Montecristi, República Dominicana – Un contrabando de 120,000 cigarrillos fue incautado este miércoles por miembros del Ejército de la República Dominicana en el patio de una residencia ubicada en el municipio de Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Los militares localizaron varias cajas repletas de cigarrillos de la marca Capital, introducidos al país de manera ilegal, en el terreno de una vivienda particular. Según el informe preliminar, los cigarrillos fueron encontrados ocultos en la parte trasera del inmueble, lo que despertó sospechas sobre su almacenamiento con fines de distribución.
El propietario de la casa afirmó ante las autoridades que desconocía completamente el contenido de las cajas, y atribuyó la situación a un trabajador que, según él, abusó de su confianza mientras se encargaba del cuidado del lugar. “No sabía lo que tenía en mi patio… eso fue un abuso de confianza”, dijo a medios locales.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que el cargamento pertenecería a un supuesto contrabandista conocido como “Levy”, residente en la provincia de Dajabón, quien estaría involucrado en una red dedicada al tráfico de productos ilegales a través de la zona fronteriza.
Las autoridades continúan las indagatorias para determinar si el dueño de la vivienda tiene alguna relación directa con el caso y para dar con el paradero del presunto responsable. En tanto, los cigarrillos incautados fueron trasladados a la sede del Ejército para su debida custodia y posterior destrucción.
Este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos que mantienen las Fuerzas Armadas para combatir el contrabando y reforzar la seguridad en la zona fronteriza con Haití, donde es común el tráfico de mercancías ilegales que afectan la economía y la salud pública del país.
El contrabando de cigarrillos en la República Dominicana se ha convertido en una actividad ilícita de alto impacto económico y social. Cada año, miles de unidades de cigarrillos ingresan al país de forma ilegal, principalmente desde Haití y otras naciones, sin cumplir con las normativas de la Dirección General de Aduanas ni con los controles fiscales correspondientes. Esta práctica no solo evade impuestos, sino que también afecta directamente a los comercios formales y a los programas de salud pública, al circular productos sin regulación ni advertencias sanitarias adecuadas.
Las autoridades han intensificado los operativos para frenar este delito, con el apoyo del Ejército, la Policía Nacional y organismos especializados como el CECCOM. Sin embargo, el contrabando persiste, muchas veces utilizando menores de edad o personas sin documentación como parte de sus operaciones, aprovechando zonas fronterizas y caminos rurales. El país enfrenta el reto de fortalecer los controles aduanales, aumentar las penas para los implicados y seguir concienciando sobre los riesgos del consumo de productos ilegales.
