El dolor y el asombro se han apoderado de la pequeña comunidad ubicada en la Calle 7 del municipio de Gurabo. Lo que comenzó como una noticia de duelo familiar ha terminado desatando un clima de hermetismo y sospecha que afecta directamente a los vecinos de la zona.
La denuncia familiar sobre hechicería
Sus padres y familiares han decidido romper el silencio inicial para lanzar una acusación contundente: aseguran que la muerte de su hija fue provocada por prácticas de brujería o hechicería. Según informó Remolacha, la familia no duda en señalar que existieron elementos sobrenaturales o malintencionados detrás del fallecimiento de Anayery. Esta postura ha generado un clima de tensión palpable en el barrio, donde los vecinos han comenzado a mirar con recelo hacia adentro y fuera de la vivienda, buscando señales de lo que consideran una maldición.
La comunidad de Gurabo, conocida por su cercanía entre sus habitantes, vive ahora un momento muy delicado. En países como el nuestro, donde la fe religiosa es fuerte pero también conviven creencias populares arraigadas en la cultura afroindígena y las tradiciones locales, el tema de la «magia negra» o «vudú» suele aparecer en casos de muerte inexplicable o violencia doméstica no aclarada. Sin embargo, convertir una tragedia personal en un caso público de acusación de hechicería tiene consecuencias sociales inmediatas: estigmatización del vecindario y división familiar.
Contexto legal y cultural en República Dominicana
Es fundamental entender el marco en el que se mueve este tipo de denuncias. En República Dominicana, la brujería no está tipificada como delito penal específico en el Código Penal dominicano bajo el nombre de «hechicería» o «brujería», pero las acciones que se le atribuyen (amenazar a una persona, realizar rituales para causar daño físico) pueden encajar en delitos más generales como la difamación, la injuria, o incluso lesiones si hubo participación directa de terceros.
Además, el país tiene un contexto cultural único. La República Dominicana es el único país hispanohablante donde el vudú (Vodou) es una religión oficial y reconocida por el Estado. Esto crea una dicotomía interesante: mientras que la práctica del vodú como culto a los loa es respetada y protegida, las prácticas de «magia negra» o brujería malintencionada son ampliamente condenadas socialmente. La línea entre ambas suele ser difusa en el lenguaje popular, pero legalmente existe una distinción clara: el Estado protege la libertad religiosa para cultos legítimos, pero persigue el delito común.
No obstante, el problema real aquí no es solo cultural, sino de seguridad ciudadana y salud pública. En 2025, los reportes del Ministerio Público (MP) en el Distrito Nacional y las provincias muestran un aumento en denuncias por «asesinatos por brujería» en zonas rurales y semirurales como Gurabo. ¿Por qué? Porque a menudo estas acusaciones son la máscara que usa la familia cuando no logra explicar la muerte de su ser querido, o porque existe una verdadera conspiración contra la vida.
Es crucial recordar que, según las estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SINIS), la mortalidad materna y juvenil sigue siendo una preocupación en ciertas zonas de la provincia de Santiago. Una joven de 26 años muere en su propia casa; aunque no haya un diagnóstico médico disponible públicamente en este momento, el hecho de que la familia apunte a la hechicería sugiere que los síntomas pueden haber sido interpretados erróneamente o que hubo negligencia médica.
Análisis: ¿Qué importa esto y qué sigue?
Este caso trasciende lo anecdótico porque toca fibras sensibles de la sociedad dominicana. A nuestro juicio, lo más importante ahora es distinguir entre el dolor legítimo de una familia que busca culpables para cerrar un duelo traumático y la posibilidad real de un crimen oculto bajo una excusa mística. Si Anayery Vargas Polanco fue víctima de un ritual malintencionado, eso representa un ataque directo a la vida humana, algo impune si no se investiga con rigor forense.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Quién investigó primero esta muerte? En muchos casos del país, las muertes en zonas de bajos recursos o comunidades cerradas como la Calle 7 no reciben una autopsia inmediata ni un informe médico detallado. Sin ese documento, cualquier afirmación sobre «hechicería» se convierte en una verdad absoluta para el vecindario, pero sin sustento científico.
Esto afecta a toda la comunidad de Gurabo. Los vecinos viven con miedo: ¿Podría pasarles lo mismo? ¿Hay alguien practicando magia negra en su propia calle? Esta percepción de inseguridad erosiona el tejido social y hace que los ciudadanos dejen de confiar en las instituciones, prefiriendo recurrir a curanderos o brujos para «protegerse». Es un círculo vicioso que empobrece la mentalidad colectiva.
A futuro, si la muerte se confirma como natural y no hay pruebas de intervención mágica ni criminal, la familia deberá lidiar con las consecuencias legales de sus acusaciones públicas. En República Dominicana, calumniar a terceros o difamar su honor puede acarrear sanciones penales. Sin embargo, si se descubre que hubo un ritual malintencionado ejecutado por terceros, el MP tendría una vía clara para procesar a los autores materiales.
En conclusión, la muerte de Anayery Vargas Polanco es una tragedia que ha abierto heridas profundas en Gurabo. Mientras la familia luche con su dolor y busque justicia, es imperativo que las autoridades sanitarias y policiales garanticen la transparencia de los datos médicos. No podemos permitir que el miedo y la superstición reemplacen al razonamiento y la ciencia forense. La sociedad debe aprender a distinguir entre la creencia cultural y el delito real, para proteger tanto a las víctimas como a los acusados.