Author: jablador@admin

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este jueves en Oslo que mantiene una colaboración cercana con el Gobierno de Estados Unidos para explicar el plan de transición democrática en Venezuela, pero negó cualquier participación en operaciones o decisiones de seguridad nacional llevadas a cabo por la Administración de Donald Trump en el Caribe.

Machado sostuvo que cada país “tiene derecho a su legítima defensa” y que sus acciones se desarrollan sin injerencia de la oposición venezolana. “No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones de otros gobiernos. Nosotros vamos hasta el final, sin especular sobre estrategias ajenas”, dijo durante una rueda de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz, galardón al que no pudo asistir por la crisis en su país.

La dirigente destacó que las recientes acciones de Washington han sido “decisivas” para debilitar al régimen venezolano como “nunca antes”, aunque insistió en que su trabajo se limita a presentar el plan opositor. Añadió que la oposición mantiene conversaciones con gobiernos de América Latina y Europa para explicar su hoja de ruta para las “primeras 100 horas y los siguientes 100 días” de un eventual gobierno de transición.

Machado recordó que Venezuela enfrenta una “crisis multidimensional” que abarca lo humanitario, financiero, la seguridad y los servicios básicos. Aseguró que el presidente electo por la oposición, Edmundo González, cuenta con equipos preparados para asumir el control del país desde el primer día.

Asimismo, Machado reiteró que la comunidad internacional juega un rol clave en garantizar que cualquier transición se produzca de manera ordenada y sin represalias contra la población. Señaló que su equipo mantiene “canales abiertos y permanentes” con aliados estratégicos para asegurar que el proceso avance con el mayor respaldo posible y que se respete la voluntad de los venezolanos.

La Nobel de la Paz insistió en que la prioridad es “restablecer la institucionalidad y la confianza” en un país golpeado por años de colapso político y económico. “Estamos listos para reconstruir Venezuela desde el primer día, pero también conscientes de que será un camino complejo”, afirmó, reafirmando que la oposición no se detendrá hasta lograr una transición pacífica y duradera.

La audiencia del caso Calamar volvió a ser aplazada este miércoles, luego de que la defensa del imputado Rafael Calderón presentara una licencia médica que le ordena 30 días de reposo, impidiendo su asistencia al proceso judicial.

El estado de salud de Calderón ha retrasado el avance del expediente en múltiples ocasiones. Según lo expuesto en audiencia, esta es la segunda vez que la defensa de Gonzalo Castillo no puede iniciar su presentación debido a la condición médica de su coimputado, y la cuarta suspensión del proceso por distintas razones.

Los abogados de Calderón depositaron ante el tribunal la licencia médica, lo que motivó la solicitud de que el juicio se pospusiera hasta que el imputado pueda estar presente para garantizar su derecho a defensa.

Aunque el Ministerio Público (MP) no se opuso al aplazamiento, pidió a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que autorice a médicos del INASIF a visitar al imputado. El objetivo es verificar la condición de salud, confirmar la validez del diagnóstico y determinar si Calderón podrá reintegrarse al proceso una vez concluyan los 30 días de licencia.

“Como no somos médicos, no podemos evaluar la certeza de la licencia ni las condiciones del ciudadano para reincorporarse transcurrido ese plazo”, argumentó el MP.

La magistrada acogió la solicitud y decidió aplazar la audiencia para mañana a las 2:00 de la tarde, en espera de la evaluación médica oficial.

El tribunal recordó que puede ordenar la separación de procesos o fusionarlos, según las circunstancias de cada imputado, siempre que surjan elementos nuevos que lo justifiquen.

La Defensoría del Pueblo reveló que ha recibido más de cinco mil denuncias relacionadas con violaciones al derecho a la salud, una cifra que, según su titular, Pablo Ulloa, evidencia la gravedad de las deficiencias en el sistema sanitario. Una parte importante de esos casos involucra directamente al Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde numerosos usuarios aseguran que, aun teniendo cobertura activa, no recibieron los servicios que les correspondían. Ulloa explicó que entre las quejas más comunes se encuentran pacientes a quienes se les negaron medicamentos previamente autorizados, solicitudes ignoradas y retrasos prolongados durante finales del año pasado y todo lo que va de este.

El Defensor del Pueblo calificó la situación como “un lastre” que afecta a miles de ciudadanos vulnerables que dependen del seguro estatal para preservar su salud. Señaló que la acumulación de denuncias confirma no solo fallas administrativas, sino un patrón sistemático que debe corregirse de inmediato para evitar mayores daños. Ulloa subrayó que la negación de servicios médicos constituye una violación directa a derechos fundamentales.

En medio del actual escándalo que envuelve al Senasa, Ulloa fue categórico al afirmar que el país no puede permitir que un caso de esta magnitud avance sin consecuencias reales. Hizo un llamado firme a que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, sin importar cargos, conexiones políticas o vínculos empresariales. Aseguró que solo sanciones ejemplares podrán restablecer la confianza pública y garantizar que situaciones como estas no vuelvan a repetirse.

Ulloa reiteró que la Defensoría del Pueblo continuará documentando cada caso y ofreciendo acompañamiento a los afectados, a fin de asegurar que ninguna denuncia quede en el vacío. Insistió en que la institución ha fortalecido sus mecanismos de seguimiento y está en comunicación permanente con las autoridades del sector salud para exigir respuestas inmediatas y acciones correctivas. “No podemos normalizar que un ciudadano enfermo tenga que rogar por un servicio que ya pagó o que el Estado le garantiza”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el daño emocional, económico y físico que sufren estos usuarios debe ser considerado con la misma seriedad que las implicaciones administrativas. Muchos de los denunciantes —dijo— han tenido que endeudarse para costear tratamientos negados, agravando aún más su situación de vulnerabilidad. Ulloa concluyó que es momento de que el sistema de salud asuma plena responsabilidad y que las autoridades actúen con transparencia para evitar que esta crisis continúe profundizándose.

Un accidente registrado en las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva, perteneciente a la Línea 9 del Metro de Ciudad de México, dejó este martes al menos 12 personas lesionadas luego de que una caída provocara un efecto dominó entre los usuarios.

El incidente ocurrió cuando una persona que transportaba bultos voluminosos perdió el equilibrio mientras descendía por la escalera eléctrica, generando que varios pasajeros cayeran unos sobre otros. El momento quedó captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa a los usuarios apilados en la escalera, intentando levantarse mientras otros permanecen atrapados al fondo de la aglomeración. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaron de inmediato al área para auxiliar y ayudar a liberar a las personas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el accidente “presuntamente derivó de la caída de un usuario con objetos de gran tamaño”, lo que provocó la cadena de caídas.

Del total de afectados, nueve personas pudieron retirarse por sus propios medios, mientras que tres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. En redes sociales circulan fotografías y videos donde se observa a paramédicos movilizando a heridos en camillas e incluso sillas de oficina debido a la saturación del acceso.

Las autoridades del Metro exhortaron a los usuarios a evitar transportar cargas pesadas en las escaleras eléctricas y a utilizar las rutas alternas cuando lleven objetos voluminosos, con el fin de prevenir accidentes similares.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó este miércoles la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) El Ingenio, en Andrés, Boca Chica, junto a la directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez. El nuevo espacio beneficiará a cientos de niños y niñas de 0 a 5 años de los sectores Andrés Centro, Miramar, Azul, El Brisal, La Ceiba, Brisas de Caucedo, El Higo, La Cachaza y Monte Adentro.

La apertura del CAIPI forma parte del plan de ampliación de servicios que impulsa el Gobierno para garantizar una atención integral en nutrición, educación, salud, protección y estimulación temprana. Paliza destacó que cada centro inaugurado “reafirma el compromiso con la niñez dominicana”, y aseguró que estos espacios representan un impacto directo en el desarrollo de familias completas.

Durante el acto, el ministro subrayó la responsabilidad del personal que laborará allí: “En sus manos estará la formación de los futuros profesionales de la nación, incluso de quienes podrían convertirse en un futuro presidente de la República”. Añadió que el centro brindará tranquilidad a las familias, permitiendo a los padres avanzar en su propio crecimiento profesional y académico.

De su lado, la directora del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez, resaltó el impacto emocional y social que generan estos centros en las comunidades. Agradeció al presidente Luis Abinader por continuar apostando a la primera infancia, afirmando que cada CAIPI “es una siembra segura para el futuro de la patria”.

Castillo, oriunda de Boca Chica, expresó su satisfacción por inaugurar el primer CAIPI de Andrés en su tierra natal, asegurando que este será un legado para las generaciones venideras. En representación de los padres beneficiados, Jartris Álvarez Miller calificó el centro como un espacio de esperanza y oportunidades, donde los niños podrán “soñar, jugar, aprender y prepararse para cumplir sus metas”.

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Un caso de violencia extrema conmociona a la comunidad de Botafogo, en Río de Janeiro, luego de que un turista estadounidense, identificado como Eric Christian Diaz, fuera arrestado el pasado 26 de octubre tras ser sorprendido agrediendo brutalmente a su novia dentro del ascensor de un edificio residencial. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, los residentes del edificio señalaron que lo ocurrido en el elevador fue solo el último de al menos tres ataques cometidos por Diaz en menos de 24 horas dentro de la propiedad. De acuerdo con la gerente del edificio, Amanda Di Massi, durante la madrugada escuchó ruidos fuertes y, al verificar, observó al sospechoso lanzando por la ventana ropa y toallas ensangrentadas.

Un vecino bilingüe intentó mediar tras escuchar la versión inicial de la víctima, quien afirmó haber sido agredida en la calle, algo que las cámaras internas desmintieron por completo.

La gerente entregó a la policía el video del primer ataque, registrado dentro del ascensor, donde se ve al hombre golpeando repetidamente a la mujer, quien presentaba hematomas notorios y una severa inflamación en el rostro. Personal del edificio le brindó atención primaria antes de que fuera trasladada a un hospital.

Las autoridades informaron que la víctima necesitó 26 puntos en la cabeza como resultado de una de las golpizas ocurridas dentro del apartamento de alquiler vacacional, donde la pareja se había hospedado apenas horas antes de que comenzaran los episodios de violencia. La policía llegó al lugar tras una denuncia anónima y detuvo a Eric Christian Diaz en flagrante delito, abriendo una investigación formal en la Décima Delegación de Policía de Botafogo.

SANTO DOMINGO, RD.– El sector empresarial lanzó este jueves una firme advertencia: cualquier empresa afiliada a sus gremios que aparezca vinculada al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SENASA) enfrentará sanciones disciplinarias severas, incluyendo la expulsión permanente. La postura fue dada a conocer en medio del creciente escándalo que sacude al sistema de salud y que ya involucra a varias compañías privadas, según el expediente del Ministerio Público.

Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias, aseguró que el sector cuenta con un código de ética robusto y mecanismos internos suficientes para responder con responsabilidad si se comprueba la participación de alguno de sus miembros. No obstante, enfatizó en la necesidad de respetar el debido proceso mientras avanzan las investigaciones.

Desde el Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP), las críticas fueron más directas. La entidad cuestionó las debilidades históricas en los organismos de control del Estado y urgió a la Procuraduría General de la República a actuar con firmeza contra todos los implicados, sin excepciones ni privilegios.

Por su parte, el Defensor del Pueblo reveló que la institución maneja más de 5,000 denuncias relacionadas con el sector salud, muchas de ellas provenientes de afiliados de SENASA, lo que refuerza la gravedad del caso. La entidad exigió sanciones ejemplares que envíen un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción en instituciones públicas.

El Ministerio Público continúa ampliando el expediente, el cual ha generado conmoción por el volumen del fraude y el impacto directo sobre más de 8 millones de dominicanos afiliados al seguro estatal. El caso se perfila como uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años y mantiene en alerta a todo el país mientras se esperan nuevas revelaciones.

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La activista social Yessy Pérez expresó este jueves su profunda indignación ante lo que calificó como “acuerdos selectivos” entre el Ministerio Público y ciertos imputados, los cuales según afirma terminan otorgándoles privilegios indebidos dentro de los procesos judiciales.

Pérez sostuvo que estos acuerdos, presentados como “colaboración eficaz”, se están utilizando sin el debido equilibrio, generando desconfianza en la ciudadanía y dejando la impresión de que la justicia opera con doble vara. “Cuando se trata de personas con conexiones o influencia, vemos negociaciones rápidas, beneficios y tratos especiales. Cuando es el pueblo llano, la justicia simplemente no fluye igual”, declaró.

La activista llamó a las autoridades a rendir cuentas y a explicar bajo qué criterios se están aprobando estos pactos procesales. Aseguró que el país necesita transparencia real, no decisiones que parezcan diseñadas para proteger a quienes tienen poder o recursos. “La gente está cansada de sentir que hay imputados VIP, y eso es responsabilidad del Ministerio Público aclararlo y corregirlo”, añadió.

Pérez también urgió a los órganos de control a supervisar más de cerca estas decisiones, al tiempo que reiteró que continuará denunciando cualquier acción que considere una amenaza a la igualdad ante la ley. “La justicia no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho para todos”, concluyó.

Pérez advirtió que estos acuerdos, mal manejados, pueden debilitar la confianza pública en instituciones que ya enfrentan cuestionamientos constantes. Señaló que el Ministerio Público debe garantizar que cualquier beneficio otorgado responda a criterios estrictamente legales y no a presiones externas o intereses particulares.

Además, hizo un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a mantener la vigilancia activa sobre estos procesos. “Esto no es un simple trámite judicial; es un tema que define si queremos una justicia para todos o una justicia para unos pocos”, expresó, reiterando que continuará impulsando espacios de denuncia y fiscalización ciudadana.

Los herederos de Suzanne Adams, una mujer de 83 años de Connecticut, presentaron una demanda por homicidio involuntario contra OpenAI y Microsoft, alegando que ChatGPT habría intensificado los delirios paranoides de su hijo y contribuido a que este la matara.

El caso, presentado en la Corte Superior de California en San Francisco, sostiene que el chatbot de inteligencia artificial validó ideas peligrosas que finalmente derivaron en la tragedia ocurrida en agosto pasado en la residencia familiar en Greenwich.