Author: jablador@admin

 

 

El comunicador Francisco Tavárez, más conocido como “El Demócrata”, ofreció un análisis profundo del recién presentado Proyecto de Modernización de las Finanzas Públicas del gobierno del presidente Luis Abinader. Durante su intervención, destacó la valentía de la administración al proponer medidas destinadas a reestructurar la economía dominicana y reducir el endeudamiento crónico.

Tavárez explicó que, a diferencia de reformas fiscales anteriores, el proyecto de Abinader busca marcar una diferencia real, dejando de lado los “parches tributarios” y abordando la necesidad urgente de reducir el déficit fiscal, que por años ha forzado a los gobiernos a recurrir a préstamos para cubrir necesidades básicas como infraestructuras y servicios públicos.

Al mismo tiempo, indicó que el gobierno ha decidido desmontar los subsidios a sectores que ya han alcanzado su madurez, como la industria turística, que ahora está posicionada como líder en el Caribe. “Es correcto desmontar los incentivos al sector turístico cuando ya hemos alcanzado más de 10 millones de turistas al año. No tiene sentido seguir subsidiando un sector que ya es rentable”, afirmó.

Uno de los puntos más comentados del comunicador, fue el plan del gobierno para eliminar subsidios a otros sectores, como el financiero y el cine. “El subsidio a la Ley de Cine ha sido utilizado por grandes corporaciones para evadir el impuesto sobre la renta, una práctica que ahora se eliminará”, señaló, destacando que las empresas deberán producir películas que sean comercialmente viables sin la dependencia de subsidios estatales.

En cuanto a las viviendas y el impuesto IP, Tavárez criticó que la nueva reforma incluya propiedades de bajo costo, lo que podría afectar a la clase media. “Grabar propiedades de más de 5 millones de pesos es un error; con los precios actuales, incluso un apartamento modesto supera ese valor”, advirtió.

Otro aspecto importante que abordó fue el comercio electrónico. Según el nuevo proyecto, las compras por debajo de 200 dólares realizados a través de plataformas como Amazon comenzarán a pagar impuestos, una medida que busca incentivar la compra local. Sin embargo, El Demócrata señaló que esto debe ir acompañado de un control de precios en el mercado local, ya que los productos locales suelen ser mucho más caros que los importados.

Finalmente, destacó que la reforma propone eliminar el anticipo para personas físicas y reducirlo en un 60% para micro, pequeñas y medianas empresas, lo que representa un alivio para este sector.

Entre los bienes y servicios exentos de impuestos están los alimentos básicos, medicamentos, combustibles y servicios esenciales como electricidad, agua potable y transporte público. También se aumentará la carga impositiva a productos dañinos como las bebidas alcohólicas y azucaradas.

“Es una reforma valiente, con luces y sombras,” concluyó Tavárez, destacando que aunque algunos sectores verán un impacto negativo, la propuesta tiene el potencial de poner fin al ciclo de endeudamiento que ha afectado al país por décadas.

 

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Un trágico accidente sacudió a la comunidad de La Gloria, en Santiago, cuando un adolescente perdió la vida al entrar en contacto accidentalmente con una fuente de electricidad mientras colaboraba con su madre en labores de emergencia. La descarga eléctrica provocó su muerte instantánea, dejando a los vecinos consternados por la repentina pérdida.

El incidente ocurrió en medio de las intensas lluvias que han afectado la región en los últimos días, causando inundaciones y exponiendo los peligros de instalaciones eléctricas vulnerables en zonas de alto riesgo. Personal del cuerpo de Bomberos de Santiago, miembros del Sistema de Emergencias 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar, pero a pesar de sus esfuerzos, el joven fue declarado muerto en el sitio.

Este lamentable suceso subraya los peligros que pueden surgir durante las tormentas, especialmente en hogares sin las medidas de seguridad eléctrica adecuadas. Las autoridades han emitido un llamado urgente a la población para que tome precauciones adicionales durante las lluvias torrenciales, evitando manipular equipos eléctricos o conexiones en áreas inundadas.

La comunidad de La Gloria, que llora la pérdida de este joven, también eleva su voz para pedir una mejora en la infraestructura y en la respuesta ante emergencias en las zonas más afectadas, con la esperanza de que tragedias como esta no se repitan.

 

En el informe con la periodista Alicia Ortega ha desvelado los turbios detalles sobre el caso conocido como “Camaleón”, donde siete imputados han sido señalados por el Ministerio Público como los responsables de crear una organización criminal destinada a beneficiarse económicamente a través de contratos millonarios relacionados con la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Según el informe, los acusados habrían manipulado el proceso de licitación para favorecer a empresas que, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos necesarios, fueron seleccionadas antes de que el aviso de licitación fuese publicado en el portal institucional. Las autoridades han indicado que esta selección se realizó como si se tratara de un “traje a la medida”.

El control del sistema de monitoreo de la red semafórica fue calificado por los fiscales como “absoluto”, y a este se sumaron múltiples cámaras de vigilancia que fueron colocadas en diversos puntos de la capital, incluyendo logotipos de agencias de seguridad pública, sin contar con la debida autorización.

Entre los implicados se encuentran figuras destacadas como Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix, y Hugo Veras, exdirector del Intrant. El Ministerio Público asegura que el grupo implementó un complejo esquema de espionaje y realizó extracciones ilegales de información, incluyendo la intervención en comunicaciones telefónicas.

Durante más de cuatro horas, las autoridades llevaron a cabo allanamientos simultáneos en la capital, resultando en la detención de los siete sospechosos, quienes llegaron al Palacio de Justicia pasadas las dos de la mañana del jueves. Las acusaciones incluyen la creación de una asociación ilícita que estafó al Estado dominicano en un monto superior a los 1,300 millones de pesos.

El informe detalla cómo las empresas implicadas fueron elegidas de manera fraudulenta para ejecutar contratos, a pesar de su falta de experiencia y capacidades técnicas, lo que ha levantado numerosas alarmas sobre la transparencia en la contratación pública en el país.

Además, Ortega señala que se han levantado serias dudas sobre cómo se montó un sistema de cámaras sin que las autoridades pertinentes pudieran interceder en el momento de la instalación. Las cámaras, algunas de las cuales llevaban logotipos de la policía, fueron encontradas en diversas localizaciones y, según la investigación, no hay claridad sobre quiénes han estado monitoreando las imágenes captadas.

El informe de Alicia Ortega ha puesto en jaque a las autoridades, cuestionando la integridad de los procesos de contratación y la vigilancia gubernamental sobre estos procedimientos. A medida que el caso avanza, se esperan más interrogantes y potenciales revelaciones sobre un escándalo que podría sacudir las bases de la corrupción en la administración pública dominicana.

La audiencia de medidas de coerción para los implicados está programada para el próximo martes.

 

El abogado José M. Hoepelman afirmó que la Dirección General de Compras y Contrataciones no debería enfrentar responsabilidad penal en relación con los hechos denunciados en el caso Transcatán, el cual ha generado gran controversia en el país. Durante una entrevista, Hoepelman comentó sobre la reciente acusación que involucra actos de terrorismo y otros delitos administrativos, sosteniendo que, desde una perspectiva jurídica, algunos de los cargos presentados no encajan en las tipificaciones penales actuales.

Refiriéndose a la definición legal de terrorismo, Hoepelman señaló que las conductas descritas en el expediente no corresponden a lo que tradicionalmente se define como terrorismo. “El terrorismo implica la intención de causar terror generalizado o desestabilizar instalaciones con un fin intimidatorio, lo cual no parece ser el caso aquí”, explicó el abogado.

En cuanto al papel de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Hoepelman fue claro en señalar que este organismo tiene una función consultiva y de verificación posterior de los procesos de licitación. “La responsabilidad final de un proceso de licitación recae sobre las entidades que lo llevan a cabo, no sobre la Dirección de Compras y Contrataciones, que no se involucra directamente en la ejecución del proceso”, comentó.

Hoepelman también subrayó que, si bien el Ministerio Público ha presentado pruebas preliminares, estas deben ser materializadas con evidencias contundentes para poder confirmar los hechos, especialmente en un caso que podría ser declarado complejo debido a la cantidad de personas involucradas y la multiplicidad de actos.

La opinión del abogado ha generado debate, dado que algunos sectores esperan que todas las entidades involucradas en el proceso de contratación sean investigadas a fondo. Sin embargo, Hoepelman reiteró que, a su juicio, la responsabilidad de la Dirección General de Compras es limitada y no debería derivar en cargos penales bajo las circunstancias actuales.

Este comentario surge en medio de la investigación por presuntas irregularidades en los contratos de la empresa Transcatán, lo que ha llevado a interrogatorios y detenciones de varios funcionarios y empresarios.

 

Un joven de 19 años, identificado como Wesmi Pérez, ha denunciado públicamente que fue víctima de abuso policial a manos de agentes de la Policía Nacional (PN) en un incidente ocurrido en el sector de Gurabo, Santiago. El joven, oriundo del barrio Bella Vista, asegura que la patrulla policial lo interceptó de manera violenta, resultando herido de bala y sufriendo una brutal agresión física.

Según su relato, mientras se desplazaba en su vehículo, fue impactado por la patrulla policial, momento en el que uno de los agentes disparó directamente a través del cristal del vehículo de Collado Pérez. La bala lo alcanzó en la frente, y los fragmentos de vidrio roto penetraron en su ojo izquierdo, provocándole una grave lesión en el rostro. Actualmente, el joven enfrenta el riesgo de perder la vista en ese ojo debido a la gravedad del daño.

Collado Pérez narró los hechos con detalles, explicando que intentó detener su vehículo tras ser interceptado, pero los agentes actuaron con violencia. “Cuando pongo mi vehículo en parking, sin apenas tener tiempo de reaccionar, uno de los oficiales procede a dispararme a quemarropa. Gracias a Dios, el disparo solo me rozó, pero los cristales dañaron toda esta parte de la cara”, comentó visiblemente afectado.

El joven también denunció la desaparición de pertenencias de su vehículo, incluyendo dinero en efectivo, tarjetas de débito, perfumes y documentos personales, tras ser trasladado al hospital por los mismos agentes que lo agredieron.

La familia de Collado Pérez ha interpuesto una denuncia formal ante la fiscalía, exigiendo que las autoridades investiguen el caso y se tomen medidas contra los agentes implicados en lo que describen como un claro abuso de poder.

 

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En un contexto donde la reforma fiscal se presenta como una necesidad urgente, el comentarista Abel Guzmán Then ha destacado la eliminación del anticipo tributario como un “salvavidas” para los pequeños y medianos emprendedores del país. En su intervención, Guzmán subrayó que esta medida es un acto de “responsabilidad política” por parte del gobierno, al abordar temas que habían sido postergados durante décadas.

“Las pequeñas y medianas empresas han estado siendo ahogadas por el anticipo que se implementó durante la crisis bancaria del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. La propuesta de eliminar este anticipo para las personas físicas, así como para las microempresas, es un paso revolucionario”, afirmó Guzmán. Resaltó que durante los primeros tres años de operación de una pequeña empresa, el gobierno no cobrará impuesto sobre la renta, un alivio crucial para aquellos que a menudo enfrentan gastos fijos abrumadores.

El comentarista explicó que muchos emprendedores no logran calcular adecuadamente los costos operativos y, en consecuencia, enfrentan grandes desafíos financieros. “Este cambio no solo permitirá que más emprendimientos sobrevivan, sino que también ayudará a mantener empleos en el sector”, argumentó Guzmán. También se refirió a la simplificación del sistema tributario, que ahora se calculará en base a un 40% de los ingresos para las pequeñas empresas y un 60% para las medianas, lo que representa un respiro significativo para muchos empresarios.

Guzmán destacó la importancia del papel de los contadores en este nuevo panorama fiscal, ya que serán fundamentales en la orientación a las pequeñas y medianas empresas que buscan adaptarse a los nuevos requisitos tributarios. La medida, según él, también motivará a los emprendedores a formalizar sus negocios, lo que podría llevar a un crecimiento sostenible en el sector.

A medida que se intensifican los debates sobre el sistema tributario y su impacto en la economía, Guzmán hizo un llamado a los sectores productivos para que participen activamente en la discusión y ayuden a modelar un sistema que beneficie a todos. “El debate es sano, y es fundamental que los ciudadanos se involucren en la construcción de una reforma que realmente funcione para el país”, concluyó.

 

 

 

 

En un contexto de creciente discusión legislativa, el presidente Luis Abinader enfatizó la importancia de la reforma fiscal como una “responsabilidad política” que requiere la colaboración de todos los sectores. Durante el avance de la Asamblea Nacional revisora, los congresistas lograron aprobar siete de los once artículos propuestos en la modificación constitucional.

La sesión, que reunió a senadores y diputados, se centró en la revisión de varios artículos que buscan reestructurar aspectos clave de la Constitución dominicana. Los artículos aprobados incluyen el 81, 166, 167, 169, 171, 174 y 178, los cuales buscan impedir modificaciones futuras a la Constitución, reducir la cantidad de diputados, consolidar la autonomía del Ministerio Público y ajustar las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Abinader destacó que la reducción de la matrícula de los diputados y la forma en que se designa al procurador general de la República son pasos significativos hacia una mayor eficacia legislativa. “La cantidad de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura también será objeto de revisión, y se atribuirá al consejo la facultad de elegir al procurador general”, aseguró.

La oposición, sin embargo, expresó su desacuerdo al solicitar ser excluida de la comisión encargada de la modificación, argumentando que su participación sería innecesaria en un proceso que consideran “un teatro ya montado”. A pesar de esto, varios congresistas respaldaron las modificaciones, resaltando que una mayor cantidad de diputados no garantiza una democracia efectiva.

En la discusión se subrayó la autonomía del Ministerio Público, el cual debe actuar conforme a principios de legalidad, objetividad y responsabilidad. La Asamblea aprobó también el cambio del título de “procurador general de la República” a “abogado general del Estado”, con el objetivo de fortalecer su independencia.