándares de éxito, matrimonio y estabilidad económica. Destacó que, aunque los hombres aún muestran resistencia, cada vez más se abren a la terapia psicológica.

Asimismo, afirmó que no cree en procesos terapéuticos interminables, sino en intervenciones con objetivos claros y duración definida, para evitar la dependencia emocional del paciente hacia el terapeuta.

El crecimiento reciente de Pol en redes sociales —pasando de 18 mil a casi 100 mil seguidores en dos meses— lo atribuyó a un cambio en su estilo comunicacional, dejando atrás el tono académico para adoptar uno más directo, sarcástico y humorístico. Señaló que ahora utiliza las críticas como materia prima para su contenido.

Finalmente, se definió como una mujer de fe y aseguró que tanto su vida personal como profesional están guiadas por principios cristianos. Dijo aspirar a una relación con un hombre protector y seguro, que le permita desarrollar su rol femenino sin sentirse amenazado por su éxito.

La promulgación de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas en febrero del año 2020 constituyó un gran paso de avance para nuestro país por la creación de un novedoso marco jurídico para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Estableció reglas claras y definidas sustentadas en la transparencia, competitividad, responsabilidad fiscal, distribución de riesgos y protección del interés público, alineándose con los mejores estándares internacionales. Sin embargo, con la experiencia ganada en el terreno a lo largo de casi seis años, hemos decidido actualizarlo sometiéndolo a una serie de cambios técnicos y procedimentales que puedan dotarlo de mayor funcionalidad y eficiencia.

Por eso hemos presentado una propuesta de reforma de la ley de APP que nos acerque aún más a lo perseguido inicialmente por el legislador. Y es que las alianzas público-privadas son mecanismos alternativos de contratación pública sustentados en contratos de largo plazo mediante los cuales el sector privado financia, diseña, construye, opera y mantiene infraestructuras y/o servicios públicos, mientras el Estado conserva la titularidad de los activos, define los estándares de calidad y paga en función del desempeño. Esto dista mucho de la errónea idea de que constituyan esquemas de privatización. Y solo se logra si contamos con una estructura jurídica más ágil, operativa y eficaz.

Lo más importante es que este modelo se ha instituido sobre principios que garantizan un blindaje del interés colectivo, que están orientados al bienestar general. Por eso hablamos de eficiencia, igualdad de trato, libre competencia, transparencia, responsabilidad fiscal, rendición de cuentas, sostenibilidad socioambiental y del debido proceso

Hay que resaltar que esta modificación no cambia los soportes fundamentales. No se elimina la obligación de que los proyectos con impacto fiscal, uso de bienes públicos o exenciones tributarias deban ser aprobados por el Congreso Nacional. No se permite hipotecar ni gravar los bienes del Estado. No se pierde la regla de que los activos regresen al patrimonio público al finalizar el contrato entre las partes. No se debilitan los controles del Ministerio de Hacienda y Economía ni la supervisión institucional del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. La arquitectura de protección del Estado permanece intacta.

 

Lo que sí cambia es aquello que no aporta valor al interés público, y que por el contrario, obstaculiza la inversión y retrasa las soluciones que la ciudadanía espera. La práctica ha demostrado que muchos proyectos tardan demasiado tiempo en avanzar, no porque sean malos o riesgosos, sino porque el marco vigente es rígido y poco adaptable a la realidad de cada iniciativa. La reforma busca corregir esta problemática sin renunciar a la limpidez ni al control.

La pieza legislativa introduce mecanismos que permiten que los proyectos se muevan a la velocidad que exige la economía moderna. Se crean procedimientos más rápidos para casos en los que existe un solo interesado calificado, permitiendo además, la presentación anticipada de ofertas. Se establece un procedimiento especial con fases simplificadas y plazos abreviados para proyectos de menor complejidad o riesgo. Con estas herramientas, procesos que hoy pueden tomar más de un año solo en la fase de licitación, podrían solucionarse de cuatro a seis meses sin sacrificar la competencia ni la legalidad.

Asimismo, se soluciona una debilidad estructural en la falta de capacidad técnica homogénea en las instituciones ejecutoras. A partir de ahora, las entidades públicas deberán contar con equipos especializados en APP, capaces de identificar, estructurar y acompañar proyectos de manera profesional. También se crea un fondo especializado para financiar estudios de preinversión y consultorías bajo un esquema de recuperación de costos. Se formaliza el comité técnico como instancia permanente de apoyo al Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. Esto no es un detalle administrativo, es una transformación profunda del músculo técnico del Estado.

Igualmente, es relevante la modernización del régimen económico y financiero de las APP. La modificación introduce criterios más claros para la asignación de riesgos, mejora el tratamiento fiscal de los proyectos y elimina duplicidades administrativas que encarecen y retrasan el cierre financiero. Todo eso aumenta el atractivo para captar capital de largo plazo.

Esta propuesta estimulada por el presidente Luis Abinader ha sido ampliamente socializada durante varios meses con actores públicos y privados de sectores vinculados a los temas financieros, empresariales, infraestructura, inversión; con bancos, desarrolladores, operadores, asesores y expertos. Muchas sugerencias y observaciones fueron evaluadas e incorporadas. Es un proceso de concertación que no solo mejora la calidad técnica de la ley, sino que le da legitimidad política y alta credibilidad ante los mercados.

Una normativa de APP que combina controles robustos con procesos eficientes se convierte en un instrumento poderoso para transformar comunidades, crear empleos, modernizar servicios públicos y atraer inversión productiva. Reformar la Ley 47-20 es apostar por un Estado que no solo sabe regular, sino también ejecutar. En definitiva, lo que está en juego no es una simple herramienta legal sino un modelo altamente viable para el desarrollo social y económico de la República Dominicana.

 

 

 

Por: Andrés Lugo Risk 

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El exsenador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, aseguró que el presidente Luis Abinader es el mandatario que más ha trabajado por el desarrollo de esa demarcación, al tiempo que cuestionó que las millonarias inversiones ejecutadas por el Estado aún no se reflejen de manera directa en la calidad de vida de la población local.

Durante una entrevista, Sánchez fue enfático al señalar que, en comparación con gestiones anteriores, la actual administración ha sido la que ha dado pasos concretos para impulsar el desarrollo turístico de Pedernales. “Si de una sola palabra te puedo decir quién ha hecho más por Pedernales, es Luis Abinader”, afirmó, al comparar su gestión con las de Leonel Fernández y Danilo Medina.

El exlegislador explicó que por más de 20 años el desarrollo de la zona estuvo limitado debido a decisiones tomadas en gobiernos pasados, cuando se realizaron asentamientos agrarios en terrenos con vocación turística, lo que, a su juicio, frenó iniciativas que pretendían impulsar presidentes anteriores. Indicó que fue al final del gobierno de Danilo Medina cuando se logró una sentencia que devolvió al Estado dominicano el control del litoral costero desde Barahona hasta Pedernales, lo que permitió que la actual gestión iniciara los proyectos en marcha.

No obstante, Sánchez advirtió que, pese a la llegada de cruceros, la construcción de hoteles y la inversión estatal, el desarrollo aún no ha impactado de forma real a la sociedad pedernalense. “No se ha generado empleo ni riqueza en Pedernales como debiera ser”, sostuvo, tras denunciar que muchos de los negocios y empleos vinculados al puerto turístico están siendo manejados por personas provenientes de otras provincias, principalmente Puerto Plata.

El exsenador, quien recordó que fue legislador durante 22 años, hizo un llamado a las autoridades locales y a los actuales representantes legislativos para que garanticen que las inversiones prioricen a los residentes de la provincia. “Cuando llega un crucero, la población se da cuenta no por el empleo generado, sino porque llegan personas de fuera a administrar los negocios”, expresó.

Asimismo, criticó la situación del sector agropecuario y calificó como un acierto la destitución del pasado ministro de Agricultura, señalando que su salida fue una demanda popular. Sobre los nuevos funcionarios, pidió tiempo para evaluar su gestión, al considerar que heredaron instituciones afectadas por administraciones anteriores.

Finalmente, Sánchez reiteró que apoya el desarrollo turístico de Pedernales, pero insistió en que este debe traducirse en beneficios reales para la población local, priorizando a los trabajadores y empresarios de la zona en una de las provincias históricamente más deprimidas del país.

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El dirigente político Tony Peña Guaba afirmó que la educación y el respaldo sostenido del Estado al campo son pilares fundamentales para erradicar la pobreza en la República Dominicana, al tiempo que cuestionó lo que definió como un abandono histórico del sector agropecuario y fallas en la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial.

Durante una intervención en un espacio radial, Peña Guaba recordó que en gobiernos pasados, como los encabezados por Joaquín Balaguer, el Estado apoyaba directamente a los agricultores con preparación de tierras, tractores y combustible, medidas que, a su juicio, ayudaban a que los campesinos permanecieran en sus comunidades y evitaran la migración masiva hacia las grandes ciudades, donde se formaron los llamados “cordones de miseria”.

Sostuvo que, aunque este tipo de apoyo implica un sacrificio económico para el Estado, se trata de una inversión que beneficia al país, ya que impulsa la producción agrícola y contribuye a mantener a las familias rurales en el campo. En ese contexto, criticó duramente la pasada gestión del Ministerio de Agricultura, calificando su desempeño como deficiente, aunque pidió dar tiempo a las actuales autoridades, tanto en ese ministerio como en Educación, tras lo que definió como una gestión anterior “desastrosa”.

Al referirse al desarrollo de Pedernales, Peña Guaba aseguró que, con honestidad, el presidente Luis Abinader ha sido quien más ha impulsado esa provincia en comparación con administraciones anteriores. No obstante, explicó que decisiones tomadas hace más de 20 años, como asentamientos agrarios en terrenos con vocación turística, frenaron por décadas el potencial de la zona. Indicó que fue al final del gobierno de Danilo Medina cuando una sentencia devolvió al Estado el control del litoral costero desde Barahona hasta Pedernales, lo que permitió al actual gobierno iniciar los proyectos turísticos.

Sin embargo, lamentó que, pese a la llegada de cruceros y la construcción de hoteles, la inversión no haya impactado de manera real a la población de Pedernales. Denunció que muchos de los negocios y empleos vinculados al puerto turístico son operados por empresarios y trabajadores provenientes de otras provincias, lo que impide la generación de empleo y riqueza local. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y legisladores de la provincia para que prioricen la participación de la mano de obra y los comerciantes de la zona, a fin de que la inversión estatal cumpla su objetivo de reducir la pobreza en una de las regiones más deprimidas del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM–Vinci Airports) aclaró que el proyecto de construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), avanza conforme al cronograma acordado y en estricto cumplimiento del Contrato de Concesión.

La aclaración surge luego de las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien anunció este miércoles que el Gobierno dominicano presentará una querella formal en Francia contra la empresa Vinci Airports si no se inicia a la mayor brevedad la construcción de la nueva terminal, anunciada en agosto del año pasado.

Mediante una nota de prensa, Aerodom explicó que se trata de un proyecto de gran envergadura que, conforme a las prácticas internacionales estándar, contempla una serie de fases preparatorias y técnicas esenciales para su correcta ejecución. La empresa precisó que, aunque estas etapas no siempre son visibles en el sitio de la obra, resultan fundamentales para garantizar una construcción eficiente y sin interrupciones.

La compañía aseguró que los trabajos se encuentran actualmente en ejecución y que las actividades comenzaron en junio de 2025 con labores preliminares clave, entre las que se incluyen estudios técnicos especializados, despeje de áreas, obtención de permisos, demoliciones y adecuaciones del terreno.

Según Aerodom, estas acciones permitirán habilitar el inicio de la fase de construcción mayor, la cual se intensificará conforme al cronograma establecido en el contrato, reiterando su compromiso con el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del país.

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) informó que actualmente brinda protección y servicios a 212,160 niños y niñas con edades entre 0 y 5 años, una labor que impacta de manera directa a más de 168,000 familias dominicanas en todo el territorio nacional.

Los servicios del INAIPI se ofrecen a través de 731 centros distribuidos en las distintas provincias del país, lo que ha permitido ampliar la cobertura y fortalecer la atención integral en la primera infancia, una de las prioridades de las políticas sociales del Estado dominicano.

Durante la presentación de estos datos, la directora ejecutiva de la entidad, Josefa Castillo, destacó que el INAIPI maneja un presupuesto superior a los 12,000 millones de pesos, recursos que, aseguró, no deben verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo y el futuro del país. En ese mismo sentido se expresó la primera dama Raquel Arbaje, quien subrayó el impacto social y económico que genera la atención temprana.

Castillo explicó que esta inversión permite que padres y madres puedan incorporarse al mercado laboral o continuar sus estudios con la tranquilidad de que sus hijos se encuentran en espacios seguros, con atención adecuada y procesos de estimulación temprana que favorecen su desarrollo integral.

En cuanto a la distribución por edades, el INAIPI atiende a más de 21,000 niños menores de un año, 42,000 de un año, 50,000 de dos años, 49,000 de tres años, 41,000 de cuatro años y más de 6,000 de cinco años, cifras que reflejan el alcance del programa en cada etapa de la primera infancia.

Estas informaciones fueron ofrecidas en el marco de la cuarta edición del seminario internacional “Primera infancia: oportunidades para un futuro sostenible”, que se celebra en un hotel de la capital y concluirá el próximo viernes, con la participación de expertos nacionales e internacionales en desarrollo infantil.

 

 

Un video difundido este miércoles muestra un altercado entre Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, y agentes federales de inmigración ocurrido el 13 de enero en Minneapolis, once días antes de que fuera abatido por la espalda durante un operativo el 24 de enero, según informaron medios internacionales.

El material audiovisual, publicado por cadenas internacionales, capta a Pretti participando en una protesta, donde se le observa confrontando verbalmente a agentes federales no identificados y pateando la luz trasera de un vehículo policial, antes de ser inmovilizado por oficiales. En las imágenes se aprecia brevemente un objeto en su cintura que familiares y defensores identificaron como un arma, aunque aseguraron que no fue desenfundada ni apuntada.

El incidente ocurrió en medio de las operaciones migratorias reforzadas en Minnesota, con presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Activistas locales afirmaron posteriormente que Pretti habría quedado “fichado” por las autoridades tras ese episodio.

El 24 de enero, agentes federales dispararon contra Pretti durante un operativo en Minneapolis. Análisis de audio y testimonios posteriores indican que recibió al menos diez disparos, lo que contradice la versión inicial de las autoridades, que lo describieron como una amenaza armada.

Tras la difusión de varios videos, un informe preliminar de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Patrulla Fronteriza indicó que en las imágenes analizadas Pretti sostenía un teléfono móvil, no un arma, aunque funcionarios reiteraron que fue visto con un arma en la cintura antes del enfrentamiento.

Los dos agentes involucrados fueron colocados en licencia administrativa, medida que las autoridades federales calificaron como parte del protocolo estándar mientras continúa la investigación del caso.

Las autoridades federales informaron que el proceso sigue en curso y que se mantienen las revisiones internas para esclarecer las circunstancias del uso de fuerza letal durante el operativo.

 

El comunicador Óscar Medina calificó como un paso estratégico y beneficioso para ambas naciones la autorización otorgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción de un cable submarino que conectará eléctricamente a la República Dominicana y Puerto Rico.

“Nos beneficia a todos”, expresó Medina al comentar el anuncio realizado por el presidente Luis Abinader durante un encuentro con comunicadores, donde informó que el permiso ya fue concedido y que en los próximos días se espera un comunicado oficial de la Casa Blanca confirmando la decisión.

De acuerdo con lo explicado por Abinader, el proyecto será ejecutado por la empresa Caribbean Transmission Development Company, la cual ya cuenta con la “no objeción” del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un respaldo clave que allana el camino para la materialización de la interconexión energética.

La iniciativa permitiría a la República Dominicana exportar energía eléctrica hacia Puerto Rico, cuyo sistema atraviesa una crisis estructural debido a plantas obsoletas que deben ser retiradas. Asimismo, abriría la posibilidad de vender excedentes energéticos, especialmente los generados a partir de fuentes renovables durante el día, fortaleciendo el mercado eléctrico regional.

Según se explicó en el análisis, el proyecto también representaría una garantía adicional para el sistema energético dominicano, al atraer mayor inversión extranjera, ya que los inversionistas contarían con un mercado ampliado y con la seguridad de estar conectados a territorio bajo regulación estadounidense. Incluso, se planteó a largo plazo la posibilidad de una futura conexión con el territorio continental de Estados Unidos, específicamente Florida, lo que daría una estabilidad aún mayor al sistema eléctrico nacional.

Varias naciones del sudeste asiático activaron protocolos de emergencia en aeropuertos y puntos de entrada internacional ante el riesgo de propagación del virus Nipah, luego de confirmarse dos casos recientes en India, una enfermedad considerada altamente letal y con potencial epidémico por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malasia han puesto en marcha controles de temperatura, vigilancia médica y declaraciones sanitarias obligatorias para pasajeros procedentes de zonas consideradas de riesgo. Las medidas buscan impedir que el virus cruce fronteras, en un contexto regional marcado por una intensa movilidad aérea y terrestre.

El virus Nipah está clasificado por la OMS como patógeno prioritario debido a su elevada tasa de mortalidad, que oscila entre el 40 % y el 70 %, así como por la ausencia de una vacuna o tratamiento específico aprobado. La enfermedad puede transmitirse desde animales, principalmente murciélagos frugívoros y cerdos, y también de persona a persona mediante contacto estrecho.

Los dos casos detectados a finales de diciembre en el estado indio de Bengala Occidental corresponden a trabajadores sanitarios que permanecen ingresados bajo tratamiento, según informaron autoridades locales. El Ministerio de Salud de India aseguró que fueron identificados y monitoreados 196 contactos, todos los cuales dieron negativo en las pruebas y no han presentado síntomas.

Ante la situación, países vecinos como Nepal, China y Hong Kong también elevaron sus niveles de alerta, reforzando la vigilancia epidemiológica. Aunque el Nipah no es un virus nuevo y ha provocado brotes mortales en el pasado, especialmente en el estado indio de Kerala, las autoridades internacionales advierten que una mutación más transmisible podría desencadenar una crisis sanitaria de mayores proporciones.