Author: jablador@admin

SANTO DOMINGO, RD.– El plátano continúa siendo llamado “oro verde” por el alto precio que ha alcanzado en los últimos días. En el Mercado Nuevo de la Duarte, en el Distrito Nacional, los comerciantes califican la situación como alarmante, ya que el plátano criollo sigue “por las nubes”.

Según vendedores, adquirir una pieza pequeña de plátano cuesta al menos 15 pesos, mientras que los ejemplares más grandes llegan hasta 35 pesos, cifra que preocupa tanto a comerciantes como a amas de casa.

Otros productos agrícolas también han registrado incrementos significativos: la papa se vende a 28 pesos la libra, y la zanahoria y la cebolla rondan los 50 pesos.

Ante esta situación, los vendedores de plátano hicieron un llamado al Gobierno para que intervenga y tome medidas que frenen el aumento constante de este alimento básico.

Expertos en economía agrícola explican que factores como la baja producción, las condiciones climáticas y los altos costos de transporte han influido en el incremento de los precios. Señalan que, sin intervención, la tendencia podría mantenerse durante las próximas semanas.

Por su parte, consumidores expresan su preocupación, afirmando que el aumento afecta directamente la canasta familiar y la economía doméstica, sobre todo en los hogares de menores ingresos.

El sector comercial espera que las autoridades implementen programas de regulación de precios y faciliten la importación temporal de productos, con el fin de estabilizar el mercado y garantizar el acceso de la población a estos alimentos esenciales.

Autoridades del Ministerio de Agricultura han señalado que están evaluando medidas de apoyo a los productores locales, incluyendo incentivos para aumentar la siembra y mejorar la distribución. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado acciones concretas que alivien el impacto en los consumidores.

Mientras tanto, las amas de casa y vendedores coinciden en que la situación es insostenible y temen que el precio del plátano siga subiendo, afectando uno de los alimentos más consumidos en el país.

 

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció este lunes que el corredor de la avenida Independencia comenzará a funcionar en los primeros días de enero de 2026, marcando otro paso en la transformación del transporte público del Gran Santo Domingo.

La confirmación fue ofrecida durante La Semanal con la Prensa, donde Paliza detalló que la flotilla de autobuses destinada al corredor ya se encuentra en territorio dominicano y está siendo despachada por la Dirección General de Aduanas. Según explicó, el retraso en la puesta en marcha del sistema se debió a “diferencias internas” entre los actores privados involucrados en la concesión. “Estas diferencias ya fueron subsanadas y el proceso avanza sin obstáculos”, aseguró.

El funcionario añadió que el personal que operará el corredor está actualmente en fase de capacitación, alineándose con los estándares del modelo de movilidad que el Gobierno ha venido implementando bajo la Ley 63-17. Este esquema ha permitido que antiguos sindicatos de choferes evolucionen hacia empresas operadoras formales, responsables de administrar los nuevos corredores.

Durante su intervención, Paliza recordó que esta iniciativa se suma a los corredores ya habilitados en las avenidas Winston Churchill, Charles de Gaulle y José Núñez de Cáceres, los cuales han contribuido a la reorganización del tránsito y la reducción del transporte informal. “Este corredor mantiene la misma lógica de modernización que hemos aplicado en los demás. La meta es seguir mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema”, puntualizó.

El corredor de la Independencia conectará importantes zonas residenciales y comerciales del Distrito Nacional, ampliando la red de movilidad sostenible impulsada por la actual administración. Con su entrada en operación, el Gobierno espera continuar reduciendo tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la integración del transporte urbano.

Santo Domingo.– El segundo informe nacional de derechos humanos presentado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reveló que la salud, la educación y la seguridad continúan siendo los derechos más vulnerados en la República Dominicana, afectando de manera directa a los sectores más frágiles de la sociedad.

De acuerdo con el estudio, el derecho a la salud ocupa el primer lugar entre las violaciones reportadas. El informe recoge testimonios de madres que recorren hospitales en busca de una cama para sus hijos, adultos mayores que deben esperar semanas para recibir un procedimiento médico y trabajadores que se ven empujados a la pobreza tras recibir diagnósticos inesperados que no pueden costear. Estos casos, según Ulloa, reflejan una crisis estructural que requiere atención urgente.

El documento también señala a la Policía Nacional como la institución que más vulnera derechos en el país, según el 50% de los ciudadanos encuestados. Pablo Ulloa afirmó que este hallazgo no busca desacreditar al cuerpo del orden, sino aportar evidencia para su fortalecimiento. “La seguridad solo es legítima cuando se ejerce con proporcionalidad, respeto y estricto apego a la ley”, reiteró el Defensor del Pueblo.

Además de salud y seguridad, otros derechos afectados incluyen la seguridad social, la integridad personal, la educación, el trabajo y la protección del medio ambiente. El informe indica que las mujeres, las personas envejecientes y la población con discapacidad continúan siendo los grupos más vulnerables frente a estas fallas del sistema, lo que subraya la necesidad de políticas públicas más inclusivas y efectivas.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó que el caso SENASA sigue lejos de concluir y que nuevas imputaciones se sumarán en los próximos días, al revelar detalles escalofriantes del entramado de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud, entidad que garantiza servicios a más de 7 millones de dominicanos. Durante un encuentro navideño con periodistas, la titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público aseguró que los interrogatorios continúan y que existen evidencias suficientes para ampliar la investigación.

Reynoso confirmó que médicos y diversos profesionales de la salud se encuentran entre los investigados, ya que los procedimientos fraudulentos implican actos clínicos que no pudieron ejecutarse sin la participación directa de personal especializado. Señaló además que varios centros de salud llevan tiempo bajo escrutinio porque el entramado operaba desde distintas instituciones y con múltiples actores.

La magistrada describió como “absolutamente criminal” la crueldad con la que se actuó contra pacientes indefensos, revelando que algunos fueron sometidos a radio y quimioterapia innecesarias, únicamente para incrementar los cobros ilícitos. Mencionó casos en los que se realizaron más de cinco cateterismos a una misma persona sin requerir siquiera uno, así como múltiples sesiones de radioterapia aplicadas sin justificación médica.

Yeni Berenice dejó claro que no existe ningún acuerdo extrajudicial con los imputados y que el Ministerio Público está decidido a llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. Resaltó que este expediente es el primero de corrupción que se tramita bajo el nuevo Código Procesal Penal, lo que implica un precedente importante para la justicia dominicana.

Finalmente, la procuradora advirtió que sectores vinculados a la criminalidad organizada y a intereses oscuros han intentado promover una contrarreforma para entorpecer el avance del caso, pero reiteró que la institución que representa continuará trabajando con firmeza hasta que todos los responsables —sin excepción— respondan ante la ley.

Santo Domingo. – La diputada Selinée Méndez denunció este martes la existencia de una presunta red que exige entre 10 mil y 50 mil dólares para eliminar publicaciones difamatorias en redes sociales, un esquema que, según afirma, se ha convertido en un negocio oscuro que afecta a figuras públicas y ciudadanos comunes.

Méndez, quien recordó que lleva más de 30 años trabajando en la comunicación dominicana “de forma transparente y responsable”, expresó su indignación ante las recientes difamaciones sobre su vida privada que circulan en plataformas digitales. Aseguró que estos ataques no solo buscan dañar su imagen, sino también presionarla para pagar por la eliminación de contenidos falsos.

La legisladora informó que ya inició acciones legales contra los responsables y advirtió que continuará “defendiendo su dignidad y la de su familia” ante cualquier intento de chantaje o manipulación mediática. Asimismo, llamó a las autoridades a investigar estas prácticas, que calificó como un grave atentado contra la ética, la verdad y la seguridad digital en el país.

El vicepresidente ejecutivo de CAPPEN y asesor en política exterior, Jatzel Román, destacó que la República Dominicana ha experimentado un incremento histórico en las incautaciones de narcóticos durante los últimos cinco años, logro que atribuyó directamente a la cooperación bilateral con los Estados Unidos. Según explicó, los decomisos realizados en este período superan por más de diez veces lo confiscado en la década anterior.

Román señaló que esta colaboración se enmarca en los acuerdos de interdicción aérea y marítima firmados desde 1995, los cuales permiten operaciones conjuntas diseñadas exclusivamente para combatir el crimen organizado en el Caribe. En ese contexto, afirmó que la autorización para que aeronaves estadounidenses operen temporalmente en territorio dominicano responde a una estrategia técnica y no militar.

El asesor aclaró que se trata de aviones KC-135 utilizados para reabastecimiento de combustible y C-130 Hércules para carga logística, negando que correspondan a aeronaves de combate o a movimientos bélicos. También destacó que dichas operaciones se realizan en zonas restringidas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro, sin afectar vuelos comerciales.

Román advirtió que la República Dominicana no debe caer en la “falsa sensación de inmunidad” frente a las amenazas del narcotráfico, recordando que países como Ecuador pasaron de índices bajos de criminalidad a cifras alarmantes tras la penetración profunda del crimen organizado. Insistió en que la prevención, sostenida por alianzas estratégicas, es esencial para mantener la estabilidad y seguridad del país.

Finalmente, las autoridades resaltaron que esta cooperación no solo fortalece la lucha regional contra las drogas, sino que también aporta beneficios económicos y operativos a la nación, como la compra local de combustible y el aumento de capacidades técnicas. Román reiteró que el objetivo principal es “garantizar la seguridad y la prosperidad de la República Dominicana”.

Santo Domingo. – El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó este martes dos proyectos de ley destinados a frenar la infiltración del crimen organizado en la política dominicana, advirtiendo que el país enfrenta un patrón creciente de narcotráfico, lavado de activos y redes criminales que han logrado penetrar estructuras partidarias.

Durante la sesión del Senado, Taveras Guzmán señaló que en las últimas semanas “hemos visto desfilar por los tribunales personas acusadas de narcotráfico, lavado de activos y vínculos con el crimen organizado que han logrado colarse en nuestro sistema político partidario”, alertando que esta tendencia podría convertir la política nacional en “un mercado de intereses criminales”.

Las iniciativas legislativas, identificadas como 01253 y 01254, buscan incluir a los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral como sujetos obligados no financieros bajo la Ley 155-17, estableciendo controles estrictos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, plantean responsabilidad penal para las organizaciones políticas bajo el Código Penal dominicano.

El senador del PRM sostuvo que la entrada de recursos ilícitos “prostituye la democracia” y desvirtúa el rol de los partidos como instituciones al servicio del bien común. Taveras reafirmó su compromiso con la integridad institucional y respaldó las recientes declaraciones del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien llamó a cerrar definitivamente la puerta al narcotráfico dentro de la política nacional.

La comunicadora Iluminada Muñoz pidió al país poner atención al caso de Stephora Joseph, la adolescente de 11 años que murió en la piscina del colegio Da Vinci, en Santiago, un hecho que ha generado indignación nacional.

Muñoz sostuvo que el relato del abogado de la familia, Miguel Díaz, sobre lo que muestran las cámaras de seguridad, apunta a posibles fallas graves de supervisión, atención y respuesta ante la emergencia que vivió la menor.

Según lo expuesto por el abogado, videos de seguridad muestran a Stephora adentrándose en una piscina con más de seis pies de profundidad y cuya zona de desnivel no estaba señalizada.

En las imágenes —explicó Díaz— la niña grita desesperadamente por ayuda mientras mueve las manos, rodeada de otros estudiantes que la observan sin alertar a los adultos. Muñoz calificó como “increíble e inaceptable” que, según la descripción del abogado, una de las maestras pasara junto a la escena sin mirar y permaneciera más pendiente de su celular que de los niños bajo su cuidado.

La comunicadora también resaltó como preocupante que, de acuerdo con la versión presentada, Stephora habría permanecido más de 30 minutos sumergida sin que nadie la echara de menos, y que incluso una vez emergió, algunos niños la empujaron creyendo que se trataba de un juego, hasta que otro estudiante mayor se percató de que no reaccionaba. “Yo no puedo creer que un colegio envíe a 83 niños a un lugar con piscina profunda, sin salvavidas, sin señalización y sin supervisión efectiva”, expresó Muñoz con evidente consternación.

Iluminada Muñoz también cuestionó el presunto manejo posterior al incidente. Destacó que, según los informes citados por el Ministerio Público, Stephora habría muerto pasadas las 9:00 a.m., pero a su madre se le informó casi dos horas y media después, diciéndole que la niña estaba “vomitando”. Además, lamentó que, aun con tantos elementos por aclarar, ninguno de los niños presentes —incluidos algunos señalados por presunto bullying— haya sido interrogado hasta el momento. “Ese es un ser humano que pidió ayuda y nadie la atendió. Eso no puede quedar así”, sentenció.

Finalmente, Muñoz hizo un llamado a que se investigue a fondo la actuación del colegio, de las maestras involucradas y de los adultos responsables del grupo, recordando que solo siete de las 16 cámaras de seguridad habrían sido entregadas como evidencia. La comunicadora insistió en que el Ministerio Público debe poner “un hasta aquí” y actuar con firmeza para que no se repitan tragedias como esta. “Si tienen que cerrar ese colegio, que lo cierren”, afirmó.