Todo el país está al rojo vivo con las denuncias sobre la inseguridad, y ahora salta una situación que da vértigo: agentes del destacamento policial de Los Frailes se negaron a recibir a dos jóvenes señalados por presuntos asaltos a punta de machete. Esta no es solo una anécdota más en el caos policíaco; esto es un escándalo que grita desobediencia y falta de voluntad para hacer su trabajo en el norte del país.
Un ‘no’ que pone en riesgo a la comunidad
Diógenes Ozuna, coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en San Luis, no ha dejado pasar esto en silencio. Él lo ha calificado como una actitud lamentable y premeditada de parte de las autoridades encargadas de mantener el orden. Imaginen la escena: dos jóvenes con cargos graves a cuestas, listos para ser procesados o al menos evaluados, llegan al destacamento y reciben un muro de rechazo. ¿Por qué? Porque esos mismos agentes tienen órdenes claras de recibirlos.
El contexto en Los Frailes es delicado. Las denuncias de asaltos a punta de machete han dejado a los lugareños con la piel gallina y el miedo instalado en el corazón. Cuando la policía, que debería ser la primera línea de defensa, decide cerrar las puertas a los sospechosos identificados, ¿a quién dejamos a cargo de la seguridad? ¿A los ladrones para que sigan suelta por ahí asustando a familias enteras?
Esta negativa a recibir a los detenidos no es un error administrativo; es una elección. Es la decisión de priorizar el miedo a cumplir órdenes superiores sobre el deber sagrado de proteger la vida y las propiedades de los dominicanos. Diógenes Ozuna ha sido claro en sus declaraciones: esto refleja una crisis de autoridad dentro del cuerpo policial que ya no se sabe a quién obedecer. ¿Obedecer al Ministerio Público para procesar a un delincuente o obedecer al miedo propio?
La ciudadanía en República Dominicana mira con incredulidad cómo las instituciones se debilitan desde adentro. Cada vez que una policía de Los Frailes decide no recibir a un asaltante, estamos enviando un mensaje claro: la ley es lo que les convenga a ellos, no lo que diga el Código Penal. Esto genera una sensación de impunidad que solo alimenta más criminales en las calles.
Es urgente que esta situación se aclare con total transparencia. ¿Quiénes ordenaron esa negativa? ¿Hubo presión política local o es simplemente corrupción endémica en la zona norte? La comunidad de San Luis y Los Frailes no puede seguir sufriendo bajo este paraguas de ineficiencia policial. Necesitamos una investigación inmediata que saque a la luz los nombres de quienes dieron esa orden absurda.
Mientras tanto, el mensaje para los ciudadanos es sencillo pero contundente: la seguridad depende de nosotros y de que exijamos cuentas a nuestros representantes. No podemos permitirnos tener policías que prefieren ignorar sus órdenes en lugar de detener a los criminales. La justicia no puede esperar más tiempo bajo las sombras del miedo.
Esta denuncia es una llamada de atención para todos los dominicanos: la policía tiene que volver a ser el escudo del pueblo, no un obstáculo inventado por unos pocos valentones sinvergüenzas dentro de la institución. Solo con reformas reales y supervisión estricta podremos recuperar la confianza perdida en nuestras fuerzas de orden.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.