Author: jablador@admin

Santo Domingo – Diulka Pérez, advirtió sobre los riesgos de convocar fiestas masivas en lugares públicos, como la Zona Colonial, sin controles adecuados. Pérez enfatizó que “usted no puede hacer una orgía en la Zona Colonial y decir ‘venga todo el mundo’”, subrayando que las invitaciones abiertas pueden poner en riesgo tanto a los asistentes como a terceros.

Pérez explicó que, aunque la ley dominicana protege la intimidad y permite la actividad sexual entre adultos consentidores, la seguridad pública debe garantizar que nadie asista sin su voluntad y que no se ponga en peligro a personas vulnerables, especialmente menores de edad. La especialista destacó que la intervención policial en estos casos es legítima para prevenir riesgos, no para limitar derechos, y llamó a respetar tanto la libertad individual como la seguridad comunitaria.

El caso reciente en la Zona Colonial, donde se organizó una fiesta con invitación masiva, puso de manifiesto la importancia de diferenciar entre eventos privados y públicos. Pérez insistió en que quienes convocan deben asumir la responsabilidad de proteger a los participantes y evitar que se generen situaciones que puedan derivar en delitos o vulneración de derechos.

Además, la abogada señaló que la exposición mediática de los asistentes, incluso cuando se trata de actividades consensuadas, puede generar burla pública innecesaria y riesgos adicionales. Enfatizó que la clave está en mantener el equilibrio entre la intimidad individual y la protección de la comunidad.

Pérez también destacó que, aunque la fiesta se desarrollara en un espacio cerrado, la convocatoria abierta convierte cualquier evento en un asunto de interés público, ya que pueden aparecer personas no invitadas o vulnerables. Esto, según la especialista, obliga a las autoridades a intervenir para garantizar que todos los presentes actúen voluntariamente y se respeten los límites legales.

Asimismo, la abogada insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en la policía, sino también en los organizadores del evento. Recordó que la libertad de cada individuo termina donde empieza el riesgo para otros, y que la planificación de este tipo de reuniones debe incluir medidas de seguridad y prevención para proteger tanto a los participantes como a la comunidad circundante.

SANTO DOMINGO – La ministra de Interior y Policía, Farid Raful, calificó los accidentes de tránsito como un “gran dolor de cabeza” para el país, alertando que la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 28 años. Raful lamentó especialmente el trágico accidente ocurrido el pasado sábado en La Altagracia, donde al menos ocho personas fallecieron por la imprudencia de un conductor presuntamente en estado de embriaguez.

La funcionaria señaló que las carreras clandestinas y la falta de respeto a las normas de tránsito contribuyen significativamente a la alta mortalidad en este grupo etario. A pesar de los operativos realizados por la Policía Preventiva y la DIGC, los accidentes continúan siendo una tragedia recurrente que afecta a familias en todo el país.

Raful destacó la necesidad de crear una conciencia nacional sobre la seguridad vial y exhortó a la ciudadanía a cuidarse mutuamente para evitar muertes innecesarias. La ministra resaltó que entre junio y julio, los operativos continuos lograron reducir en un 54% los accidentes, aunque aún queda un largo camino por recorrer para proteger a los jóvenes dominicanos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el accidente en La Altagracia, mientras los heridos permanecen ingresados en centros de salud de la región este. Las víctimas mortales fueron sepultadas este domingo, dejando un fuerte impacto en la comunidad y un llamado urgente a reforzar la educación vial y los controles preventivos en todo el país.

Raful enfatizó que el control de motocicletas modificadas para competencias ilegales es parte crucial de la estrategia de prevención. Durante los operativos, se han logrado incautar varios vehículos preparados para estas carreras, evitando posibles tragedias, pero advirtió que se necesita una cooperación más amplia de la sociedad para que los jóvenes comprendan los riesgos a los que se exponen.

Además, la ministra subrayó que la educación vial debe comenzar desde las escuelas, involucrando a padres, maestros y autoridades para formar una cultura de respeto y responsabilidad en las vías. “No podemos seguir perdiendo a nuestra juventud por imprudencias que se podrían prevenir con conciencia y disciplina”, concluyó Raful.

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El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, afirmó que el país vive momentos de desesperación con los accidentes de tránsito, las situaciones de salud mental y la violencia generalizada, que se han convertido en una desgracia nacional y se debe actuar antes de que haya un recrudecimiento mayor.

Resaltó que el país está conmocionado por tantos hechos acontecidos, tal es el caso del accidente ocurrido recientemente en la provincia La Altagracia, donde resultaron fallecidas unas 6 personas y una cantidad considerable de heridos, pero ese es solo uno de los tantos siniestros que acontecen a diario en el país, donde todos los años pierden la vida más de 3 mil personas.

El dirigente político sostuvo que además de los accidentes de tránsito el país se ve agobiado por la gran cantidad de personas que padecen alguna situación de salud mental, sin dejar de mencionar los cientos de personas que deambulan por las calles de Santo Domingo y demás provincias del país.

Jiménez Peña enfatizó que la violencia generalizada agrava aún más la situación, afectando la tranquilidad y seguridad de las familias dominicanas. Señaló que los robos, asaltos y actos violentos se han incrementado en los últimos años, y que el Estado debe implementar políticas integrales que combinen prevención, educación y justicia efectiva para frenar esta problemática que amenaza la estabilidad social.

El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo insistió en la urgencia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la educación sobre tránsito, ya que muchos de los accidentes se deben a la imprudencia y la falta de conciencia de los conductores. Además, destacó la necesidad de un mayor control y fiscalización por parte de las autoridades de transporte, con sanciones más severas para quienes pongan en riesgo la vida de los demás.

Respecto a la salud mental, Jiménez Peña aseguró que el país carece de programas adecuados de prevención y atención para personas con trastornos emocionales o psicológicos. Subrayó que muchas familias no saben cómo abordar estos casos y que el Estado debe garantizar servicios accesibles y profesionales capacitados que puedan asistir a quienes lo necesitan antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles.

Caracas, Venezuela – El presidente Nicolás Maduro afirmó este lunes que su país se encuentra en “máxima preparación” ante una posible agresión externa, advirtiendo que declarará a la República “en armas” si se ve amenazada. La declaración surge en medio del reciente despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales frente a Venezuela, en operaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

Maduro lanzó fuertes advertencias dirigidas al expresidente estadounidense Donald Trump y al senador Marco Rubio, señalando que “tienen que cuidarse” y acusándolos de buscar involucrarse en un conflicto que podría costar vidas venezolanas. El mandatario comparó la situación actual con la histórica crisis de los misiles en Cuba de 1962, que casi derivó en una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, enfatizando la gravedad del momento y la disposición de Venezuela a defender su soberanía por la fuerza si fuese necesario.

Julieta Tejada puso en relieve un fenómeno preocupante en la sociedad dominicana: la participación de jóvenes y adolescentes en delitos de abuso sexual. Su comentario surge a raíz del caso de violación grupal ocurrido en San Francisco de Macorís, donde una menor de 13 años fue agredida por cinco personas, entre ellas dos adultos de apenas 18 y 19 años y tres menores de edad.

Tejada destacó que este patrón no es aislado y evidencia un problema profundo de madurez emocional y responsabilidad entre los jóvenes de nuestro país. “Un joven de 18, 19, 20 años todavía es un muchacho, todavía no tiene la madurez mental para comportarse como un adulto pleno”, señaló, cuestionando cómo estos hechos reflejan la necesidad de una intervención temprana en la formación de los adolescentes.

Asimismo, la comunicadora señaló la responsabilidad de las familias y del Estado en la prevención de estos casos. Subrayó que muchos menores provienen de entornos fragmentados o poco saludables y que, cuando los padres no cumplen su rol protector, se debe aplicar responsabilidad penal para evitar que la negligencia continúe reproduciéndose.

Finalmente, Tejada enfatizó que la solución debe ser integral, abordando factores sociales, educativos y familiares. “Esto es un tema multifactorial y multicausal, que hay que tratar desde la raíz para evitar que sigan ocurriendo abusos donde tanto víctimas como victimarios son menores de edad”, concluyó, llamando a una acción coordinada entre autoridades, familias y escuelas.

Tejada también puso énfasis en la necesidad de políticas preventivas dentro del sistema educativo, señalando que la escuela debe jugar un papel activo en la formación de valores y conciencia sobre la sexualidad y el respeto hacia los demás. Según explicó, programas de orientación, educación sexual responsable y acompañamiento psicológico podrían reducir la incidencia de jóvenes involucrados en delitos graves desde temprana edad.

Además, destacó la importancia de que la sociedad en general asuma su papel en la supervisión y cuidado de los menores. “No podemos seguir normalizando ambientes donde los niños y adolescentes estén expuestos al alcohol, la violencia o la permisividad de conductas inapropiadas. Todos tenemos que participar para proteger a nuestros jóvenes y garantizar que estos hechos no se repitan”, afirmó.

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La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra Bryan Starlin Liriano y Randy Batista, señalados como partícipes en un hecho violento que involucró a una menor de 13 años. De acuerdo con las indagatorias, el caso se produjo el 13 de agosto, cuando la víctima y los acusados compartían en la residencia de una amiga, donde también se encontraban otras niñas y adolescentes entre 11 y 15 años.

La medida de coerción será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Tras la audiencia, la madre de uno de los imputados defendió la inocencia de su hijo y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido para evitar una posible injusticia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales y periciales que vinculan a Bryan Starlin Liriano y Randy Batista con los hechos denunciados. Los fiscales señalaron que la investigación continúa abierta y que se están realizando los análisis necesarios para determinar el grado de participación de cada imputado en el incidente.

Las autoridades hicieron un llamado a la sociedad para que se mantenga alerta y colabore con cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, especialmente considerando que involucra a menores de edad. Asimismo, se destacó la importancia de proteger la identidad de la víctima para evitar revictimización.

Por su parte, organizaciones de derechos de la infancia han manifestado su preocupación por la situación y han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de violencia contra menores. Estas instituciones han solicitado a los responsables judiciales garantizar un proceso justo pero estricto, acorde con la gravedad de los hechos.

Mientras tanto, los imputados permanecerán bajo custodia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle durante los tres meses establecidos por la prisión preventiva. La medida busca asegurar la comparecencia de los acusados ante la justicia y evitar posibles riesgos de fuga o interferencia con la investigación.

SANTO DOMINGO – Susana Gautreau, destacó la necesidad de educar a la sociedad sobre el consentimiento femenino como herramienta clave para prevenir la violencia contra la mujer en República Dominicana.

Gautreau enfatizó que, aunque se registran más de 31 mil denuncias de violencia de género e intrafamiliar, muchos casos no se traducen en sanciones efectivas, lo que genera un subregistro y perpetúa la impunidad. “El consentimiento es algo que se tiene que manifestar en todo momento de la relación”, indicó, subrayando la importancia de que tanto hombres como mujeres comprendan su papel en el respeto a los límites personales.

Gautreau también llamó la atención sobre la persistencia de la cultura machista, que sigue justificando la violencia contra las mujeres en distintos contextos, incluso cuando la víctima ya no mantiene relación con el agresor. La especialista señaló que este tipo de violencia no solo ocurre en familias tradicionales, sino también en situaciones donde nunca hubo convivencia o hijos en común, reflejando patrones de control y dominación arraigados en la sociedad.

Según Gautreau, para reducir feminicidios y agresiones sexuales es indispensable intervenir en la educación y la conciencia social, fomentando la igualdad y la responsabilidad en las relaciones de pareja, y desmontando la idea de que el hombre es dueño o “criterio del macho” sobre la mujer.

Además, Gautreau insistió en que abordar la violencia de género requiere más que cifras y estadísticas; es necesario cambiar la percepción social sobre los roles de hombres y mujeres. “Mientras no se trabaje en la conciencia del hombre sobre su comportamiento y la importancia del respeto al consentimiento, seguiremos viendo mujeres muertas, abusadas y agredidas”, advirtió.

La especialista también destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos legales y de seguimiento de las denuncias, asegurando que las víctimas reciban acompañamiento efectivo desde el momento en que reportan un caso hasta la resolución judicial. Solo así, afirmó, se podrá reducir la impunidad y construir una sociedad más segura e igualitaria para las mujeres dominicanas.

SANTO DOMINGO. – La comunicadora Consuelo Despradel señaló que el acercamiento reciente entre los líderes mundiales Narendra Modi, Xi Jinping y Vladimir Putin se debe, en gran medida, a las políticas implementadas por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Durante su intervención vía Zoom, Despradel explicó que la presidencia de Trump, con su enfoque proteccionista y sus medidas comerciales unilaterales, habría debilitado el consenso internacional forjado después de la Segunda Guerra Mundial, provocando que potencias como China, India y Rusia buscaran una mayor cooperación entre sí.

La periodista se refirió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada recientemente, donde se observó la unidad de estos tres líderes y que ha generado preocupación en Occidente. Según Despradel, la prensa estadounidense ha responsabilizado a Trump por este fortalecimiento de relaciones entre países considerados estratégicamente rivales de Washington.

Asimismo, destacó que esta reunión marca un impulso hacia un mundo multipolar, con estrategias a diez años para redefinir la hegemonía global y buscar un equilibrio que no dependa exclusivamente de Estados Unidos y Occidente.

Despradel también citó informes de medios internacionales sobre la creciente aceptación de Putin en el escenario mundial y las tensiones recientes en Asia y Europa, vinculándolas al impacto indirecto de las decisiones de Trump durante su mandato.

La comunicadora agregó que la política exterior de Trump habría acelerado negociaciones entre India y Rusia, así como la demostración de poderío militar de China, generando un escenario internacional donde las alianzas tradicionales se reconfiguran.

Finalmente, indicó que esta situación evidencia un cambio significativo en el equilibrio global, donde decisiones de líderes estadounidenses pueden tener efectos inesperados en la cooperación y rivalidad entre grandes potencias.

Despradel concluyó señalando que el papel de Estados Unidos en la política mundial está siendo cuestionado, y que el fortalecimiento de alianzas entre China, India y Rusia podría marcar el inicio de una nueva era geopolítica.

SANTO DOMINGO. – La Alcaldía del Distrito Nacional, en colaboración con la Fundación Ecológica Renacer de Cristo Rey, realizó la segunda jornada de reforestación en la avenida Paseo de los Reyes Católicos, plantando 150 árboles de la especie almácigo (Bursera simaruba).

La actividad contó con la participación de niños y padres de la fundación, quienes, bajo la asesoría de la Dirección de Gestión Ambiental, contribuyeron a la recuperación de espacios verdes en esta vía de la capital. La jornada también recibió apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Hace algunas semanas, la misma alianza había plantado 140 árboles de Caoba criolla y almácigo en la avenida, reforzando el compromiso del cabildo y la fundación con el embellecimiento urbano y la preservación del medio ambiente en la ciudad.

La iniciativa forma parte de un programa más amplio de la Alcaldía del Distrito Nacional para incrementar las áreas verdes en distintos sectores de la capital y promover la conciencia ambiental entre los ciudadanos.

Los organizadores destacaron la importancia de involucrar a la comunidad en este tipo de actividades, señalando que la participación activa de niños y familias fortalece el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios públicos.

Asimismo, la fundación y el cabildo anunciaron que continuarán con futuras jornadas de plantación de árboles en otras avenidas y parques de Santo Domingo, buscando contribuir a una ciudad más sostenible y ecológica.

SANTO DOMINGO. – La periodista Altagracia Salazar planteó este martes un debate sobre el uso del término “delincuente reconocido” en República Dominicana, señalando una aparente inequidad en el sistema judicial y mediático del país.

Salazar comparó los casos de ciudadanos involucrados en hechos delictivos comunes con el de la exdiputada Rosa Malia Pilarte, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos, cuya condena fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. La comunicadora cuestionó que, pese a la sentencia, ningún medio de comunicación califique a Pilarte como “delincuente”, mientras que ciudadanos de menores recursos y condenas menores son etiquetados públicamente por la Policía y la prensa.

“Un delincuente es una persona que comete un delito, sancionado por la ley. Pero en la práctica, los pobres quedan presos inmediatamente y los ricos, no importa cómo adquirieron su fortuna o poder, pueden retrasar o evadir la ejecución de la pena”, afirmó Salazar, destacando que los abogados de Pilarte han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que podría suspender su sentencia.

Salazar aprovechó para llamar la atención sobre la necesidad de un periodismo responsable y la importancia de distinguir entre acusaciones mediáticas y condenas judiciales. Además, contextualizó la situación dentro de un panorama de inequidad más amplio, citando datos recientes de criminalidad, homicidios y conflictos sociales en el país.

La periodista también criticó la tendencia de algunos medios de reproducir de manera automática los calificativos de la Policía sin verificar antecedentes o condenas judiciales, lo que según ella contribuye a una percepción pública distorsionada de la justicia. Señaló que esta práctica afecta principalmente a los sectores más vulnerables, perpetuando la desigualdad en la aplicación de la ley.

Finalmente, Salazar instó a las autoridades y a la sociedad a reflexionar sobre cómo se definen y comunican los delitos en el país, sugiriendo que se deben respetar los procesos judiciales y garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley, independientemente de su estatus económico o político.