Author: jablador@admin

El comunicador Manuel Cruz, durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana, ofreció su análisis sobre la reciente manifestación organizada por el grupo nacionalista “Antigua Orden Dominicana”, el pasado sábado. Aunque enfatizó que el ejercicio del derecho a manifestarse es inviolable, Cruz sostuvo que la protesta carecía de un objetivo concreto.

“La manifestación carecía de objeto, no el ejercicio del derecho”, aclaró Cruz, subrayando que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional de manifestarse, ya sea por razones específicas o incluso sin una causa clara. Sin embargo, señaló que la protesta en cuestión no tenía sentido en ese momento, dado que el gobierno ya había comenzado a implementar medidas relacionadas con las demandas del grupo, como la deportación de haitianos indocumentados.

Cruz explicó que el contexto actual, marcado por operativos visibles de migración en varias ciudades del país, sugería que lo más lógico era esperar para ver si las acciones del gobierno eran efectivas antes de volver a las calles. “Si se está dando pasos para hacer lo que han estado pidiendo, lo lógico es dar un compás de espera”, afirmó el comunicador.

El derecho a manifestarse y el respeto a las leyes

Cruz también aprovechó su intervención para reflexionar sobre el derecho a la protesta en República Dominicana, recordando ejemplos internacionales como el de Concepción Picciotto, una mujer española que protestó frente a la Casa Blanca en Estados Unidos durante 35 años, sin ser interrumpida. “Eso es lo que significa el derecho a manifestarse”, dijo Cruz, resaltando la importancia de que las autoridades respeten el derecho ciudadano a la libertad de expresión.

No obstante, aclaró que aunque no se necesita permiso para manifestarse, si la protesta incluye elementos adicionales, como la instalación de tarimas en lugares públicos como la Plaza de la Bandera, sí es necesario un permiso. “Para colocar cualquier cosa adicional, como una tarima, si se necesita permiso”, mencionó, detallando que el área de la Plaza de la Bandera está bajo la custodia del Ministerio de Defensa, aunque la gestión del espacio es competencia de los ayuntamientos.

Crítica a la reacción del gobierno

Cruz también lanzó duras críticas al Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmando que no le corresponde a ese partido, que en el pasado se benefició de las protestas ciudadanas, limitar o interrumpir manifestaciones. “Al PRM no le luce impedir manifestaciones. Nadie les impidió a ellos manifestarse cuando estaban en la oposición”, recordó Cruz, haciendo referencia a las protestas previas a las elecciones de 2020 y las movilizaciones de la Marcha Verde.

Finalmente, el comunicador reiteró que el derecho a manifestarse es fundamental, y que cualquier intento de limitarlo es un “irrespeto a los derechos ciudadanos”. Llamó al gobierno a ser más respetuoso con estos derechos y a permitir que las personas se expresen libremente, con o sin razón clara, porque es un derecho constitucional inalienable.

El diputado del PRM por Santo Domingo Oeste, Elías Báez, ha realizado un enérgico llamado a la acción, argumentando que el país no necesita solo una reforma fiscal, sino una “revolución económica” para corregir las injusticias fiscales y fortalecer las finanzas públicas. Báez señaló que los gobiernos anteriores, que durante 20 años no tomaron las decisiones necesarias, ahora critican las medidas económicas del actual gobierno y buscan aprovechar políticamente la situación.

“Danilo decía, ‘yo no sé cómo va a gobernar el próximo gobierno porque aquí no hay un peso’”, recordó Báez, refiriéndose a las declaraciones del expresidente Danilo Medina. Ahora, aquellos que dejaron el país en esa situación, se oponen a la reforma fiscal que ellos mismos evitaron.

El diputado subrayó que la reforma fiscal es inevitable y que debe enfocarse en que “el que más tiene, pague más”. Para él, los sectores más pudientes del país deben contribuir de manera justa al sistema tributario, en lugar de continuar aprovechándose de exenciones y beneficios fiscales desproporcionados.

Exenciones injustas y desigualdad fiscal

Báez ejemplificó su argumento señalando el caso de la Ley de CONFOTUR, que ofrece grandes beneficios fiscales a inversionistas extranjeros en el sector hotelero. “Vemos a los turistas y a los que hacen hoteles, que vienen con miles de millones de dólares, y los trabajadores del turismo son los que menos ganan”, explicó Báez. Además, criticó que los dueños de hoteles disfruten de exenciones fiscales y lleguen incluso a tener aviones privados, mientras sus trabajadores reciben salarios bajos.

También se refirió a las zonas francas, indicando que algunas pagan solo un 9% de impuestos sobre la renta, mientras que otras empresas enfrentan tasas del 25% o 27%. “El que tiene más cuarto, es el que tiene que pagar más”, afirmó, insistiendo en que las distorsiones fiscales deben corregirse para lograr justicia económica.

Báez también criticó las exenciones otorgadas a grandes empresas como Barrick Gold y los generadores de electricidad, así como los subsidios al combustible que reciben sindicatos del transporte público, como los guagüeros. “Todas esas distorsiones deben corregirse”, insistió.

La ley de cine, que exonera parte de los impuestos a las productoras, fue otro ejemplo citado por el diputado como una política que, aunque bien intencionada, también requiere ajustes. “No se puede seguir fomentando cosas en base al sacrificio fiscal”, aseveró.

Recursos para servicios públicos y seguridad

Báez planteó que la falta de recaudación adecuada está afectando la calidad de los servicios públicos. “¿Cómo queremos buenos hospitales, que haya recursos, camas, y todo lo necesario si no tenemos dinero?”, preguntó retóricamente. Añadió que la seguridad ciudadana también está en riesgo por la falta de financiamiento adecuado, recordando que el país necesita más de 52,000 policías, pero que sin fondos suficientes, será imposible mejorar la seguridad o la educación.

Finalmente, Báez llamó a que todos los sectores se sacrifiquen, incluyendo a los legisladores. Mencionó que plataformas como Airbnb, Netflix y Facebook no están pagando impuestos en el país, a pesar de que obtienen beneficios económicos. “Todo eso hay que corregirlo para recaudar fondos”, concluyó.

El comunicador Julio Martínez Pozo ha emitido fuertes críticas sobre el manejo del caso de Hugo Beras, señalando fallos en los mecanismos de control preventivo y cuestionando la imparcialidad de la investigación judicial. En su comentario, Martínez Pozo destacó que existen dos “camaleones” implicados en el caso que aún no han sido sometidos a medidas de coerción, a pesar de las irregularidades detectadas.

Un punto álgido de su comentario, fue la condena hacia el procedimiento de allanamiento en la casa de Beras, calificando de draconiana la actuación de las autoridades. Según Martínez Pozo, el hijo de 9 años de Hugo Beras fue apuntado con armas durante el operativo. “Yo quiero saber quién desearía para su hijo de 9 años una cosa como esa. Tres SWAT entraron a su habitación, uno de ellos lo apuntó mientras salía del baño”, expresó con indignación.

Martínez Pozo subrayó que, a pesar del abuso percibido en este caso, a Hugo Beras no se le acusa de soborno ni lavado de activos, sino de violación a la ley de compras y contrataciones. También indicó que las fallas en los controles preventivos, que debieron evitar las irregularidades, apuntan a una falta de responsabilidad de las entidades encargadas, como la Dirección de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República.

El comunicador concluyó su intervención enfatizando que la lucha contra la corrupción se ve desacreditada cuando se permite que irregularidades ocurran sin que los responsables directos de los controles preventivos y posteriores sean investigados o sancionados.

La audiencia para conocer la medida de coerción en el caso de la Operación Camaleón, que involucra a figuras prominentes como Hugo Beras, exdirector del Intrant, y Jochi Gómez, presidente de Auris y Transcore Latam, está programada para mañana a las 2:00 PM. La Fiscalía ha presentado un expediente que detalla diversas irregularidades, incluyendo la instalación de cámaras no autorizadas y la manipulación de contratos.

Los abogados de Beras defendieron a su cliente, afirmando que las 245 pruebas presentadas por el Ministerio Público “no dicen absolutamente nada”. Según ellos, la implicación de Beras es parte de un intento de convertirlo en un “chivo expiatorio” dentro de un entramado que involucra el uso indebido de información estatal.

Las acusaciones surgen en un contexto en el que se investiga el uso de tecnología y recursos del Estado para fines personales y no autorizados. La Fiscalía ha solicitado que el caso sea declarado complejo, lo que podría resultar en prisión preventiva para los implicados.

Mientras tanto, se espera la comparecencia de Paulino, exministro de Defensa, quien está citado para hoy y cuya firma en contratos ha sido objeto de controversia. Las declaraciones y las pruebas presentadas podrían dar un giro crucial al proceso judicial y a las acusaciones de corrupción en la administración pública.