Author: jablador@admin

Con una demostración de pitcheo, defensa y oportuno bateo, los Leones del Escogido se proclamaron campeones de la Serie Final 2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras imponerse 1-0 a los Toros del Este en el cuarto partido de la serie, disputado la noche de este martes, resultado que les permitió asegurar el campeonato número 18 de su historia.

Lo que durante buena parte de la temporada parecía una meta lejana, terminó convirtiéndose en una hazaña concreta este 27 de enero, cuando los escarlatas sellaron la corona en una final marcada por la intensidad y el dominio desde el montículo. Con este logro, el Escogido se convierte en bicampeón nacional, algo que no conseguía desde las campañas 2011-12 y 2012-13.

Para los Toros del Este, la derrota amplía su balance en series finales a tres campeonatos y cuatro subcampeonatos, en un total de siete apariciones.

Un campeonato sellado con pitcheo y defensa

El encuentro decisivo se transformó en un verdadero duelo de pitcheo, donde una sola carrera bastó para definir el destino del título. Esa anotación llegó gracias a las piernas de Héctor Rodríguez, quien cruzó el plato impulsado por Junior Lake, en la que terminó siendo la única carrera del partido.

Por los Toros, el abridor Enny Romero (0-1) lanzó 4.1 entradas, en las que permitió cinco imparables y una carrera, otorgó tres boletos y ponchó a dos bateadores, manteniendo a su equipo en juego durante gran parte del choque.

Del lado escarlata, Grant Gavin inició el partido con 3.2 episodios de apenas un hit permitido, dos bases por bolas y un ponche, antes de ceder el relevo a Kenny Hernández, quien trabajó un tercio para cerrar el cuarto inning. El triunfo fue para Jefry Yan (1-0), quien lanzó un tercio de entrada, retirando a un bateador por la vía del ponche en un momento clave.

La carrera decisiva llegó temprano

Los Leones marcaron el ritmo desde el inicio. En la parte baja del primer episodio, Héctor Rodríguez y Erik González conectaron sencillos consecutivos. Luego, Sócrates Brito se sacrificó para avanzar a los corredores y Junior Lake empujó la carrera decisiva con un rodado por la segunda base, suficiente para asegurar la victoria y el campeonato.

Con esta actuación sólida y efectiva, los Leones del Escogido vuelven a lo más alto del béisbol invernal dominicano, reafirmando su tradición ganadora y escribiendo un nuevo capítulo dorado en su historia.

El exvicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo (2019-2024) fue capturado este martes a su regreso de Guatemala, luego de que el Ministerio Público ordenara su aprehensión para que comparezca ante las autoridades por un caso de presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde declaró brevemente a la prensa mientras era escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial. “Aquí estoy porque soy inocente”, afirmó el exfuncionario al momento de ser conducido hacia un vehículo policial.

El también excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024 explicó que decidió no juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuya sede está en Guatemala, pese a haber sido electo para ese cargo. Según indicó, asumir esa posición le habría otorgado un fuero especial que impediría que enfrentara a la justicia ordinaria panameña.

“Al formar parte de ese parlamento se generarían muchísimas especulaciones”, expresó Carrizo en un video difundido la noche del lunes, horas después de hacerse pública la orden de captura, en el que anunció su regreso al país para “dar la cara”.

Denuncia persecución política

Tras su detención, Carrizo aseguró ser víctima de una persecución política, argumentando que enfrenta más de tres investigaciones en diferentes fiscalías por la misma causa relacionada con el presunto enriquecimiento injustificado.

Medios panameños recuerdan que, en octubre pasado, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias y varios bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por un monto estimado de hasta 1.3 millones de dólares. Frente a esa medida, Carrizo presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre ese proceso, el exvicepresidente aseguró que el pasado 15 de enero entregó a la Contraloría una auditoría forense que, según dijo, “demuestra que no me he enriquecido injustificadamente”.

Figura clave del gobierno de Cortizo

Con apenas 42 años, José Gabriel Carrizo fue una de las figuras con mayor visibilidad durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, lo que lo convirtió, a nivel popular, en uno de los rostros más asociados a los escándalos que marcaron esa administración, especialmente los surgidos durante la pandemia de la covid-19.

En ese contexto, Transparencia Internacional recordó en 2021 que Panamá se encontraba bajo un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo, lo que eximía al Gobierno de ciertos controles, rendición de cuentas y niveles de transparencia, en medio de serios señalamientos de corrupción.

Carrizo, sin embargo, defendió en reiteradas ocasiones el “manejo transparente” de los 1,457 millones de dólares aprobados durante el año 2020 para enfrentar la pandemia, rechazando cualquier irregularidad en el uso de esos fondos.

El consorcio Manzanillo Gas & Power concretó el cierre de un financiamiento por US$1,067 millones, marcando un hito clave para el desarrollo de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la República Dominicana, ubicado en el distrito municipal de Manzanillo, provincia Montecristi.

El financiamiento fue estructurado a través de un pool de bancos internacionales y multilaterales, entre los que se destacan Citi, JP Morgan, IDB Invest (del Banco Interamericano de Desarrollo) y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), junto a la participación de varias entidades financieras nacionales. La inversión total del proyecto asciende a unos US$1,700 millones, lo que lo posiciona como una de las mayores apuestas privadas en el sector energético dominicano.

Un complejo estratégico para la generación eléctrica

El proyecto contempla la construcción de dos plantas de generación eléctrica a base de gas natural, con una capacidad de 420 megavatios cada una, para un total de 840 MW que serán incorporados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Además de las plantas generadoras, la iniciativa incluye una terminal de gas natural, un oleoducto, una planta gasificadora y la intervención del puerto de Manzanillo, con el objetivo de mejorar los servicios de carga y descarga. Estas mejoras portuarias también tendrán un impacto positivo en la producción agropecuaria de la Línea Noroeste, al fortalecer la logística de exportación e importación en la zona.

El consorcio inversionista está integrado por reconocidos grupos empresariales dominicanos, entre ellos las familias Vicini y Riset, así como empresarios como Arturo Santana, del grupo Tropigas, y Carlos José Martí, del Grupo Martí.

Actualmente, la obra presenta un avance estimado entre un 35 % y un 40 %. No obstante, el proyecto ha enfrentado retrasos significativos, principalmente por dificultades previas en el cierre financiero y por la demora en la entrega de turbinas por parte de fabricantes internacionales, incluyendo General Electric.

Con el financiamiento ya asegurado, los promotores estiman que las plantas podrían entrar en operación e integrarse al sistema eléctrico nacional en un plazo de 24 a 36 meses.

Impacto en la seguridad energética y en el gasto público

Especialistas del sector energético coinciden en que el complejo de Manzanillo es estratégico para la seguridad energética del país, al reducir la alta dependencia de la generación ubicada en la costa sur, desde Baní hasta San Pedro de Macorís, una zona vulnerable ante fenómenos climáticos como los huracanes.

Asimismo, la entrada en operación de estas plantas permitirá desplazar generación más costosa y contaminante, como las barcazas, lo que contribuirá a reducir el subsidio eléctrico estatal, que actualmente ronda los US$1,600 millones anuales.

A mediano y largo plazo, también se plantea la posibilidad de que la República Dominicana, con un eventual excedente de generación, pueda exportar energía hacia Haití, fortaleciendo su posición como referente energético en la región.

Senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) salieron en defensa del gobierno del presidente Luis Abinader frente a las acusaciones formuladas por sectores de la oposición y de la Iglesia católica, quienes han señalado que la actual gestión estaría empañada por presuntos hechos de corrupción.

Los legisladores se refirieron de manera específica a las recientes destituciones y a supuestos escándalos, como el caso del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), señalando que el mandatario habría actuado de forma apresurada al tomar decisiones antes de que concluyeran investigaciones que determinaran la veracidad de las denuncias.

En ese contexto, algunos senadores consideraron que, ante señalamientos públicos o rumores, lo correcto es activar primero los mecanismos de investigación del Estado, a fin de esclarecer los hechos y evitar que se afecte injustamente la imagen de funcionarios que aún no han sido hallados responsables de irregularidades.

El senador Moisés Ayala defendió la integridad de Rafael Félix, exfuncionario vinculado al caso del ITLA, afirmando que conoce a su familia y cuestionando que una persona con su formación y trayectoria pudiera incurrir en actos indebidos. A su juicio, este tipo de situaciones deben manejarse con mayor prudencia y apego al debido proceso.

En términos generales, los congresistas destacaron que el gobierno del presidente Abinader se ha caracterizado por la transparencia, el fortalecimiento institucional y el respeto a la legalidad, pilares que —aseguraron— distinguen a la actual administración.

Asimismo, reiteraron su respaldo al jefe de Estado, al tiempo que subrayaron la importancia de que las autoridades competentes investiguen con responsabilidad y objetividad, con el propósito de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y garantizar que cualquier sanción se base en hechos comprobados y no en presunciones.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este informa de manera clara y responsable que el proyecto City Center cuenta con el uso de suelo aprobado y con los permisos municipales correspondientes, conforme a la normativa vigente aplicable al territorio de este municipio.

Ante informaciones que han circulado recientemente, el Ayuntamiento considera necesario precisar que City Center también ha iniciado formalmente el pago de los arbitrios municipales, realizando ya el primer abono de un total de RD$65,000,000.00, lo que constituye una de las contribuciones más significativas realizadas al municipio por un proyecto de inversión privada.

El alcalde Dío Astacio reitera que, de conformidad con la Constitución de la República Dominicana, la Ley 176-07 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la competencia para otorgar usos de suelo corresponde al Ayuntamiento, y que la facultad de suspender o detener una obra por la vía administrativa recae únicamente en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), dentro del marco de sus respectivas atribuciones legales.

En ese sentido, el Ayuntamiento exhorta a que toda comunicación pública relacionada con proyectos en desarrollo se realice con apego a la verdad, al debido proceso y al respeto a la institucionalidad, a fin de evitar confusión innecesaria y afectaciones a la seguridad jurídica del municipio.

Como gobierno local, valoramos positivamente la llegada de City Center y reafirmamos ante este y ante todos los inversionistas que Santo Domingo Este – Costa del Faro es un territorio donde se respeta la ley, se garantiza la seguridad jurídica y se promueve la inversión responsable, siempre que los proyectos cumplan con los trámites y requisitos establecidos, como ha ocurrido en este caso.

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Santo Domingo Este
Alcaldía – Gestión Dío Astacio

Nasry Asfura juró este lunes como presidente de Honduras en una ceremonia inédita y austera realizada en la sede del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, rompiendo con la tradición de celebrar la investidura en un estadio deportivo ante miles de simpatizantes.

La llegada de Asfura al poder se produce tras unas elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, cuyos resultados fueron sumamente cerrados. El ahora mandatario ganó por un margen inferior al 1 %, equivalente a unos 20,000 votos, en medio de denuncias de fraude, impugnaciones y un clima de alta polarización política que marcó todo el proceso electoral.

Asfura, de 67 años y de ascendencia palestina, asumió la presidencia en un contexto complejo, tanto a nivel interno como regional. Analistas destacan que contó con el respaldo explícito del expresidente estadounidense Donald Trump pocos días antes de los comicios, un apoyo que consideran clave para inclinar la balanza a su favor en una contienda tan ajustada.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo jefe de Estado prometió ofrecer “soluciones reales” a los principales problemas del país y trabajar de manera prioritaria en áreas críticas como la salud, la educación, la seguridad y el empleo. Asimismo, anunció que impulsará proyectos de infraestructura como parte de su plan para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población.

Uno de los ejes centrales de su gobierno será el fortalecimiento de la relación con la diáspora hondureña en Estados Unidos, donde residen casi dos millones de connacionales. Asfura adelantó que su administración marcará un giro hacia la derecha con un acercamiento estrecho a Washington, reconociendo la importancia estratégica de las remesas, que el año pasado superaron los 12,000 millones de dólares y representan cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

En términos de gobernabilidad, el presidente inicia su mandato con una posición relativamente sólida en el Congreso Nacional, donde cuenta con la mayoría del Partido Nacional y el respaldo de diputados del Partido Liberal, lo que le permitiría avanzar con mayor facilidad en la aprobación de su agenda legislativa.

La investidura de Nasry Asfura abre una nueva etapa política en Honduras, marcada por expectativas de cambio, cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral y el desafío de gobernar un país profundamente dividido, con altos niveles de pobreza, migración e inseguridad.