16 Nov 2026 · RD jablador.com
Nacional

Caso de perros operados sin anestesia sacude la conciencia veterinaria dominicana

La noche que un perro sobrevivió a un crimen silencioso

Santo Domingo ha sido testigo de una práctica que desafía toda empatía y viola los principios más básicos de la medicina veterinaria: realizar cirugías en animales sin utilizar anestesia alguna. Según informó Remolacha, este escándalo no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un problema estructural que afecta a miles de mascotas en nuestro país. El caso específico que ha destapado esta realidad involucra el trágico rescate de un perro que, milagrosamente, sobrevivió junto al cadáver de otro compañero, ambos víctimas de supuestos procedimientos quirúrgicos realizados por individuos sin licencia ni ética profesional.

La imagen que emerge es aterradoramente clara: animales sometidos a dolor insoportable porque las personas encargadas de su salud no poseen los conocimientos necesarios o, peor aún, actúan con una deshumanización brutal hacia la vida sensible. Este reporte ha vuelto a colocar bajo una lupa ineludible la interrogante que muchas veces se hace en silencio: ¿quién protege realmente a los animales en República Dominicana? ¿Existe un sistema de control efectivo o hemos permitido que operadores clandestinos operen libremente?

El vacío legal y la realidad de la medicina veterinaria en RD

Para entender la magnitud del problema, es necesario revisar el contexto institucional. En República Dominicana, la profesión veterinaria está regulada por la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesquerías (SEGAP) a través de su Dirección General de Sanidad Animal y Veterinaria. La ley exige que cualquier profesional que intervenga en cirugías posea el título universitario correspondiente, esté colegiado y cuente con las licencias sanitarias vigentes.

Sin embargo, la realidad terrenal muestra una brecha abismal entre la norma y la práctica. Históricamente, hemos visto cómo surgen «falsos veterinarios» que ofrecen servicios a bajo costo en zonas marginales o clandestinamente, aprovechando la falta de acceso económico de muchas familias para realizar operaciones delicadas sin los protocolos básicos. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la vida del animal, sino que también representan un peligro zoonótico y sanitario para la población humana, dado que se manipulan tejidos sin esterilización adecuada ni condiciones higiénicas.

Es fundamental recordar que el dolor es una respuesta biológica universal y negar la anestesia o los analgésicos en un procedimiento quirúrgico no es solo inhumano, sino ilegal. Las organizaciones de protección animal en el país han denunciado repetidamente este fenómeno, pidiendo mayor fiscalización y sanción severa para quienes operan sin título. A nuestro juicio, la existencia de estos «cirujanos del pueblo» que dicen curar pero matan lentamente por dolor, es una falla directa de los mecanismos de control estatal.

¿Por qué importa este caso y a quién afecta?

Este hecho trasciende el ámbito sentimental. Cada perro o gato operado sin anestesia es un ciudadano más que sufre innecesariamente en nuestras calles, parques y hogares. Afecta directamente a los dueños de mascotas que buscan ayuda confiable y terminan encontrándose con estafadores o profesionales incompetentes. Más allá del individuo, esto erosiona la confianza pública en el sistema de salud animal y fomenta una cultura de crueldad normalizada.

Cabe preguntarse: si un perro puede ser sometido a dolor extremo sin protección, ¿qué garantías tenemos para las personas? La sociedad dominicana ha avanzado mucho en la conciencia sobre derechos animales, pero aún queda un largo camino por recorrer. Este caso pone de manifiesto la urgencia de crear registros públicos accesibles donde cualquier ciudadano pueda verificar si un veterinario está colegiado y habilitado. Sin esta transparencia, el miedo a ser estafado o a que se cause daño a una mascota es constante.

Además, hay una dimensión económica preocupante. Las clínicas clandestinas a menudo operan al margen de la ley, sin pagar impuestos ni cumplir normas sanitarias, lo que distorsiona el mercado y desincentiva a los profesionales honestos que sí cumplen con todos los requisitos éticos y legales. Si un servicio ilegal es más barato y disponible, ¿dónde está el error? La respuesta radica en la falta de acceso a servicios veterinarios regulados y de calidad en muchas zonas del país, lo que empuja a las familias a arriesgarse.

  • Impunidad: Las denuncias suelen quedar sin resolución efectiva si no hay pruebas contundentes o testigos dispuestos a salir al paso, creando un entorno de impunidad.
  • Falta de educación: Muchos dueños no reconocen los síntomas de dolor en sus animales hasta que es demasiado tarde, facilitando el engaño de quienes prometen soluciones rápidas y baratas.
  • Debilidad institucional: La capacidad de la autoridad para inspeccionar lugares clandestinos y sancionar a los infractores es limitada debido a recursos insuficientes.

Preguntas abiertas y el camino hacia adelante

Frente a este escenario, surgen interrogantes cruciales que debemos abordar con honestidad. ¿Cómo podemos garantizar que un veterinario sea real antes de confiarle la vida de nuestro animal? ¿Es posible establecer un sistema de reporte ciudadano que alerte sobre profesionales sancionados o falsificados en tiempo real? ¿Qué medidas legislativas adicionales necesitamos para endurecer las penas contra los malfeitores del bienestar animal?

El rescate de ese perro que sobrevivió es una señal de esperanza, pero también de advertencia. Demuestra que la vida puede resistir incluso en las condiciones más adversas, pero no debemos esperar a que el milagro ocurra para actuar. La prevención comienza con la educación y la exigencia de transparencia.

Es responsabilidad de todos —ciudadanos, autoridades y organizaciones civiles— velar por que ningún animal sufra en silencio mientras otros operan libremente sin consecuencias. Debemos exigir más fiscalización a Remolacha y a otras entidades monitoras. Solo con una sociedad vigilante y un Estado comprometido podremos cerrar el ciclo de la crueldad y construir un entorno donde el dolor sea algo excepcional, no la norma.

En conclusión, este caso nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con la vida y la ley. No podemos permitir que la falta de anestesia en una cirugía sea aceptada como «algo así pasa». Es hora de actuar con firmeza, denunciar, investigar y proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. El bienestar animal es también un indicador de la salud moral de nuestra nación.

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