Author: jablador@admin

 

El veto de los talibanes que impide a las niñas ir a la escuela cumple hoy 1,120 días, una decisión que supuso el inicio de apartheid de género en este país y arrebató de golpe la oportunidad de futuro de más de la mitad de la población.

«Cada día que pasa, se está haciendo un daño aún mayor a las vidas de las mujeres y las niñas. Afganistán está retrocediendo, no avanzando, en su búsqueda de la paz, la recuperación y la prosperidad», dijo en un comunicado la jefa de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), Roza Otunbayeva, con motivo del Día Internacional de la Niña.

Esto equivale a más de 3.000 millones de horas de aprendizaje perdidas o «tres años de oportunidades perdidas, no solo para millones de niñas, sino para las familias, las comunidades y todo el país”, dijo Otunbayeva.

«Cada día que pasa, se está haciendo más daño a las vidas de las mujeres y las niñas. Afganistán está retrocediendo, no avanzando, en su búsqueda de la paz, la recuperación y la prosperidad», dijo Otunbayeva.

El veto a la educación comenzó en septiembre de 2021, tras un parón escolar de verano y el cierre de las escuelas por un pico de violencia determinado por la ofensiva de los talibanes, la retirada de las tropas internacionales, y con ello la victoria del grupo fundamentalista en la guerra y su regreso al poder.

Al reinicio de las clases, las escuelas de educación secundaria devolvieron a casa a las niñas como una medida «temporal» del nuevo régimen. A ello siguió el veto de las universidades, y la pérdida de gran parte de los puestos de trabajo para las mujeres.

Si bien la comunidad internacional ha expresado gran preocupación por estas restricciones, no se ha logrado ningún cambio con relación a la educación de las niñas.

 

 

 

 

Operación Camaleón

El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 2 de octubre,  la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.

Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.

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Ciudadanos haitianos que buscan la liberación de amigos y familiares detenidos en el centro de acogida para extranjeros, han expresado su apoyo a las deportaciones de personas en situación irregular, pero piden que se respeten los derechos humanos en todo el proceso.

Diariamente, camiones llenos de haitianos indocumentados llegan a este centro, saturando sus instalaciones. A pesar de reconocer el derecho del Estado dominicano a deportar a los ilegales, los visitantes solicitan que sus parientes no sean maltratados mientras están retenidos.

Los familiares insisten en que las deportaciones se realicen con dignidad y respeto, subrayando la importancia de un trato humanitario durante estas intervenciones.

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Ciudadanos haitianos que buscan la liberación de amigos y familiares detenidos en el centro de acogida para extranjeros, han expresado su apoyo a las deportaciones de personas en situación irregular, pero piden que se respeten los derechos humanos en todo el proceso.

Diariamente, camiones llenos de haitianos indocumentados llegan a este centro, saturando sus instalaciones. A pesar de reconocer el derecho del Estado dominicano a deportar a los ilegales, los visitantes solicitan que sus parientes no sean maltratados mientras están retenidos.

Los familiares insisten en que las deportaciones se realicen con dignidad y respeto, subrayando la importancia de un trato humanitario durante estas intervenciones.