Author: jablador@admin

 

Choque múltiple en Pennsylvania dejó al menos una persona fallecida y nueve heridas tras una colisión que involucró alrededor de 25 vehículos en la interestatal 79, informaron este martes autoridades estatales.

De acuerdo con la Policía Estatal de Pennsylvania, el accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas, marcadas por nevadas intensas, frío extremo y visibilidad reducida, asociadas a una masa de aire polar que afecta la región.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para atender a las víctimas y retirar los vehículos involucrados en el siniestro.

Debido a la magnitud del impacto, la interestatal 79 permaneció cerrada por más de cinco horas, lo que generó importantes retrasos en el tránsito vehicular.

Las autoridades indicaron que el Choque múltiple en Pennsylvania se produjo en un contexto de clima invernal severo que mantiene bajo alerta a unos 66 millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución ante las condiciones meteorológicas extremas.

El Ministerio Público solicitó penas de hasta 20 años de prisión contra los principales imputados en el juicio de fondo del Caso Coral, en el que se investiga un presunto desfalco al Estado superior a los RD$4,500 millones. La acusación incluye, además de las condenas privativas de libertad, multas económicas y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita, como parte del paquete de sanciones propuesto por la Fiscalía.

Entre los principales señalados para la pena máxima figuran Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), y Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del CESTUR, así como Rafael Núñez de Aza, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Franklin Alberto Mata Flores.

Para Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades, el Ministerio Público pidió una condena diferenciada de cinco años de prisión, 200 salarios mínimos de multa y decomiso de bienes. En tanto, la Fiscalía solicitó 15 años de cárcel y 300 salarios mínimos para la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco; y 10 años de prisión con 200 salarios mínimos para Yeudi Blandesmil Guzmán, José Manuel Rosario Pirón y otros imputados.

El órgano acusador también requirió sanciones contra personas jurídicas presuntamente utilizadas para canalizar fondos, incluyendo la suspensión de operaciones, decomiso de bienes y multas millonarias para entidades como la Iglesia Bautista Vida Eterna, CSNA Universo Empresarial y Randa International Company. De su lado, las defensas rechazaron las conclusiones del Ministerio Público, alegando insuficiencia probatoria y negando que se haya demostrado la existencia de un desfalco o de una asociación de malhechores. El tribunal recesó la audiencia y fijó la continuación del juicio para el próximo martes, cuando la defensa de Adán Cáceres presentará sus réplicas.

 

Rosendo Tavares Villalobos cerró su comentario abordando la situación de Cuba, al señalar que el régimen de Miguel Díaz-Canel estaría comenzando a sentir una fuerte presión por parte de Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump colocara nuevamente a la isla en el centro de su agenda, tras lo ocurrido recientemente en Venezuela.

Presión de Estados Unidos y crisis energética

Según explicó, el llamado ahogamiento petrolero está generando severos estragos en el país. Las filas de vehículos para conseguir combustible —afirmó— se han vuelto kilométricas, en un contexto donde el suministro es prácticamente inexistente. Esta escasez ha impactado de manera directa al sistema energético, que se ha desplomado en sentido general en toda la isla.

Discurso inusual de Miguel Díaz-Canel

En ese escenario, Tavares Villalobos destacó como un hecho significativo la comparecencia del presidente cubano en la televisión nacional, un discurso que incluso medios oficiales calificaron como inusual. Durante su intervención, Díaz-Canel afirmó que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos “sobre todos los temas”, siempre que dicho diálogo se produzca dentro de un marco de respeto y con pleno reconocimiento de la soberanía cubana.

La realidad impone un cambio de postura

El comentarista subrayó que Cuba atraviesa una situación crítica, agravada por el estrangulamiento petrolero, lo que ha vuelto prácticamente inmanejable el panorama para el gobierno. Recordó que apenas dos o tres semanas atrás las autoridades aseguraban que no tenían nada que conversar con Donald Trump ni con Estados Unidos, una postura que —dijo— terminó chocando con la realidad.

Rosendo Tavares Villalobos concluyó que la aparición de Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional y su apertura al diálogo evidencian el nivel de presión que enfrenta el régimen cubano, que ahora se muestra dispuesto a negociar con Washington, aunque insiste en hacerlo sin presiones externas.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió que las empresas que no apliquen el aumento del 8 % al salario mínimo, pendiente de entrar en vigor este mes de febrero, se exponen a sanciones económicas conforme a lo establecido por la ley laboral. El funcionario recordó que este ajuste completa el incremento total del 20 % acordado para el sector privado no sectorizado.

Olivares explicó que el aumento debe ser aplicado a los trabajadores de grandes, medianas y pequeñas empresas, impactando de manera directa a cerca de 1.4 millones de empleados en todo el país. Señaló que el Ministerio de Trabajo dará seguimiento al cumplimiento de la medida y que existen canales formales para que los trabajadores puedan reportar a los empleadores que no realicen el ajuste correspondiente.

Sanciones económicas y “sanción moral”

El titular de Trabajo indicó que las empresas que incumplan enfrentarán multas económicas, como establece la normativa vigente. No obstante, subrayó que el incumplimiento también conlleva una “sanción moral”, al considerar que no existe justificación válida para negarse a pagar el salario mínimo fijado por ley.

El ministro expresó su confianza en que el sector empresarial acatará la disposición, al tiempo que reiteró el llamado a respetar los derechos laborales y garantizar el pago justo a los trabajadores, como parte del compromiso del Gobierno con la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

 

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destituyó este viernes al doctor José Armando Holguín Núñez de su cargo como director del Hospital Salvador B. Gautier, tras realizar una supervisión directa en el centro de salud. La medida se produce luego de constatar deficiencias en las condiciones generales del hospital y el incumplimiento de protocolos básicos de atención.

De acuerdo con lo informado por el titular del SNS, la decisión responde a fallas en los niveles de limpieza e higiene, así como a problemas en los protocolos de seguimiento y circulación de pacientes dentro del hospital. Landrón increpó al funcionario por la situación encontrada durante el recorrido de inspección, al considerar que estas irregularidades afectan la calidad del servicio y ponen en riesgo la seguridad de pacientes y personal médico.

La destitución ocurre en un contexto de denuncias recientes por parte de médicos residentes, quienes habían advertido sobre hechos de delincuencia dentro del centro de salud, atribuidos a la falta de controles y seguridad en las instalaciones. Estas quejas elevaron la preocupación sobre el manejo administrativo y operativo del hospital.

Como próximas acciones, el director del SNS anunció que será designado un nuevo director junto a su propio equipo de trabajo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos médicos, independientemente de la disponibilidad de recursos. Asimismo, se informó que el sustituto se presentará en el centro de salud en las próximas horas, para iniciar de inmediato el proceso de reorganización y corrección de las deficiencias detectadas.

Tras varios días de trabajos arqueológicos, la arqueóloga Kathleen Martínez, junto a un equipo especializado y con el respaldo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), mantiene la expectativa de localizar los restos del cacique Enriquillo en las ruinas históricas del municipio Pueblo Viejo, provincia Azua. Las excavaciones se concentran en puntos específicos del yacimiento, seleccionados a partir de investigaciones previas que sugieren posibles áreas de enterramiento.

Martínez explicó que el proyecto integra restauradores y osteólogos, con jornadas de trabajo a tiempo completo, lo que permitiría obtener resultados significativos en un plazo aproximado de cuatro semanas. Detalló que la metodología se sustenta en teorías e hipótesis científicas que son sometidas a verificación mediante técnicas de investigación arqueológica rigurosas en el terreno.

De acuerdo con la escritora e investigadora Lidia Martínez de Macarrulla, registros históricos señalan que Enriquillo habría solicitado que sus restos descansaran en la Iglesia de las Mercedes, donde se encontraba su cura párroco, quien fungía como intermediario en sus comunicaciones con el emperador. Esta referencia ha servido de base para orientar parte de la búsqueda en la zona.

La iniciativa cuenta con respaldo gubernamental luego de que el presidente Luis Abinader emitiera un decreto que crea una comisión especial para localizar los restos del cacique y construir un mausoleo en su honor, en reconocimiento a su papel como símbolo de la resistencia indígena en la isla.

Impacto local e identidad histórica
Representantes comunitarios y figuras locales destacaron que la excavación no persigue fines económicos, sino rescatar información de alto valor histórico y simbólico para Azua y el país. Subrayaron que Enriquillo es considerado por muchos como el “primer guerrero de América”, por su resistencia frente al dominio colonial.

Las autoridades señalaron que PROPEEP está aportando los recursos logísticos y financieros necesarios para el desarrollo de las excavaciones y el funcionamiento de la comisión especial, en un esfuerzo por reivindicar la memoria histórica y fortalecer la identidad cultural de la región.

 

 

Prisión preventiva por falsa alarma de bomba en el AILA fue dictada por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este contra el ciudadano peruano Ángel del Pino Cuya, acusado de provocar una alerta falsa que obligó al retorno de un vuelo comercial el 6 de enero, informaron autoridades judiciales.

El tribunal impuso 12 meses de prisión preventiva, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, que también logró que el caso fuera declarado complejo debido al impacto generado en la seguridad aeroportuaria.

El fiscal Andrés Mena explicó que la jueza Karen Minyeti valoró la gravedad del hecho, que activó protocolos de seguridad aérea nacional e internacional, tras confirmarse que la información suministrada era falsa.

Entre las evidencias incorporadas al expediente figura el teléfono celular desde el cual se realizó la llamada que alertó sobre un supuesto artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, lo que provocó el retorno de la aeronave, el desvío de varios vuelos y pérdidas económicas significativas.

Las autoridades indicaron que el imputado laboraba en entornos cercanos al AILA y que la investigación continúa para establecer las circunstancias en que se produjo la llamada. Del Pino Cuya reside en República Dominicana desde hace dos años y medio, tras permanecer en el país luego de unas vacaciones.

Defensa rechaza la medida

El abogado Rafael Lalane, defensa del imputado, calificó como desproporcionada la decisión judicial y sostuvo que la investigación podía continuar sin imponer prisión preventiva.

“Desproporcionada la decisión, pero seguimos apostando a la buena justicia y la presunción de inocencia”, expresó.

Calificación jurídica

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil y a la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que contemplan penas de tres a 40 años de prisión.

El imputado fue arrestado el 22 de enero en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, aunque con impacto directo en la operatividad del aeropuerto y la seguridad del transporte aéreo. El proceso judicial continúa bajo investigación.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron la captura de Nicolás Núñez, un exoficial superior de la institución, de 60 años y actualmente pensionado, señalado como presunto responsable de un grave caso contra una niña de ocho años en la comunidad de Matanzas. El arresto se produjo mediante una labor coordinada entre autoridades dominicanas y agencias de seguridad de los Estados Unidos.

Según el informe oficial, el imputado enfrenta cargos por un presunto acto indebido contra la menor. Las autoridades indicaron que el exoficial policial habría intentado evadir la acción de la justicia abordando un vuelo con destino a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago.

Los organismos de seguridad lograron detectar su presencia en la terminal aérea y activaron los protocolos de alerta, impidiendo su salida del país. Posteriormente, procedieron con su detención para ponerlo a disposición del Ministerio Público y que responda ante los tribunales dominicanos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que este tipo de delitos conllevan sanciones severas conforme a la legislación vigente. Asimismo, destacaron la importancia de la cooperación internacional para evitar que personas imputadas por hechos graves intenten sustraerse de la justicia.

Penalidad por abuso infantil

En la República Dominicana, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes está tipificado en la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) y en el Código Penal. Estas normas establecen penas de prisión severas para quienes cometan actos de abuso, agresión o explotación sexual contra menores, con agravantes cuando existe relación de autoridad, confianza o parentesco, o cuando el hecho provoca daño físico o psicológico grave a la víctima.

Las condenas pueden alcanzar penas de entre 10 y 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de las circunstancias del caso, además de multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos o funciones que impliquen trato con menores, y otras medidas de protección para la víctima. La legislación dominicana prioriza la protección integral de los niños y la persecución efectiva de estos delitos, considerados de alta gravedad social.

Las autoridades de salud mexicana y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encendieron las alarmas tras el avance de un brote de sarampión que ha dejado más de 8,000 casos acumulados en todo el país hasta este jueves. Jalisco se ha convertido en el epicentro de los contagios, mientras la Ciudad de México también reporta un incremento significativo de casos.

De acuerdo con la OPS, México encabeza la región de las Américas con 1,981 casos confirmados este año y 5,221 sospechosos, cifra que ha motivado una alerta epidemiológica ante la extensión de esta enfermedad altamente contagiosa.

Jalisco y Ciudad de México bajo la lupa
El estado de Jalisco lidera las cifras con 1,163 casos confirmados y 2,092 sospechosos, así como 450 casos activos reportados recientemente, según el último reporte oficial. En respuesta al crecimiento de contagios, las autoridades locales han decretado el regreso obligatorio del uso del cubrebocas en las escuelas, luego de que 30 planteles reportaran brotes entre estudiantes.

Mientras tanto, en la Ciudad de México se han identificado 113 casos confirmados hasta el momento, y se prepara la instalación de más de 2,000 módulos de vacunación en toda la capital para hacer frente al aumento de infecciones.

Las autoridades sanitarias han reforzado la campaña de vacunación como principal estrategia de contención, destacando que el 78 % de los contagiados no estaba inmunizado. La Secretaría de Salud Federal informó que hay disponibles alrededor de 23 millones de dosis contra el sarampión, suficientes para cubrir las necesidades de los próximos dos años, con el objetivo de frenar la propagación de la enfermedad.

El brote coincide con importantes eventos internacionales que tendrán lugar en México, como la Copa Mundial de Fútbol 2026, que tendrá sedes en Jalisco, Ciudad de México y Monterrey, lo que ha elevado la preocupación por garantizarel control sanitario en medio de la afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Transmisión y síntomas
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por el aire a través de la tos y los estornudos. Sus síntomas incluyen fiebre alta, tos, ojos rojos y un sarpullido característico que empieza en el rostro y se extiende por el cuerpo.

Decenas de niños y adultos en el municipio de Zapopan, en Jalisco, fueron vistos el jueves con cubrebocas en las calles y plazas tras las nuevas medidas sanitarias implementadas por las autoridades estatales, en un intento por frenar el ritmo de contagios en escuelas y espacios públicos.

Las autoridades llaman a la población a mantener la calma, cumplir con las medidas preventivas y acudir a los puntos de vacunación disponibles, especialmente en zonas con mayor incidencia, para protegerse y proteger a los más vulnerables ante esta amenaza epidemiológica.