Author: jablador@admin

La comunicadora Julia Muñiz aseguró que el entorno cercano del exfuncionario Santiago Hazim jugó un papel determinante en el desenlace del escándalo que envuelve al Seguro Nacional de Salud (SENASA), afirmando que “los amigos popis fueron los primeros en empujarlo al vacío”. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante su comentario titulado “Amigos popis de Santiago Hazim fueron los primeros en ‘empujarlo al vacío’”, transmitido por el canal Z Digital.

Muñiz expresó sorpresa e indignación por las irregularidades detectadas en el caso SENASA, cuestionando la ausencia de controles y mecanismos de supervisión en el manejo de sumas millonarias de dinero. Señaló como preocupante que, mientras en el sistema bancario se exigen múltiples requisitos para transacciones relativamente menores, en esta institución se manejaron montos exorbitantes con aparente normalidad.

La comunicadora también se refirió a una entrevista concedida por el doctor Eduardo Read, en la que este destacaba los avances y logros de SENASA, como la expansión de los centros de atención primaria y el compromiso con la población más vulnerable. Muñiz contrastó ese discurso con la gravedad de las revelaciones posteriores, calificando de “horroroso” el modo en que los hechos salieron a la luz.

Asimismo, subrayó que, independientemente de las diferencias políticas, el actual gobierno ha demostrado que no existen “vacas sagradas”, permitiendo que la justicia actúe de manera independiente. Indicó que, contrario a lo que muchos esperaban, no se protegió al titular de la institución ni se presentó como víctima de su entorno, sino que el proceso judicial avanza para establecer responsabilidades y resarcir los daños causados a la ciudadanía.

En la parte final de su comentario, Muñiz hizo un llamado directo a los funcionarios públicos a ser cuidadosos con su círculo cercano, especialmente con los denominados “popis friends”, a quienes describió como amigos, conocidos o relacionados del ámbito académico y social que terminan desvinculándose cuando surge una crisis. Afirmó que este grupo fue el primero en deslindarse del caso y, en consecuencia, en precipitar la caída del exfuncionario.

“Si usted es funcionario público y tiene a su lado un grupo de ‘popis friends’, mándelos a rodar”, advirtió Muñiz, al señalar que rodearse de ese tipo de entorno puede convertirse en un riesgo que termine arrastrando a los servidores públicos a situaciones irreversibles.

El comunicador José Luis Mendoza aseguró que la sociedad dominicana ha llegado a un punto de agotamiento frente a los constantes escándalos de corrupción y que ya no está dispuesta a tolerarlos, sin importar quién esté en el poder. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante su comentario titulado “No hay que demonizar a quienes presionan para que se castigue en justicia a los corruptos”, transmitido por el programa El Gobierno de la Mañana, del canal Z Digital.

Mendoza hizo un recorrido histórico sobre cómo, durante décadas, se normalizó en el país una cultura de corrupción que inicialmente se manifestaba de forma “técnica” o gradual, especialmente en obras de infraestructura, donde muchos ciudadanos minimizaban el problema mientras las construcciones funcionaran. Sin embargo, señaló que esa percepción cambió con el surgimiento de grandes escándalos que marcaron un antes y un después, como los casos de Hydro-Québec, Odebrecht, los Tucanos y otros, que evidenciaron esquemas de corrupción diseñados desde el conocimiento de las leyes y del propio sistema.

El comunicador indicó que estos casos, acumulados en el tiempo, generaron un profundo cansancio social y una mayor conciencia colectiva sobre el impacto real de la corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en sectores sensibles como la salud, la educación y las obras públicas.

En ese contexto, Mendoza defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse y ejercer presión social de manera cívica frente a los procesos judiciales relacionados con corrupción. Afirmó que, mientras no haya violencia ni destrucción de bienes públicos o privados, la protesta es legítima y contribuye a que las instituciones actúen con mayor responsabilidad.“No hay que demonizar a quienes presionan para que se castigue en justicia a los corruptos”, sostuvo.

Asimismo, expresó que la presión social ha demostrado ser un factor que obliga a los actores del sistema a actuar con mayor apego a la ley y a generar mejores resultados, al tiempo que rechazó los argumentos que califican estas manifestaciones como populismo penal cuando convienen solo en determinados casos.

Mendoza subrayó que la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una realidad que afecta directamente a los dominicanos, al provocar pérdidas de recursos que podrían destinarse a resolver necesidades básicas de la población. En ese sentido, consideró positivo que la sociedad se indigne y exija respuestas claras y firmes de las autoridades.

Finalmente, afirmó que esta reacción ciudadana es una señal de madurez democrática y una advertencia clara de que el país no puede seguir siendo decepcionado indefinidamente, reiterando que la exigencia de justicia debe mantenerse sin importar el partido o gobierno de turno.

La comunicadora Iluminada Muñoz aseguró que la República Dominicana vive un momento histórico en materia institucional, al considerar que las decisiones judiciales adoptadas en el caso SENASA–Operación Cobra evidencian el fortalecimiento de una justicia verdaderamente independiente, sin interferencias del Poder Ejecutivo.

Durante su comentario en el programa Z Digital, Muñoz sostuvo que las recientes medidas de coerción impuestas a los imputados no responden a presiones mediáticas ni políticas, sino al cansancio de una sociedad que exige consecuencias reales frente a los actos de corrupción. Señaló que la presencia de ciudadanos frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva refleja la indignación acumulada y el reclamo legítimo de un país que durante años vio cómo los casos se resolvían desde el poder político.

La comunicadora subrayó que, a diferencia de gestiones pasadas, hoy el Ministerio Público actúa con autonomía, sin recibir órdenes del Palacio Nacional. “El Poder Ejecutivo ya no decide a quién se investiga y a quién se exonera”, afirmó, al tiempo que destacó que este cambio institucional es resultado de decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, entre ellas la designación de procuradores sin militancia partidaria.

Muñoz también respaldó la imposición de prisión preventiva, incluso para imputados con alegadas condiciones de salud, al recordar que otros privados de libertad han debido enfrentar procesos similares sin privilegios. A su juicio, el caso SENASA no debe ser minimizado como un simple desfalco, sino asumido como un crimen que debe conllevar sanciones ejemplares.

Finalmente, sostuvo que lejos de debilitar al Seguro Nacional de Salud, el proceso judicial debe servir para fortalecer la institución mediante mayores controles, supervisión y mecanismos de transparencia. “Gracias al Gobierno de Abinader, hoy la justicia independiente se ha dado a respetar”, concluyó, reiterando que el país avanza hacia un escenario donde la impunidad deja de ser la norma.

Un reconocido boxeador es acusado de quitarle la vida a un hombre durante un hecho violento ocurrido en el sector Los Haitises de Pedregal, en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega, presuntamente motivado por burlas relacionadas con una reciente pelea deportiva.

La víctima fue identificada como Ernesto Rafael Martínez, de aproximadamente 44 años de edad, quien falleció tras recibir varios disparos. El presunto autor del homicidio es Jesús Manuel Rosado Espinosa, alias “Chepe”, un boxeador conocido en la zona que ha representado a Jarabacoa en competencias nacionales e internacionales.

De acuerdo con informaciones preliminares y versiones de testigos, el incidente se habría originado luego de que Rosado Espinosa regresara de una pelea celebrada en Santo Domingo, la cual habría perdido. Según relatan, Martínez habría realizado burlas y provocaciones contra el boxeador la noche del sábado, situación que se repitió la tarde del domingo, desencadenando un aparente ataque de ira que terminó en el fatal desenlace.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), arrestaron al presunto agresor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El levantamiento del cadáver se realizó en la escena del suceso, donde las autoridades recolectaron varios casquillos como parte de la investigación. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Santiago para los procedimientos de rigor, mientras continúan las indagatorias para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

La comunicadora y analista política Altagracia Salazar afirmó que las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituyen uno de los expedientes más sólidos que se hayan conocido en procesos de esta naturaleza en la República Dominicana. Durante su espacio informativo, Salazar aseguró que los llamados “papeles de Read” tienen un peso determinante en la acusación, al tratarse de registros detallados de pagos y movimientos financieros.

Salazar comparó estos documentos con casos históricos que marcaron la lucha contra la corrupción, como los “Papeles de Balachi” en Estados Unidos y los “Papeles de Flores” en el país durante la década de los 80. Según explicó, Eduardo Read Estrella habría documentado minuciosamente cada transacción, lo que, a su juicio, convierte esas evidencias en el eje central de la solicitud de medida de coerción presentada ante los tribunales.

La comunicadora sostuvo que dichas pruebas, incluidas entre las páginas 217 y 259 del expediente, muestran un patrón sistemático de pagos que refuerza la acusación del Ministerio Público. En ese sentido, criticó a sectores que, según dijo, intentan restar importancia a la documentación y desviar la atención hacia debates secundarios sobre los criterios judiciales aplicados.

Asimismo, Salazar advirtió que existe una campaña para impedir que estos documentos sean analizados a profundidad por la opinión pública, al tiempo que insistió en que la transparencia y el conocimiento de las pruebas son fundamentales para combatir la impunidad. “Hay gente que no quiere que se conozcan los papeles”, expresó, al referirse a las resistencias que rodean el proceso.

Finalmente, reiteró su llamado a la ciudadanía a leer el expediente y a dar seguimiento al caso, al considerar que este proceso puede marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción administrativa en el país, siempre que las autoridades judiciales actúen con independencia y firmeza.

 

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 98-25, que modifica la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad ambiental y promover la economía circular en la República Dominicana.

La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien explicó que la nueva legislación introduce regulaciones más estrictas para el manejo de los residuos sólidos, incluyendo mejoras en el funcionamiento de los rellenos sanitarios y acciones dirigidas a reducir la contaminación ambiental derivada de una disposición inadecuada de los desechos.

Entre los aspectos más relevantes de la ley se encuentran los controles progresivos sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam. De acuerdo con la normativa, la producción, importación, comercialización y consumo de estos materiales quedarán prohibidos de manera gradual a partir del año 2026, con la excepción de aquellos productos que incorporen aditivos biodegradables debidamente certificados.

La legislación también contempla disposiciones para prevenir prácticas monopólicas en el sector y fomentar la libre competencia en el mercado de gestión de residuos. Asimismo, busca incentivar el reciclaje y la fabricación de materiales alternativos como parte de una estrategia integral para reducir el impacto ambiental.

De igual forma, la Ley 98-25 fortalece el Fideicomiso DO Sostenible, al otorgarle mayores capacidades de supervisión, bajo estrictas normas de transparencia y control, con miras a garantizar una gestión más eficiente y responsable de los recursos destinados al manejo de los residuos sólidos en el país.

Un hombre resultó herido de bala la madrugada de este lunes durante un hecho violento ocurrido en el municipio costero de La Ciénaga, en la provincia Barahona, según informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Camilo Olivero, de 26 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, donde recibe atenciones médicas tras presentar una herida por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen.

De acuerdo con informaciones preliminares ofrecidas por el personal del centro de salud, el disparo habría sido realizado presuntamente por un hombre identificado solo como “Joan”, aunque hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Las autoridades indicaron que se mantienen realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades, mientras se continúa con la localización del presunto agresor.

El estado de salud del joven herido no ha sido actualizado oficialmente por los médicos, aunque se informó que permanece bajo observación.

Violencia en RD

La violencia en la República Dominicana continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales, manifestándose en hechos vinculados a conflictos interpersonales, robos, riñas, violencia intrafamiliar y el uso de armas de fuego. Aunque las autoridades destacan esfuerzos para fortalecer la seguridad ciudadana mediante operativos policiales y programas de prevención, los incidentes violentos siguen impactando a comunidades urbanas y rurales, generando un clima de temor e incertidumbre en amplios sectores de la población.

En este contexto, distintos actores sociales insisten en la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva integral que combine acciones represivas con políticas de prevención, educación y oportunidades sociales. Especialistas y organizaciones comunitarias señalan que factores como el desempleo, el consumo de alcohol y drogas, la falta de control de armas y la debilidad en la resolución pacífica de conflictos inciden en el aumento de hechos violentos, por lo que llaman a reforzar la convivencia ciudadana y el respeto a la ley como pilares para reducir esta problemática.