Author: jablador@admin

 

 

El comunicador Virgilio Feliz lanzó duras críticas a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Colegio Médico Dominicano, calificándolos como “museos de la prehistoria”. Según el comunicador, ambas instituciones han perdido relevancia en las discusiones nacionales sobre educación y salud, centrándose únicamente en “los tres cheles del sueldo”.

 

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Jean Cristofer Pérez, abogado de los comunicadores Francisco y José Alcántara, quienes denunciaron el robo de dos aires acondicionados pertenecientes a la Dirección General de Migración (DGM), expresó este viernes que espera que sus defendidos sean liberados sin condiciones. Los hermanos Alcántara fueron detenidos por supuestamente haber ingresado a una propiedad sin permiso.

Tras el aplazamiento de la primera audiencia de coerción, Pérez manifestó que el delito que alega la parte demandante no justifica la imposición de prisión preventiva. El abogado enfatizó que sus representados estaban ejerciendo sus funciones periodísticas cuando ocurrieron los hechos.

Pérez confía en que el tribunal otorgará la libertad pura y simple a los comunicadores, y en caso de que no se les otorgue esa libertad, considera que una medida de coerción adecuada sería la presentación periódica.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reprogramó la audiencia para este sábado a las 9:00 a.m. Anteriormente, en dos ocasiones, los denunciantes, padres de Thomas Beras, y los acusados no lograron llegar a un acuerdo de conciliación sobre una demanda por daño moral en la que se exigían 20 millones de pesos.

Cabe destacar que la DGM admitió que el traslado de los aires acondicionado fue irregular y emitió una sanción contra Thomas Beras, el funcionario público involucrado en el incidente.

 

El Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, expuso las medidas que el Gobierno dominicano implementará en el marco de las próximas reformas fiscales. Durante su intervención, Bisonó destacó el impacto positivo que estas reformas tendrán en las pequeñas y medianas empresas del país.

El ministro explicó que la reforma responde a la ley de estrategia nacional de desarrollo y es una adaptación necesaria tras los desafíos económicos globales derivados del COVID-19 y otros factores. “Lo primero que hemos realizado es presentar una ley de responsabilidad fiscal que establece un techo de endeudamiento y gasto, algo que no se había hecho antes,” indicó Bisonó.

Entre las medidas más relevantes, se encuentra la eliminación del anticipo al pago de impuestos para las pequeñas y microempresas, un reclamo que se ha mantenido por más de 20 años. Esto permitirá que los emprendedores puedan contar con un alivio fiscal durante los primeros tres años de operación, facilitando su crecimiento y sostenibilidad económica.

Además, se contempla un aumento del salario mínimo gubernamental de 10,000 a 15,000 pesos, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos de menores ingresos. Para aquellos que más lo necesitan, el Gobierno también aumentará el monto de la tarjeta de solidaridad de 1,200 a 2,000 pesos.

La reforma, que tendrá un presupuesto proyectado de 122,000 millones de pesos, busca abrir posibilidades para mayores inversiones en infraestructura, servicios médicos y seguridad. Bisonó enfatizó que la reforma fiscal busca ofrecer más oportunidades a los sectores vulnerables y subrayó la importancia de la inclusión social en este proceso.

Además, el ministro se refirió a las críticas de la oposición, en particular a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien calificó la modernización fiscal como un “bombazo fiscal.” En respuesta, Bisonó aseguró que “toda reforma tiene un costo, pero es la única manera de asegurar un crecimiento sostenible para el país.”

Bisonó también abordó las preocupaciones sobre el impacto de la reforma en la clase media, asegurando que las medidas están diseñadas para protegerla y favorecer su desarrollo a largo plazo. Aseguró que la clave radica en la inversión adecuada y el acceso a recursos que generarán un ambiente económico más saludable.

El ministro finalizó su exposición resaltando que tanto el gobierno como los sectores económicos deben unirse en este esfuerzo reformista, instando a la oposición a presentar propuestas constructivas en lugar de solo oponerse. “La responsabilidad recae en todos nosotros, debemos buscar las mejores alternativas para el desarrollo sostenible de nuestra nación,” concluyó Bisonó.

 

 

El Ministro de la Presidencia, Joel Santos, negó categóricamente cualquier vínculo de su ministerio con la red de corrupción conocida como “Camaleón”, involucrada en el escándalo de la desviación de 10,000 millones de pesos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Santos aclaró que los cuestionamientos no se centran en el origen de los recursos para el contrato de modernización de la red semafórica, sino en el proceso de licitación.

 

 

El comunicador Euri Cabral criticó duramente las medidas adoptadas por el Ministerio Público en la República Dominicana, calificándolas como “muy abusivas” y señalando que, en muchos casos, no se respeta el derecho a una defensa justa. Cabral se refirió específicamente a la prisión preventiva de 18 meses impuesta a los imputados Hugo Veras, José Ángel “Jochi” Gómez, y Pedro Vinicio Padovani en el caso del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore Latam.

 

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, aclaró que el proyecto de modificación al Código Laboral presentado en el Congreso no contempla cambios en la cesantía laboral, uno de los temas más sensibles para los trabajadores. Esta declaración se produce en medio de un intenso debate sobre las reformas laborales y fiscales que el gobierno está impulsando.

El ministro explicó que, aunque la reforma laboral es necesaria para modernizar el marco legal y promover la creación de empleos, la cesantía no forma parte de las modificaciones propuestas en esta etapa. De Camps señaló que la iniciativa tiene un carácter tripartito, es decir, fue elaborada con la participación de representantes de trabajadores, empleadores y el Estado, lo que refuerza su enfoque inclusivo.

“Es importante que quede claro: la cesantía no ha sido tocada en este proyecto de reforma. Hay otros temas que requieren atención, pero en esta ocasión, la cesantía no está en discusión”, afirmó el ministro durante su intervención.

El tema de la cesantía ha generado preocupación en diversos sectores, particularmente en los sindicatos y gremios de trabajadores, que temen que su eliminación o modificación pueda afectar los derechos laborales adquiridos. Por su parte, algunos empresarios han abogado por revisar el sistema de cesantía, argumentando que representa un freno para la creación de nuevos empleos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

A pesar de la aclaración del ministro, la reforma laboral sigue siendo un tema controversial. Los debates continúan en el Congreso Nacional, donde se han conformado comisiones para estudiar el proyecto en detalle. Mientras tanto, diversos grupos de la sociedad civil y representantes del sector empresarial y sindical se mantienen atentos a cualquier cambio que pueda afectar sus intereses.

De Camps también hizo un llamado al diálogo y al consenso, destacando la importancia de que todos los sectores de la sociedad participen de manera constructiva en la discusión de las reformas necesarias para el desarrollo del país. “Todos debemos estar dispuestos a ceder en algo, tanto en la reforma laboral como en la fiscal. No podemos permitir que las decisiones se inclinen hacia un solo grupo”, concluyó el ministro.