El dirigente político y comunicador Guido Gómez Mazara ofreció un análisis profundo sobre la situación política de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, así como una reflexión sobre el panorama político, económico y social de la República Dominicana, durante su participación en el programa Revista 110.
Venezuela y la lógica del poder internacional
Guido Gómez Mazara sostuvo que el desplazamiento de un dictador rara vez se produce dentro de los márgenes estrictos de la legalidad internacional. Al comparar el caso de Maduro con episodios históricos como la salida de Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza y Manuel Noriega, explicó que la llamada realpolitik suele imponerse cuando entran en juego intereses de seguridad nacional.
En ese sentido, calificó la captura de Maduro como una decisión estratégica de Estados Unidos, sustentada en acusaciones vinculadas al narcotráfico, a través del denominado Cártel de los Soles, y al terrorismo, por la expansión del Tren de Aragua.
Sobre el proceso de transición, Gómez Mazara indicó que Washington apuesta a negociar con quienes permanecen en el poder —como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López— con el objetivo de evitar un colapso social. A su juicio, este grupo mantiene el control de los llamados colectivos y de las estructuras clave del Estado venezolano, lo que los convierte en actores inevitables en cualquier escenario de cambio.
Petróleo, geopolítica y el rol de China
El dirigente aseguró que el modelo chavista está agotado y que Venezuela pasó de producir millones de barriles diarios a niveles críticamente bajos. Según explicó, Estados Unidos busca ahora facilitar la entrada de inversión norteamericana para reconstruir la infraestructura petrolera, al tiempo que reduce la influencia estratégica de China en el país suramericano.
Aunque reconoció que la detención de Maduro puede generar cuestionamientos legales, Gómez Mazara recordó que existen precedentes en la justicia estadounidense, como el caso Ker v. Illinois, que permiten juzgar a un imputado una vez se encuentra bajo jurisdicción de EE. UU., independientemente de la forma en que fue capturado.
En el plano nacional, defendió la postura del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez, señalando que la República Dominicana ha actuado con coherencia democrática al suscribir la Declaración de Santo Domingo y cuestionar la legitimidad de las elecciones venezolanas de julio de 2024.



