La pregunta que ha sacudido los cimientos de la confianza ciudadana en nuestra justicia no es nueva, pero su resonancia hoy es ensordecedora: ¿cómo enfrentar la mora judicial? Esta interrogante se convirtió en el eje central de las recientes entrevistas realizadas a los candidatos para la Suprema Corte de Justicia (SCJ), una muestra clara de que el tablero político y social exige respuestas inmediatas, no más discursos de campana vacíos. El clamor popular es un grito desgarrado por ciudadanos que ven sus vidas truncadas, sus negocios asfixiados y su paz social vulnerada simplemente porque no pueden acceder a una resolución judicial en tiempo récord.
La confesión dolorosa del sistema
En medio de este torbellino de críticas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, ha optado por un acto de valentía que pocos líderes políticos se atreven a mostrar: la sinceridad brutal con la sociedad dominicana. No hubo rodeos ni eufemismos burocráticos; al revés, admitió con voz firme que el sistema judicial se encuentra colapsado. Esta revelación es como tirar por la borda las alfombras rojas de la institucionalidad para mostrar la realidad desnuda: estamos ante una maquinaria legal que apenas logra moverse a contramano del flujo de casos que le llegan.
La causa, según se ha reportado, no es falta de voluntad, sino una extensa cantidad de casos enviados al proceso de fondo. Es como intentar apagar un incendio con un cubo de agua en medio de un huracán; los recursos están ahí, pero la magnitud del problema es abrumadora. Cada día que pasa sin resolver un caso acumulativo es una gota más que se une a un vaso que ya está rebosando de impotencia.
El impacto directo en el pueblo dominicano
Este no es un problema abstracto de oficina; golpea directo al corazón de la República Dominicana. Imaginemos a un comerciante del Mercado El Cortés esperando una sentencia para recuperar su capital, o a una familia víctima de violencia doméstica que tarda años en obtener una medida de protección. La mora judicial convierte a la justicia en un lujo inaccesible para el pueblo común. Cuando el sistema se paraaliza, la impunidad florece y el derecho al debido proceso se vuelve una promesa incumplida.
Las entrevistas con los postulados a la SCJ no han sido solo charlas de prensa; han sido termómetros que miden la temperatura de la crisis. Cada candidato ha tenido que enfrentar esta realidad, reconociendo que la solución no es mágica, sino compleja y urgente. La sociedad dominicana ya no tolera más excusas. Quien pretenda ocupar un sillón en la Suprema Corte sin una hoja de ruta real para desatascar el sistema judicial será juzgado con dureza.
¿Qué espera la nación?
Hasta aquí hemos visto el diagnóstico y la confesión del dolor, pero lo que realmente importa es la cura. El país necesita más que palabras; exige una estrategia agresiva para reactivar los procesos de fondo, modernizar los canales de atención y priorizar los casos de mayor impacto social. La Suprema Corte debe demostrar que es capaz de transformarse en un motor de justicia eficiente y no en un depósito de expedientes olvidados.
La mora judicial es una herida abierta en el cuerpo institucional de nuestra nación. Si la SCJ no actúa con urgencia y determinación, el riesgo es perder por completo la credibilidad que le queda a la rama judicial. El pueblo dominicano observa, atento y escéptico, esperando que las promesas electorales se traduzcan en acciones concretas que devuelvan la esperanza de una justicia pronta y cumplida.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.