La comunicadora Susana Gautreau advirtió que el posible vencimiento de los plazos máximos procesales podría provocar la extinción del proceso penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, una situación que, a su juicio, debe preocupar seriamente al sistema de justicia dominicano.
Gautreau explicó que la ley establece un tiempo límite para obtener una sentencia condenatoria y que, de confirmarse que dicho plazo fue superado, el tribunal podría declarar extinguida la acción penal. Aclaró que, si se demuestra que el imputado no recurrió a tácticas dilatorias ni a litigación temeraria para retrasar el proceso, la eventual extinción no constituiría impunidad, sino una aplicación estricta del debido proceso y de las garantías legales.
La comunicadora cuestionó el desempeño del Ministerio Público al señalar que resulta contradictorio que una institución que presentó un expediente calificado como “blindado”, con una gran cantidad de pruebas validadas por un juez, haya permitido que el caso llegue a los límites temporales sin una decisión definitiva. En ese contexto, mencionó señalamientos sobre un supuesto falseamiento de las fechas de depósito del expediente, lo que —de comprobarse— agravaría la situación institucional del órgano acusador.
Gautreau llamó al Ministerio Público a actuar con “honestidad técnica”, subrayando que en un contexto de gobierno abierto y de procesos digitalizados no debería haber dudas sobre la veracidad de las fechas ni sobre la trazabilidad de los expedientes judiciales.
Asimismo, advirtió que el posible fracaso de procesos de alto perfil, que en su momento sacudieron la conciencia nacional como parte de la lucha contra la impunidad estructural, debe generar preocupación en toda la comunidad jurídica y en el sistema político. A su entender, aunque se ha promovido la imagen de un “Ministerio Público independiente” como logro institucional, casos como este ponen a prueba su operatividad real y su capacidad de sostener investigaciones complejas hasta una sentencia.
Ante eventuales señalamientos de parcialidad, la comunicadora reiteró su neutralidad y aseguró que su análisis es estrictamente jurídico, motivado por la defensa del debido proceso y el fortalecimiento del sistema de justicia.
