Author: jablador@admin

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, en medio de una investigación por presunta malversación de fondos durante su etapa como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. La información fue confirmada por su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien calificó el arresto como irregular y sin las debidas notificaciones judiciales.

Según reportes de medios locales, Arce habría sido aprehendido como parte de las indagatorias relacionadas con el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena, un caso de corrupción que ha salpicado a varios exfuncionarios del periodo de Morales. Prada reveló que el exmandatario fue interceptado cuando se encontraba solo y que los agentes “lo subieron a un minibús con vidrios negros” sin haber sido convocado previamente a declarar.

“Simplemente lo han detenido, no hubo notificación alguna”, afirmó la exministra, quien acudió a la sede policial para obtener información oficial sobre la situación de Arce. Recordó además que, si este proceso responde al caso del Fondo Indígena, Arce presentó en su momento “todos los descargos pertinentes” y que, por su investidura como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades, no una detención común.

El exmandatario también mantiene abierta otra causa judicial, presentada por una alta exfuncionaria que lo acusa de haberla embarazado y posteriormente abandonado; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si la aprehensión está vinculada con ese expediente.

La detención ocurre bajo el marco de una ley vigente desde diciembre de 2020, que obliga a las altas exautoridades bolivianas a permanecer en el país durante al menos tres meses tras culminar sus mandatos, con el objetivo de facilitar investigaciones y prevenir la impunidad en casos de supuesta corrupción.

Prada calificó el procedimiento como un “abuso por completo” y exigió garantías legales para el exmandatario mientras avanzan las investigaciones.

Una potente explosión de un tanque de gas registrada la noche de este martes en la Torre Villamarina, ubicada en el Distrito Nacional, dejó cinco personas heridas y generó una amplia movilización de unidades de emergencia, además de pánico entre los residentes del sector.

El estallido ocurrió alrededor de las 8:02 de la noche, sacudiendo el edificio y afectando viviendas colindantes debido a la fuerza de la onda expansiva. Entre los lesionados se encuentran ciudadanos chinos, los cuales fueron trasladados de inmediato a centros de salud cercanos.

Desalojo total por riesgo estructural

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, encabezado por el general José Luis Frometa Erasme, decidió desalojar completamente la torre como medida preventiva, luego de determinar que algunas paredes quedaron comprometidas tras la explosión. Las autoridades buscan evitar riesgos adicionales, como derrumbes parciales.

Las unidades de bomberos lograron sofocar el incendio generado por el tanque, evitando una tragedia mayor.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en la instalación de sistemas de gas doméstico.Durante la transmisión del programa, los comentaristas advirtieron que este tipo de explosiones debe servir como alerta, señalando que la instalación de tanques y tuberías debe ser hecha por profesionales certificados, ya que descuidos o fugas pueden causar eventos mortales.

También recomendaron a los residentes del Gran Santo Domingo verificar periódicamente las conexiones, los contratos de servicio y las condiciones de los equipos utilizados.

Aunque se presume que el origen del estallido fue un tanque de gas, el Cuerpo de Bomberos informó que aún realiza las indagatorias para determinar la causa exacta de la explosión. Las autoridades esperan ofrecer un informe oficial en las próximas horas.

Mientras tanto, la torre permanece evacuada y bajo evaluación estructural, mientras los residentes afectados buscan soluciones temporales de alojamiento.

 

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de El Seibo impuso este miércoles medidas de coerción contra Héctor Mercedes Rodríguez, señalado por presuntamente amenazar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Aunque el Ministerio Público solicitaba prisión preventiva, la jueza decidió otorgarle la libertad condicional bajo controles estrictos.

Según la decisión, Rodríguez deberá pagar una garantía económica de RD$100,000 y mantenerse bajo tratamiento con un especialista en salud mental durante seis meses, mediante terapias supervisadas y evaluaciones periódicas que certifiquen su avance.

El tribunal tomó en consideración los informes presentados por la defensa, quienes alegaron que el acusado padece trastornos psiquiátricos que afectan su conducta y capacidad de discernimiento. Esta condición influyó en que la magistrada descartara la prisión preventiva y optara por medidas menos gravosas.

El abogado del imputado explicó que su cliente se encuentra bajo cuidado familiar y que buscarán garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones judiciales.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación penal para determinar el nivel de responsabilidad y las circunstancias en que se produjeron las presuntas amenazas contra el mandatario.

Penalidad

En la República Dominicana, las amenazas contra la vida o la integridad del presidente constituyen un delito grave tipificado en el Código Penal dominicano y en las leyes de seguridad del Estado. De acuerdo con los artículos 304 y 305 del Código Penal, las amenazas hechas de manera verbal, escrita o mediante actos que intenten intimidar a una autoridad pública pueden conllevar penas de prisión que van desde seis meses hasta dos años, aumentándose significativamente cuando se trata del jefe de Estado.

Además, cuando la amenaza implica el uso de armas, planificación o intención manifiesta de cometer un atentado, las sanciones pueden escalar a penas mayores, incluso hasta 20 años de reclusión, según la gravedad del caso y la imputación de delitos conexos (terrorismo, asociación de malhechores o tentativa de homicidio).

Asimismo, la Ley 267-08 sobre Terrorismo contempla sanciones severas para quienes profieran amenazas que busquen generar alarma pública o afectar la seguridad nacional, lo cual incluye acciones contra el presidente o altos funcionarios del Estado. En estos casos, el responsable podría enfrentar cargos bajo delitos de terrorismo, cuya pena oscila entre 10 y 30 años de prisión. Las autoridades suelen activar protocolos especiales de investigación, inteligencia y seguridad cuando se difunde una amenaza contra el presidente, debido a que el sistema jurídico dominicano considera este tipo de hechos como un atentado directo a la estabilidad institucional y al orden democrático.

Legisladores, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil expresaron posiciones encontradas frente al anteproyecto que modifica la Ley 590-16 de la Policía Nacional, el cual propone impedir que los agentes brinden servicios de seguridad en instituciones públicas. La iniciativa, que forma parte del proceso de reforma policial, también busca fortalecer la profesionalización de los miembros, erradicar prácticas represivas y mejorar la capacidad operativa del cuerpo del orden.

Mientras algunos sectores respaldan regular la presencia de policías en funciones administrativas o de seguridad fuera de su rol principal, otros consideran que la prohibición sería arbitraria y que podría afectar la protección de instalaciones estatales. Legisladores señalan que casi la mitad de los agentes están asignados a instituciones públicas o en funciones privadas, lo que, según ellos, debe ser regulado, pero sin afectar servicios esenciales. En tanto, organizaciones religiosas advierten que la medida debe analizarse con cuidado, ya que el Estado tendría que contratar otros esquemas de seguridad para suplir esa ausencia.

El anteproyecto también plantea fortalecer la transparencia interna, sancionar las faltas cometidas dentro de la institución y recuperar la confianza ciudadana. Los diputados aseguran que están a la espera de recibir la pieza desde el Senado para realizar los ajustes pertinentes antes de que sea discutida en el hemiciclo.

Además, representantes del Consejo Dominicano para la Unidad Evangélica manifestaron que cualquier reforma debe enfocarse en elevar los valores, principios y la integridad del cuerpo policial. Señalaron que desconocen a profundidad el documento, pero insistieron en que la eliminación de policías en oficinas públicas podría generar un vacío que obligaría al Estado a recurrir a seguridad privada, con el consecuente aumento del gasto.

Por otro lado, expertos en temas de seguridad consideran que la reforma debe priorizar la depuración y el control interno para evitar abusos de poder y garantizar que los agentes cumplan exclusivamente con funciones propias de la Policía Nacional. Aseguran que esta medida podría contribuir a reducir la dispersión de recursos humanos y fortalecer el trabajo preventivo en las calles, siempre que se implemente con planificación y sin afectar los servicios esenciales que actualmente ofrecen los agentes en distintas instituciones.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ofreció declaraciones firmes y reveladoras sobre el caso SENASA durante una entrevista, afirmando que la magnitud del escándalo no tomó por sorpresa a su institución, pues desde hace meses venían identificando fallas estructurales en los mecanismos de control y articulación del Estado. Según explicó, el país carecía de un verdadero sistema de integridad articulado, razón por la que venían preparando nuevas estrategias junto a organismos internacionales como la OCDE.

Ortiz Bosch señaló que, aunque se han creado leyes importantes desde inicios del siglo XXI, el problema central ha sido la falta de aplicación y coordinación entre instituciones claves como Hacienda, Contraloría, Compras y Contrataciones y otras áreas del Estado. Insistió en que el gobierno actual ha centrado su esfuerzo en el cumplimiento estricto de normas y procedimientos, pero reconoció que aún queda camino por recorrer para que todas las áreas del Estado funcionen de manera sincronizada ante señales tempranas de irregularidad.

La funcionaria admitió sentirse “muy afectada” por el caso, al considerar que situaciones como esta golpean directamente su lucha histórica por la transparencia. Sin embargo, defendió que desde el primer momento el gobierno llevó las informaciones a la Procuraduría y dejó claro que no habría protección para nadie. Recordó que la administración pública enfrenta un proceso de transformación y que el país está adoptando modelos de prevención más rigurosos basados en análisis de datos y comisiones internas de integridad.

Ortiz Bosch resaltó que el caso SENASA debe verse como un punto de inflexión para profundizar la articulación entre instituciones, mejorar la detección temprana y fortalecer los sistemas de prevención: “La administración pública es un todo, y solo cuando los datos se integren y actúen unidos podremos evitar que algo así avance durante tanto tiempo”. Afirmó que, aunque no existen excusas, sí existen explicaciones sobre por qué el entramado duró años sin ser descubierto, subrayando que lo importante ahora es asegurar que no vuelva a ocurrir.

El Estado dominicano logró recuperar RD$6,500 millones que habían sido sustraídos mediante actos de corrupción administrativa, según informó el coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público, Fernando Enríquez. Los recursos retornan a las arcas nacionales por dos vías: directamente a la Cuenta Única del Tesoro o a través de la Procuraduría General de la República, pasando por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y luego al Tesoro.

Durante su intervención en la Convención de las Naciones Unidas realizada en Viena, Austria, Enríquez explicó que de ese total, RD$1,060 millones corresponden a fondos líquidos, bienes muebles e inmuebles vinculados a casos de corrupción estatal. Asimismo, destacó que estos resultados han sido posibles gracias al respaldo de la Presidencia de la República, el Ministerio Público y entidades como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Las reacciones no se hicieron esperar. Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, llamó al Ministerio Público a fortalecer sus métodos investigativos y evitar depender en exceso de delaciones premiadas, advirtiendo que esto podría derivar en beneficios indebidos para imputados que colaboren. “El Ministerio Público tiene que hacer su tarea y no puede apoyar todas sus investigaciones en delaciones para hacer rico a delincuentes”, señaló.

En contraste, el jurista Milcidas Guevara valoró positivamente el proceso de recuperación, destacando su impacto directo en la población. Dijo que estos fondos representan “dinero que vuelve para beneficio del pueblo dominicano” y evidencian avances significativos en la persecución de los delitos de corrupción administrativa.

Finalmente, el equipo de recuperación del patrimonio público informó que RD$3,500 millones provienen de la labor directa del cuerpo de abogados del Estado en procesos judiciales relacionados. Con estos resultados, las autoridades reiteran su compromiso de continuar la recuperación de bienes producto de actos ilícitos para reintegrarlos a la economía nacional.

La Habana.– El Ministerio de Salud Pública de Cuba encendió las alarmas este miércoles al informar que los casos de dengue en la isla han aumentado más de un 71 % en apenas siete días, en medio de una epidemia que continúa expandiéndose rápidamente. Las autoridades aseguran que la situación es “crítica” y que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene en máxima alerta.

Según el reporte oficial, la combinación de dengue y chikungunya ha dejado hasta el momento 44 fallecidos, aunque el Ministerio evitó ofrecer la cifra total de infectados. Explicaron que muchos pacientes no acuden a los centros médicos, lo que dificulta el conteo real y el seguimiento adecuado de los casos, especialmente en provincias con menor capacidad hospitalaria.

Las autoridades sanitarias destacaron que el incremento explosivo de contagios se debe a factores como el aumento del mosquito Aedes aegypti por las lluvias recientes, la falta de recursos para fumigación y el deterioro en el manejo de residuos, lo que favorece criaderos en zonas urbanas y rurales.

El Ministerio de Salud llamó a la población a extremar las medidas de prevención, evitar aguas estancadas y acudir de inmediato a los centros asistenciales ante los primeros síntomas. Advirtieron que el país enfrenta una de las peores oleadas de arbovirosis de los últimos años y que los próximos días serán determinantes para frenar el avance del brote.

Las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y La Habana concentran la mayor cantidad de casos, según informaron fuentes médicas que también reconocieron la saturación de varios hospitales. En algunos centros asistenciales se han habilitado salas improvisadas para atender a pacientes febriles, mientras profesionales de la salud denuncian la escasez de reactivos, sueros y medicamentos esenciales para tratar las complicaciones del virus.

Ante este panorama, brigadas de fumigación y control vectorial han sido desplegadas, aunque residentes señalan que la respuesta es insuficiente debido a la falta de combustible y equipos en mal estado. Organismos internacionales han mostrado preocupación por la acelerada propagación del dengue en la isla, advirtiendo que, sin una intervención más amplia, Cuba podría enfrentar un mayor incremento de casos en las próximas semanas.

Oslo, Noruega.– María Corina Machado, reconocida dirigente opositora venezolana y madre de la joven que recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre, llegó a Oslo tras un arriesgado escape desde Venezuela. Según informaron medios internacionales, Machado logró burlar el estricto cerco de seguridad y la vigilancia del gobierno de Nicolás Maduro, viajando inicialmente de manera clandestina hasta la isla caribeña de Curazao antes de tomar un avión privado hacia Noruega.

El escape, que se mantuvo en absoluto secreto desde agosto de 2024, incluyó múltiples medidas de seguridad, como cambios de identidad temporal y vestimenta para pasar desapercibida. “Salió desde un suburbio de Caracas donde había permanecido oculta durante casi un año para proteger su vida”, explicaron fuentes cercanas. La llegada a Oslo se produjo en la madrugada, hora local, y fue recibida por familiares, ciudadanos y representantes internacionales en un gran hotel de la capital noruega.

El periplo de Machado ha generado un intenso interés mediático y político, dado que el gobierno venezolano aún no confirma la ruta exacta de su salida. Se especula que pudo haberse utilizado la frontera con Colombia, la cercanía con Curazao o incluso rutas aéreas hacia otros países de la región. Además, se reportó que dos aviones de combate F-18 estadounidenses sobrevolaron la zona durante el trayecto marítimo hacia Curazao, marcando una de las incursiones aéreas más cercanas al espacio venezolano desde septiembre pasado.

Durante la ceremonia en Oslo, la hija de María Corina Machado leyó el discurso que su madre habría dado al recibir el Nobel, destacando la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. La ocasión reunió a artistas venezolanos y noruegos, líderes políticos latinoamericanos y figuras internacionales, quienes aplaudieron la valentía de la dirigente y su compromiso con la libertad.

Analistas coinciden en que este escape evidencia la creciente tensión en la región y la vulnerabilidad de la estructura de seguridad venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado con medidas contra presuntos colaboradores, como el cardenal Baltazar Porra, quien fue amenazado y privado de su pasaporte por su supuesta complicidad en la operación.

María Corina Machado permanecerá en Oslo mientras se llevan a cabo los actos protocolares y políticos relacionados con el Nobel de la Paz. Su llegada marca uno de los episodios más audaces y peligrosos de la política latinoamericana reciente, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los próximos pasos de la líder opositora y la situación en Venezuela.

Santo Domingo.– Residentes del sector El Millón y el ensanche Quisqueya denuncian un aumento preocupante de robos en sus calles, afectando tanto a negocios como a viviendas de la zona. Según los moradores, la escasa presencia policial ha permitido que los delincuentes actúen con total impunidad.

“Le robaron siete motores y una lavadora a ese señor de allí. A mí me llevaron un carrito, dos lavadoras y tres motores de ahí atrás. La situación está difícil y nadie hace nada”, relató un vecino afectado. Otros residentes confirmaron que los ladrones se llevan desde retrovisores hasta motores de nevera de repuesto, causando pérdidas significativas.

Los vecinos insisten en la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades para reforzar la seguridad y evitar que la ola delictiva siga creciendo. Por el momento, la comunidad permanece alerta, pero preocupada por la sensación de desprotección ante la ausencia de patrullaje efectivo.

Según los moradores, los robos se han concentrado en horas de la noche, aprovechando la falta de vigilancia y la iluminación insuficiente en varias calles del sector. Algunos negocios han tenido que instalar sistemas de seguridad privados para proteger sus mercancías, lo que representa un gasto adicional que afecta la economía local.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre las denuncias, lo que incrementa la frustración de los residentes, quienes aseguran sentirse abandonados frente a la delincuencia. “Si no hay respuesta pronto, la gente va a empezar a tomar medidas por su cuenta”, advirtió un comerciante.

Organizaciones comunitarias del Millón y el ensanche Quisqueya están promoviendo reuniones vecinales para coordinar acciones preventivas y exigir mayor presencia policial. Mientras tanto, los habitantes llaman a la ciudadanía a mantenerse vigilante y reportar cualquier actividad sospechosa para reducir los riesgos de nuevos robos.

Los vecinos también destacan que la situación ha afectado la vida cotidiana, limitando la movilidad y generando miedo entre niños y adultos mayores, quienes evitan salir de sus casas por temor a ser víctimas de los delincuentes.