El dinero del pueblo no es para pagarle al estado
Imaginen por un momento esto: en un país que sufre, donde la gente camina bajo el sol buscando un techo o comiendo de lo que sobra, se descubre que el Estado está repartiendo recursos destinados a los más vulnerables entre manos que ya tienen todo. Esto no es una película de Hollywood, ni una exageración periodística; esto es realidad en República Dominicana, y la Contraloría General de la República acaba de ponerle nombre y apellido a esta injusticia.
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), entidad encargada del programa Familias de Cariño, ha sido sometido a una auditoría que revela un escándalo digno de los peores tiempos. Según los hallazgos oficiales, durante el año 2024, este programa mantuvo entre sus beneficiarios a por lo menos 15 empleados públicos. ¿De qué tipo? De los que perciben salarios millonarios de otras instituciones estatales.
Cifras que hieren la conciencia: estos funcionarios recibían ingresos mensuales de hasta 200,000 pesos dominicanos. Para ponerlo en perspectiva para el lector común: un salario promedio en nuestro país está lejos de esas cifras. ¿Cómo puede ser legítimo que una familia con dos o tres adultos mayores trabajando y ganando bien se lleve dinero del programa de ayuda, mientras una abuela en la calle no tiene quién le compre la medicina?
La moralidad institucional es un lujo que no podemos pagar
Esta irregularidad no fue accidental; fue identificada tras un escrutinio riguroso de la Contraloría. El hecho de que 15 servidores públicos estuvieran en esta lista demuestra una falla sistémica en los controles internos del Conape. ¿Acaso la ley permite que el Estado sea generoso con sus propios hijos varados? No, pero parece que así ha funcionado.
Los ciudadanos dominicanos hemos visto demasiadas veces cómo las instituciones se protegen entre sí mientras el pueblo paga la cuenta. Ahora mismo, el dinero que debería ir a comprar alimentos, medicamentos o cubrir alquileres para adultos mayores reales, se está filtrando hacia bolsillos que ya están llenos. Esto es robo blanco, disfrazado de ‘política pública’.
- Se deben identificar inmediatamente los nombres de estos 15 funcionarios y publicarlos en la prensa para una rendición de cuentas total.
- El Conape debe devolver todos los fondos mal administrados a las arcas nacionales.
- La Contraloría debe investigar si hubo corrupción o simplemente negligencia grave en el diseño del programa.
Este caso nos deja una lección dura: cuando el poder se mezcla con la benevolencia estatal sin filtros, termina siendo abuso. No podemos seguir permitiendo que los programas de bienestar social sean utilizados como bonos ocultos para quienes ya viven del erario público. La vergüenza es grande, pero la indignación del pueblo es mayor.
Hasta que no haya transparencia absoluta, hasta que no se restablezca la dignidad de los adultos mayores y se castigue el privilegio abusivo, seguiremos viendo a este país perder su alma.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.