Author: jablador@admin

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Ciudadanos dominicanos han levantado sus voces en protesta por la detención injusta de sus familiares, quienes son amenazados con ser deportados a Haití debido al color de su piel. Este preocupante escenario revela la creciente discriminación racial en el país, donde las tensiones migratorias han llevado a la confusión de identidades, afectando a ciudadanos que sufren persecución por su apariencia.

Familiares de los detenidos, como un joven que busca desesperadamente a su hermano, detenido hace dos días, denuncian que las autoridades no les permiten ver a sus seres queridos ni presentar la documentación que acredita su nacionalidad dominicana. Esta falta de acceso genera angustia e incertidumbre, agravando el sentimiento de vulnerabilidad entre las familias afectadas.

Por su parte, un abogado ha expresado su frustración tras varios días intentando asistir legalmente a su cliente, también dominicano, sin éxito. Esta situación refleja una negación de derechos fundamentales, afectando el debido proceso y dejando a los afectados en una posición de desprotección ante el sistema.

La situación también ha afectado a inmigrantes haitianos que residen legalmente en el país. Un trabajador de la construcción, por ejemplo, ha tratado sin éxito de presentar la documentación de su compañero haitiano, quien está legalmente registrado en el país, pero se enfrenta a constantes obstáculos burocráticos que dificultan su liberación.

Estas detenciones, basadas en prejuicios raciales, han generado preocupación entre la población y organizaciones de derechos humanos que exigen al gobierno dominicano actuar de manera justa y respetar los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su apariencia física o lugar de origen.

 

Los comunicadores Francisco y José Alcántara, del Multimedios Su Mundo, fueron detenidos por el Ministerio Público después de haber denunciado el robo de equipos de aire acondicionado pertenecientes a la Dirección General de Migración. La denuncia que hicieron los periodistas involucraba el traslado irregular de los equipos a un apartamento en construcción.

Ambos hermanos, quienes forman parte del equipo del programa “Su Mundo con el Pueblo” y de “El Nuevo Diario”, expusieron públicamente que dos aires acondicionados de la Dirección General de Migración fueron sacados y trasladados sin autorización, lo que generó controversia sobre el destino de los aparatos.

La detención de los Alcántara ocurrió el jueves, como resultado de una querella presentada por los padres de un funcionario de Migración, quien habría llevado los equipos a un inmueble en construcción, propiedad de estos. La denuncia apunta a que el traslado de los aparatos se realizó de manera irregular.

El caso ha generado preocupación entre los círculos periodísticos, debido a que los hermanos Alcántara estaban ejerciendo su labor de denuncia en los medios. La situación plantea interrogantes sobre la relación entre los periodistas y las acciones del funcionario implicado en el caso de los aires acondicionados.

Los periodistas ahora enfrentan un proceso legal en medio de la controversia por sus denuncias, y el caso sigue en desarrollo mientras las autoridades investigan el origen de los equipos y su destino final.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), junto a Jochi Gómez, presidente de Transcore Latam, y Pedro Padovani, exencargado de Control de Tráfico del Intrant.

Los tres son acusados de liderar un esquema de corrupción relacionado con la red semafórica del Gran Santo Domingo.Esta medida se dicta en el marco de las investigaciones sobre actos ilícitos cometidos en la gestión del sistema de semáforos, donde se señala a los involucrados por presuntamente beneficiarse de contratos irregulares que perjudicaron el buen funcionamiento del tránsito en la capital.

Operación Camaleón

El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 2 de octubre,  la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

 

Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.

Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.

 

Susana Gautreau, reconocida analista y comentarista política, afirmó que aunque el gobierno de Luis Abinader inicialmente se opuso a implementar una reforma fiscal, las circunstancias económicas actuales hacen necesaria esta acción para 2024. Gautreau explicó que en el pasado se consideraba que la reforma no era urgente debido a la suficiencia de recursos financieros, pero la situación ha cambiado drásticamente.

 

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a Jackson Martínez, alias “El Bolo”, de 20 años, por su presunta implicación en el robo a una empleada de una banca de apuestas en el sector La Barranquita, Santiago.

Según el informe policial, el incidente ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando Martínez y un cómplice, aún no identificado, llegaron al lugar a bordo de un vehículo. Armados con un cuchillo, despojaron a la víctima de 18,300 pesos, una alcancía, varias tarjetas de crédito y otros objetos de valor.

Las autoridades continúan la búsqueda del segundo sospechoso, mientras que Jackson Martínez ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos legales correspondientes.