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El comunicador Abel Guzmán Then hizo un llamado a la ciudadanía a prepararse para los sacrificios que conllevará la inminente reforma fiscal en República Dominicana. Según Guzmán Then, esta reforma es inevitable y será un proceso en el que todos los sectores de la sociedad tendrán que ceder y asumir responsabilidades, sin excluir a ninguno.

Durante su intervención, Guzmán Then destacó que la reforma fiscal, al igual que la reforma laboral, debe ser un ejercicio de consenso, diálogo y sacrificio compartido. “No puede ir solo hacia un interés grupal”, subrayó el comunicador, haciendo alusión a la presión de distintos gremios y sectores que buscan proteger sus propios intereses en las discusiones.

Además, expresó su preocupación por el hecho de que algunas agrupaciones intentan agitar a la población con protestas que, según él, solo buscan aprovecharse del descontento social para obtener beneficios políticos. “Hay un grupo de oportunistas que están buscando agitar a la gente con supuestas protestas”, mencionó, advirtiendo a los dominicanos sobre estos movimientos que intentan revivir viejas causas sin un verdadero liderazgo.

Por otro lado, Guzmán Then hizo énfasis en la necesidad de actualizar tanto el código laboral como el sistema de seguridad social, señalando que la cesantía laboral es uno de los puntos de mayor conflicto entre los gremios empresariales y los sindicatos. “Ellos quieren ajustar la cesantía laboral porque consideran que es un freno para la creación de nuevos empleos”, comentó.

El comunicador también subrayó que, aunque las reformas traerán consigo dificultades, son necesarias para el crecimiento económico y la modernización del país. Según él, es importante fomentar el emprendimiento y crear empleos de calidad, pero sin dejar de lado los derechos adquiridos por los trabajadores.

Finalmente, Abel Guzmán Then cerró su intervención con una reflexión contundente: “En la reforma fiscal, todos debemos ser sacrificados. Nadie puede ser excluido si queremos avanzar como sociedad”.

En su comentario matutino en el programa “Sin Maquillaje”, la periodista Altagracia Salazar abordó la reciente decisión judicial que envió a prisión preventiva por 18 meses a José Ángel Gómez Canaán, más conocido como Jochy Gómez, junto a otros implicados en el caso de corrupción del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Salazar destacó el poder y la influencia de Gómez Canaán, afirmando que su acceso a datos biométricos de la población dominicana representa una amenaza latente en el curso del proceso judicial.

Salazar comentó que Gómez Canaán, al frente de la empresa que gestiona la emisión de licencias de conducir en el país, tiene acceso a información confidencial que incluye huellas digitales y datos de identificación de millones de dominicanos. Esta capacidad mencionó la periodista, lo convierte en un “reo diferente”, cuya estancia en la cárcel de Najayo no será igual a la de otros internos. “Una persona con acceso a una tecnología tan avanzada no será tratada igual que los demás”, afirmó Salazar, sugiriendo que la influencia de Gómez Canaán puede alterar el rumbo del caso.

En su análisis, la comunicadora expresó su escepticismo sobre el futuro del proceso judicial, señalando que, al igual que en casos anteriores de corrupción administrativa en la República Dominicana, es posible que el juicio se vea retrasado por incidentes legales y tácticas dilatorias utilizadas por las costosas defensas legales de los imputados. También mencionó que, tras los tres meses de prisión preventiva, los acusados podrían solicitar la revisión de sus medidas coercitivas, lo cual podría generar nuevas dinámicas en el proceso.

Además, Salazar subrayó la relevancia de los datos biométricos en el ámbito de la seguridad global y cómo la capacidad de Gómez Canaán para acceder a esta información puede influir en el juicio. Según la periodista, este control sobre datos sensibles no solo afecta a los implicados en el caso, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad dominicana en general.

Las fuerzas opositoras han intensificado su presión para que la propuesta de reforma al Código de Trabajo sea discutida en vistas públicas, una petición anunciada por el senador Omar Fernández, vocero de la oposición y miembro de la comisión especial encargada de evaluar la nueva normativa. Fernández enfatizó que este proceso no debe comprometer las conquistas logradas por los trabajadores. “Los derechos de los trabajadores deben ser siempre preservados. Esa es mi opinión. Pero, en sentido general, quiero leer el proyecto de ley que ha llegado para entenderlo bien y dar una opinión sosegada”, afirmó el legislador.

Por su parte, los senadores oficialistas, como Alexis Victoria, han expresado la necesidad de realizar un análisis profundo de la propuesta. Victoria destacó que un buen empleado debe ser recompensado con mejores sueldos y condiciones laborales. “Debemos buscar un equilibrio, donde los derechos de los trabajadores sean protegidos, pero también tengamos en cuenta la movilidad laboral y otros aspectos que afectan al empleador”, expresó.

El proyecto de reforma al Código de Trabajo fue enviado a una comisión especial para su estudio, tras ser recibido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, de manos del Poder Ejecutivo. Ahora, la atención está puesta en si la comisión especial acogerá la petición de la oposición de llevar la propuesta a vistas públicas antes de presentar un informe final al pleno del Senado.

El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha presentado tres importantes reformas ante el Congreso Nacional en un lapso de 48 horas. El proyecto más reciente, una modificación al Código Laboral, fue depositado a través del Senado y anunciado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps.

El presidente del Senado indicó que la propuesta será remitida a una comisión especial para su estudio. “Lo recibimos con el objetivo de conformar una comisión que estudie el proyecto y brinde al país el mejor código laboral posible”, señaló.

Este proceso se enmarca dentro de un diálogo tripartito que se ha extendido desde febrero de 2022, involucrando al gobierno, los empleadores y los trabajadores. De Camps subrayó que el proyecto depositado no es solo una iniciativa gubernamental, sino que representa un consenso nacional: “Este no es el proyecto del gobierno dominicano, es el proyecto del país”.

Entre los aspectos más destacados, la propuesta incluye disposiciones sobre teletrabajo y derechos para las trabajadoras domésticas, aunque no se tocó el tema de la cesantía, debido a la falta de consenso en el diálogo. Sin embargo, se garantiza que el proyecto contiene avances significativos en la protección de derechos laborales, como establece el Convenio 189 de la OIT, al que la nación está comprometida desde hace años.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó críticas en redes sociales, calificando la presentación del proyecto como “apresurada” debido a la gran cantidad de reformas que se discuten simultáneamente en el Congreso. No obstante, el ministro De Camps respondió que la multiplicidad de iniciativas es prueba de una democracia robusta.