SANTO DOMINGO. — La libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, se encuentra en el centro de un encendido debate en la República Dominicana. La controversia gira en torno al nuevo proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que busca actualizar el marco legal vigente para adaptarlo al entorno digital, pero que ha despertado serias preocupaciones por su posible uso como instrumento de censura disfrazada.
El comunicador Virgilio Félix Mejía, durante su intervención en El Sol de la Mañana, encendió las alarmas al señalar varias ambigüedades y peligros que, a su juicio, podrían vulnerar derechos fundamentales si no se corrigen a tiempo.
Félix Mejía expresó inquietud sobre el poder que se le otorgaría al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) o al futuro órgano regulador —en este caso Inacom, según el proyecto— para sancionar y fiscalizar contenidos bajo criterios poco definidos como la “dignidad humana” o la “moral pública”. “Eso abre la puerta a una censura administrativa”, advirtió, cuestionando la falta de definiciones claras sobre qué se considera ofensivo o contrario a las buenas costumbres.
El también abogado y comunicador reconoció la necesidad de modernizar la legislación, pero subrayó que cualquier norma que toque la libertad de expresión debe ser “clara, precisa y garantista”. Según explicó, aspectos como la responsabilidad de los algoritmos de las plataformas digitales, la regulación de los contenidos generados por usuarios independientes, y la protección del derecho a la crítica —incluso contra figuras del poder político—, están poco definidos o ausentes en el borrador actual.
Otra preocupación expresada por Félix Mejía fue la falta de criterios objetivos en la ley para determinar qué constituye contenido denigrante. “¿Cuál es el estándar? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde están las instancias de mediación antes de aplicar sanciones?”, se preguntó. Señaló que el régimen propuesto no contempla las diferencias operativas ni económicas entre un gran medio de comunicación y un tuitero o youtuber independiente, lo que podría traducirse en un “desincentivo al periodismo emergente”.
El tema también toca el delicado terreno de la relación entre el Estado y las plataformas tecnológicas globales como Meta o X (antes Twitter). Aunque el proyecto plantea que estas empresas deben adaptarse a las regulaciones dominicanas para operar en el país, Félix Mejía cuestionó la viabilidad de hacer cumplir tales exigencias sin una articulación legal sólida y una coordinación internacional previa.
En medio del debate, el comunicador reconoció ciertos aspectos positivos del proyecto, como el reconocimiento expreso del ecosistema digital, la cláusula de conciencia para periodistas y algunas protecciones frente a represalias o censura previa. Sin embargo, advirtió que las buenas intenciones legislativas no deben convertirse en un instrumento que debilite la libertad de prensa o restrinja la crítica legítima.
“Estamos hablando de una ley que puede definir el futuro del periodismo y de la expresión en el país por las próximas décadas. Por eso merece un debate profundo, participativo y transparente”, concluyó Félix Mejía, al tiempo que hizo un llamado a los sectores académicos, jurídicos, mediáticos y a la sociedad civil a involucrarse en la discusión.
El debate apenas comienza, pero ya plantea una interrogante crucial para la democracia dominicana: ¿es posible regular sin reprimir? ¿Cómo se equilibra el combate a la desinformación, el discurso de odio y la difamación, sin vulnerar el derecho ciudadano a opinar, criticar y denunciar?
