Santo Domingo. En un momento donde el ciberespacio ha dejado de ser solo un lugar de entretenimiento para convertirse en una herramienta fundamental de denunciamiento ciudadano, la Comisión Nacional contra la Violencia Familiar y el Acoso Escolar (CONAII) se encontró frente a un escrutinio público intenso. La tensión se acrecentó tras la aparición de múltiples quejas sobre el manejo de casos sensibles que llegaron a través de plataformas digitales como Facebook, X (anteriormente Twitter) e Instagram. Frente a estas críticas, Alexandra Santelises, la máxima responsable de la institución, decidió salir al paso para despejar las dudas y reafirmar el compromiso institucional con la justicia pronta.
La respuesta ante la tormenta digital
Según informó Listín Diario, la funcionaria estatal entendió que la percepción de lentitud era un malentendido derivado de la complejidad del proceso legal y no de una negligencia administrativa.
El mecanismo de trabajo es riguroso: cualquier señal de alerta sobre violencia familiar o acoso escolar que llegue a los canales oficiales se convierte en una prioridad. Sin embargo, Santelises aclaró que recibir la denuncia no equivale automáticamente a tener el caso resuelto en cuestión de minutos. El tiempo que transcurre no es un periodo de inacción, sino el rigoroso trámite necesario para que las fiscalías evalúen, clasifiquen y actúen con la debida celeridad legal. La funcionaria enfatizó que la institución nunca oculta los casos; por el contrario, lo que hace es asegurar que cada expediente tenga el tratamiento jurídico adecuado antes de ser derivado.
Contexto: El rol del CONAII en el orden público dominicano
Para comprender la magnitud de estos anuncios, es necesario recordar el marco institucional en el que opera. La Comisión Nacional contra la Violencia Familiar y el Acoso Escolar (CONAII) fue creada en el año 2016 mediante una ley específica del Congreso Nacional. Su objetivo principal es prevenir, investigar, sancionar y erradicar los casos de violencia familiar y acoso escolar en todo el territorio nacional.
Esta entidad tiene un carácter multiesectorial, lo que significa que no trabaja sola. Integra a representantes de la sociedad civil, instituciones religiosas, educativas y organizaciones de mujeres y hombres. Su estructura busca ser accesible para cualquier ciudadano, eliminando las barreras tradicionales para denunciar. En República Dominicana, donde el acoso escolar (bullying) y la violencia familiar han cobrado un protagonismo alarmante en los últimos años, especialmente tras la pandemia, la existencia de una entidad dedicada exclusivamente a esto es vital. La ley estableció que las oficinas regionales deben estar ubicadas cerca de centros educativos o zonas poblacionales para facilitar el acceso a la justicia.
El acoso escolar, definido como un patrón de conductas agresivas por parte de uno o varios estudiantes hacia uno o más compañeros, ha generado una ola de preocupación en los padres y docentes. No se trata solo de peleas entre niños; hablamos de situaciones que dejan secuelas psicológicas profundas. Por otro lado, la violencia familiar abarca desde el maltrato físico hasta el psicológico dentro del hogar. La CONAII actúa como un filtro inicial crucial antes de que el caso llegue a los tribunales o al Ministerio Público (MP), asegurando que no pase desapercibido por la indiferencia.
Análisis: ¿Por qué importa y qué preguntas quedan abiertas?
La respuesta de Santelises es relevante porque toca una fibra sensible en la opinión pública dominicana. En un país donde la confianza en las instituciones a veces es frágil, cualquier percepción de que «los casos en redes sociales no se toman en serio» puede erosionar la credibilidad del Estado. Si los ciudadanos sienten que denunciar por Facebook o Instagram sirve menos que hacerlo en una oficina, dejan de reportar abusos graves.
A nuestro juicio, es fundamental distinguir entre el tiempo de respuesta administrativa y el tiempo de investigación judicial. La CONAII puede derivar un caso inmediatamente, pero la fiscalía del MP tiene su propia agenda de trabajo. Aquí surge la pregunta abierta que debe ser respondida con transparencia: ¿Qué sucede con los casos que requieren una atención urgente, como aquellos donde hay riesgo inminente para la vida de un menor? Si bien se garantiza la derivación inmediata, ¿se asegura también una visita a campo rápida por parte de la policía o agentes especializados antes de que pase la primera semana?
Además, cabe preguntarse sobre la capacitación del personal. Para atender denuncias que llegan por X o Instagram, los funcionarios deben tener habilidades específicas para identificar el tono de urgencia en un mensaje digital y no tratarlo como una simple consulta burocrática. La percepción de lentitud puede venir de procesos que requieren documentación adicional, pero si ese proceso se explica mal al ciudadano, genera frustración.
Es importante también destacar que la violencia contra las mujeres y los niños no conoce de horarios ni de plataformas. Un video viral en TikTok o un comentario ofensivo en una página de Facebook pueden ser la única prueba disponible antes de que llegue el niño a la institución. Por eso, la respuesta de la CONAII debe ser tan ágil como la tecnología que usan los agresores.
Camino por delante y conclusiones
Frente a estos desafíos, lo que sigue es fortalecer los canales de comunicación. La aclaración dada por Alexandra Santelises es un primer paso necesario para reconstruir la confianza. Sin embargo, las palabras deben ir acompañadas de cifras públicas mensuales sobre cuántos casos se derivaron y en qué tiempo promedio tardó cada uno desde la recepción hasta la resolución judicial inicial.
La sociedad dominicana necesita saber que sus denuncias son escuchadas, sin importar si el mensaje llega desde un teléfono móvil en una callejuela de Santiago o desde una oficina central. La CONAII no es solo un trámite; es una puerta de salida para muchas víctimas de violencia. Que la institución mantenga este nivel de compromiso es esencial para cumplir con la promesa de cero tolerancia a la violencia familiar y al acoso escolar.
En definitiva, mientras se aclaran los mecanismos operativos, lo que queda claro es que la justicia en República Dominicana debe ser accesible para todos. La tecnología no puede convertirse en un barrera, sino en un puente más hacia la protección de los más vulnerables. El reto ahora es mantener esta claridad y asegurar que cada derivación al Ministerio Público sea seguida con la diligencia que exige la gravedad de los hechos.
- La CONAII garantiza la derivación inmediata a MP desde cualquier canal, incluyendo redes sociales.
- El acoso escolar y la violencia familiar son problemas estructurales que requieren marcos legales sólidos como el vigente desde 2016.
- Es vital distinguir entre la agilidad administrativa y los tiempos reales de investigación judicial para gestionar expectativas ciudadanas.